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Poco más de un mes después, el 26 de marzo, Carranza expidió el Plan de Guadalupe que en su artículo 4 señaló: “Para la organización del ejército encargado de hacer cumplir nuestros propósitos, nombramos como primer jefe del ejército, que se denominará “Constitucionalista,” al ciudadano Venustiano Carranza, gobernador del Estado de Coahuila”.El actual Ejército Mexicano es el resultado de los cambios y modificaciones que se le hicieron al Constitucionalista después de que concluyera la Revolución Mexicana. El responsable de reorganizar y modernizar a las fuerzas armadas durante esos años fue el general Joaquín Amaro, primero como Secretario de Guerra (1924-31) y luego al frente del Heroico Colegio Militar (1931-35).
Desde hace décadas el Ejército ha sido la institución gubernamental de mayor prestigio en nuestro país. Pamela Gómez Bañuelos y Rodrigo Peña González, ambos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señalan lo anterior en su excelente estudio “Confianza en juego: las Fuerzas Armadas Mexicanas en la opinión pública de la transición”, publicado en la Revista Mexicana de Opinión Pública (julio - diciembre 2013, pp. 31-43) y en www.revistas.unam.mx/index.php/rmop/article/download/43674/39592. En su estudio incluyen una tabla que muestra la confianza que los mexicanos hemos tenido en nuestras instituciones desde 2000 a 2013, medida a través de diversas encuestas. En todos los años excepto 2000, cuando empató con el IFE, el Ejército ocupó el primer lugar.
66% de los mexicanos le tenía confianza en 2000 (mismo porcentaje que confiaba en el IFE). Este porcentaje fue de 63 en 2005, 70 en 2007, 60 en 2010, 72 en 2011 y 69 en 2013. En todos esos años las demás instituciones (menos el IFE en 2000) disfrutaron de niveles de confianza mucho menores. El año pasado estos fueron los porcentajes: Ejército, 69; IFE, 50; Presidencia/Gobierno Federal, 46; Suprema Corte de Justicia, 42; Policía, 32; Cámara de Diputados, 29; y Partidos Políticos, 25.
Ahora bien, desde que el Ejército y la Marina se enfrentan a la delincuencia organizada han aumentado sensiblemente las quejas contra ambas por supuestas violaciones a los derechos humanos. Esto necesariamente afecta al país porque es más que evidente que éste requiere de fuerzas armadas que garanticen la viabilidad de las instituciones y del sistema democrático.
Por eso deben preocuparnos eventos como los ocurridos el 30 de junio pasado en Tlatlaya, Estado de México, en donde 22 supuestos delincuentes murieron al supuestamente enfrentarse contra 25 soldados. Escribo supuestamente porque ahora hay una versión, que es investigada por la PGR, que asegura que 21 de los 22 fueron asesinados por los militares después de haberse rendido. Hasta ahora un oficial y siete soldados han sido arrestados por su participación en lo ocurrido.
El caso Tlatlaya debe resolverse con plena transparencia y de manera convincente. Los responsables deben ser castigados en caso de que haya ocurrido un asesinato masivo, o en caso de que se haya intentado encubrir lo que ocurrió, o en caso de que la supuesta masacre sea un cuento chino elaborado por personas que pretenden desacreditar al Ejército.
Nuestro Ejército no puede cometer crímenes ni tratar de ocultarlos. Tampoco puede ser el objeto de infundios por quienes buscan debilitar su imagen.
La institución mejor vista por la población no puede darse el lujo de perder prestigio.
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