El proceso democratizador que modificó la vida política no impactó al mundo laboral. El número de trabajadores asalariados organizados sigue siendo proporcionalmente bajo, y muchos de aquellos que están asociados lo están dentro de estructuras antidemocráticas, donde la participación de los trabajadores es nula o casi. Pero la distorsión mayor y más grosera de las relaciones obrero-patronales se da a través de los llamados contratos de protección. Como se sabe, la Constitución y la Ley Federal del Trabajo establecen que las relaciones laborales deben ser negociadas entre trabajadores y empresarios, lo que debe cristalizar en contratos colectivos. Se trata de que el salario, las condiciones laborales, las prestaciones, etcétera, sean fruto de un acuerdo entre ambas partes. Pues bien, con una extensión y recurrencia que debería llamar al escándalo, son más que frecuentes los contratos de protección que se firman aún antes de que las empresas hayan contratado siquiera un trabajador. Un sindicato fantasma, pero eso sí con registro, acuerda un contrato bien llamado de protección, porque funciona como un escudo de la empresa ante la eventual formación de un auténtico sindicato. Sobra decir que con esa fórmula no sólo se pueden establecer condiciones de trabajo precarias, salarios deprimidos, bajas prestaciones, sino que además se anula el derecho de los trabajadores a contar con una organización propia, auténtica, y el sentido de la contratación colectiva no sólo se desfigura, sino se convierte en su contrario: la posibilidad de las empresas de fijar unilateralmente las condiciones de trabajo.
La larga introducción sirve para dar marco a un conflicto laboral que se encuentra en curso y que ilustra lo antes apuntado. “Atento” es un call center ramificado en varias entidades del país, aunque lo fundamental se asienta en el DF. Abrió sus puertas en 2001 y acudió al sencillo expediente de firmar un contrato colectivo con el llamado Sindicato Progresista de Trabajadores de Comunicaciones y Transportes de la R.M. La empresa cumplía así con lo que (imagino) piensa es un mero requisito formal que además les permite contratar a miles de jóvenes en condiciones precarias y con una alta rotación. Y los líderes postizos, por su parte, logran un ingreso extra para su eficiente fábrica maquiladora de contratos.
La historia empezó a cambiar cuando en 2008 un grupo de trabajadores de Atento se acercó al Sindicato de Telefonistas. Pero la ruta no ha sido fácil. Luego de algunos despidos de activistas sindicales y de escaramuzas diversas, en agosto de 2009, el Sindicato de Telefonistas logra que las autoridades le reconozcan una nueva sección (la 187). En buena lógica, entonces, lo que procedía era la realización de un recuento para conocer cuál era la voluntad de los trabajadores. Y se lleva a cabo en 2010, pero aparecen sujetos armados, votan trabajadores de confianza y no se garantiza el secreto del voto. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje, sin embargo, avaló el recuento. No obstante, las tensiones siguieron y los actos punitivos contra los sindicalistas se multiplicaron. En 2011 se programó un segundo recuento, pero fue suspendido por la autoridad por falta de garantías. Incluso en 2013 el Comité de Libertad Sindical de la OIT le hace una recomendación al gobierno en relación al Caso Atento reclamando condiciones para una elección limpia.
Recrear el conflicto daría para una crónica mayor del abuso. Al parecer, hoy existe la posibilidad de llevar a cabo un genuino recuento. Única fórmula civilizada -que debería ser rutinaria- para saber lo que desean los trabajadores.
Leído en http://criteriohidalgo.com/notas.asp?id=268870
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Por favor, sean civilizados.