De acuerdo con las fuentes consultadas, el cártel Guerreros Unidos tendría a los jóvenes desaparecidos en la pizca de la amapola que, en esta época del año convoca a muchos campesinos y jornaleros depauperados, entre quienes ocultarían a los jóvenes de Ayotzinapa.
Ahí los llevaron —según esta versión— para confundir su presencia entre la gran cantidad de gente que desempeña esas tareas, porque la orden del alcalde prófugo José Luis Abarca no fue aniquilarlos, sino sacarlos de circulación para que ya no estuvieran causando problemas.
Una fuente cercana al gobernador interino Rogelio Ortega, quien es otro que ha dejado ver señales de su convicción de que los normalistas viven, al ofrecerse, incluso, como parte de una negociación para rescatarlos, asegura que la liberación estaba prácticamente lista el miércoles pasado, día en que el presidente Enrique Peña Nieto recibió en Los Pinos a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa pero que algo falló de última hora.
El jueves pasado, por otra parte, apareció en una preparatoria ubicada sobre la carretera federal Iguala-Taxco, una narcomanta que advierte que los 43 desaparecidos están vivos. La manta está firmada presuntamente por "El Cabo Gil", un sicario hoy prófugo, al que el capo de cártel delictivo, Sidronio Casarías Salgado ordenó que se ocupara de desaparecer a los muchachos de Ayotzinapa.
En la narcomanta —medio que los traficantes han utilizado para amedrentar y confundir, pero también, en ocasiones, para advertir e informar— "El Cabo Gil" dice estar dispuesto a entregarse a las autoridades hasta que el gobierno federal detenga a 80% de los Guerreros Unidos, cártel conformado —según dice— por alcaldes del de la zona norte de Guerrero y el sur de Morelos, así como por Federico Figueroa, hermano del cantautor Joan Sebastian.
"El Cabo Gil" también pide que se actúe contra los directores de seguridad de los municipios de Taxco, Huitzuco, Tepecoacuilco, Apaxtla, Teloloapan y Cocula, así como contra un capitán y un teniente del 27 Batallón de Infantería identificados sólo como Barbosa y Crespo.
Las fuentes consultadas no se refieren a una petición específica de dinero para liberar a los desaparecidos y sugieren que la exigencia más bien tiene que ver con el proceso al que se sometería a los principales responsables de estos hechos.
Por otra parte, es pertinente aclarar que la versión no pretende vincular a los normalistas con los delincuentes: si están en la pizca para mantenerlos desapercibidos y activos.
En el gobierno federal hay premura para que se concrete esta versión que es la que más conviene a una imagen interna y externa ya de por sí deteriorada, pero que se dañaría más al cumplirse pasado mañana cuarenta días de la desaparición, fecha en que fue convocado un paro nacional de 72 horas por las universidades del país.
Le insisto que comparto con usted esta hipótesis porque circula en fuentes de inteligencia y aporta un poco de esperanza al ánimo nacional. Pero las cosas parecen encaminarse al peor de los escenarios.
Instantánea
TLATLAYA. El juzgado cuarto de distrito en materia de procesos penales federales en el Estado de México informó que el pasado 31 de octubre, a la medianoche, cumplió la orden de aprehensión librada en contra de siete miembros del Ejército implicados en los hechos donde perdieron la vida 22 personas en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, en junio pasado. Se les acusa de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, homicidio calificado y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo.
Leído en http://www.debate.com.mx/eldebate/noticias/editoriales.asp?IdArt=15529300&IdCat=17515
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor, sean civilizados.