Poco tardó en revelarse que Goyeneche es militante del Partido Verde Ecologista de México, instituto que lo expulsó ipso facto. El líder del Verde en el Congreso de la Unión, Arturo Escobar (quien en 2009 fuera sorprendido en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cargando más de un millón de pesos en efectivo dentro de una maleta Louis Vuitton) argumentó que “ningún partido está exento de esto (que el narcotráfico se infiltre en sus filas). No tenemos la posibilidad de conocer la vida privada de los militantes, tenemos muchísimos afiliados en este país, cerca de 750 mil, y no somos Ministerio Público”.
No solo el Verde resultó “salpicado” por el arresto de Beltrán Leyva. Políticos del Partido Acción Nacional también fueron relacionados con el presunto operador financiero del narcotraficante.
Para comenzar, se difundió una imagen en la que Goyeneche se encuentra en primera fila durante un evento del diputado federal Ricardo Villarreal, hermano del senador blanquiazul Luis Alberto Villarreal (quien fuera destituido de su cargo como coordinador de bancada tras el escándalo de la fiesta con bailarinas de “table dance”). Además, según reportes consignados en la prensa, Goyeneche habría financiado las campañas “del excandidato panista a la alcaldía Cristóbal Finkelstein Franyutti, así como del exalcalde y exdiputado local Jesús Correa Martínez”.
Estos hechos prenden focos amarillos en el tablero de la política nacional. Primero, evidencian que el crimen organizado está asediando los procesos electorales, capitalizando la vulnerabilidad de los partidos frente al propósito de los capos de llevar al país a la narcopolítica.
Además, de cara a las elecciones de 2015, se pone en jaque a la figura de las candidaturas independientes; más que nunca queda claro que hay una intención de apoderarse de cargos de elección popular a fuerza de narcodólares. Con el Instituto Nacional Electoral haciendo su debut en este enorme proceso, claro está que las autoridades no necesariamente contarán con los recursos humanos, jurídicos y políticos para llevar a cabo una revisión exhaustiva de cada uno de los candidatos y sus patrocinadores.
Está en manos de las autoridades judiciales actuar con la mayor prontitud y desentramar en los ocho meses que restan para la elección la trama de complicidades y patrocinios oscuros alrededor de Goyeneche y Beltrán Leyva. Un carpetazo significaría abrir las puertas de diversos edificios públicos a informantes e impulsores de decisiones gubernamentales que beneficien a la delincuencia organizada.
Además, en manos del ciudadano está una herramienta vital: dar su voto no solo por unas siglas, una ideología o un partido, sino a líderes con raigambre social, con reconocido prestigio entre sus vecinos, con trabajo comunitario de larga data. Solo así bloquearemos a los narcopolíticos el camino a alcaldías, a congresos y a gubernaturas, puntos neurálgicos de la acción del Estado mexicano.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor, sean civilizados.