Acostumbrado a los privilegios y a ser tratado como empresario
consentido en 12 años de gobiernos del PAN, Amado Yáñez entró en pánico
cuando desde Los Pinos ordenaron a Pemex despedir Carlos Morales, el 7
de febrero pasado, y cuatro días después, inhabilitar a Oceanografía por
21 meses. Ya tenía a Banamex reclamándole los préstamos por 500 millones
de dólares que obtuvo con su facturas falsas de Pemex, y empezaba a
hablarse de una investigación por fraude a su empresa.
Tratando de evitar el colapso, Amado acudió a un conocido despacho
jurídico en busca de asesoría legal. La respuesta de los abogados fue
que no podían ayudarlo porque ellos representaban a Banamex, pero
ofrecieron ponerlo en contacto con personajes que podían arreglarle el
problema con altas esferas del gobierno de Peña Nieto. Aparecieron
entonces en escena el empresario Jaime Camil Garza y el ex tenista
Oliver Fernández, como los gestores que podían “resolverle su problema”.
Versiones de los allegados a la defensa de Amado Yáñez afirman que para
esa gestión se pactó un pago de 10 millones de dólares, que habrían sido
entregados. Amado recibió señales de que habría arreglo por el trato que
comenzó a darle la PGR cuando el 4 de junio pasado lo detuvieron por
primera vez. En el MP le reclasificaron el delito de fraude bancario, lo
que le permitió salir libre bajo fianza tras pagar sólo 55 millones de
pesos y obtener arraigo domiciliario.
Hasta ahí todo pintaba bien para Yáñez. Se defendía en libertad mientras
la PGR endurecía acusaciones contra su socio Martín Díaz, a quien
responsabilizaban del fraude a Banamex, aun cuando 162 de las 166
solicitudes de crédito del expediente judicial tenían la firma de Amado
como presidente del Consejo.
Pero dos sucesos cambiarían la suerte de Yáñez. Primero, a principios de
septiembre, Citigroup anunció su intención de invertir en México 20 mil
millones de pesos para tecnologías y centros de datos, 50 mil millones
en créditos a PyMES, y 130 mil millones en proyectos de infraestructura
y energía (200 mil millones de pesos en total). Sólo que para invertir,
Citigroup ponía una condición: el resarcimiento de los 500 millones de
dólares defraudados a su filial mexicana, debido a que en Estados Unidos
la SEC ya los presionaba por los laxos controles de Citi y Banamex.
La respuesta del gobierno fue inmediata; el 10 de septiembre el
presidente Peña Nieto y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray,
acompañaron al CEO de Citigroup, Michael L. Corbat, al anunciar la
inversión para nuestro país, en un evento donde el director del gigante
estadunidense elogió al gobierno peñista y sus reformas: “En Citi
creemos que México tiene gran potencial de crecimiento… Vemos bases
fundamentales económicas, un sistema financiero robusto y reformas
estructurales”, decía el financiero.
La segunda señal de que todo había cambiado para Amado fue la decisión
del gobierno federal de vender Oceanografía. El 8 de octubre se anunció
que el grupo mexicano Alemán había decidido comprar a la empresa. Por
órdenes directas de la presidencia, el director de Pemex, Emilio Lozoya
Austin, inicio el proceso de venta y comenzó la entrega de documentación
a los Alemán.
Pero el 14 de octubre, a través de un comunicado, Grupo Alemán
sorprendió de nuevo al cancelar la compra. “El consejo, después de una
serie de análisis, decidió no seguir adelante con este proyecto de
compra (de Oceanografía), y permitir que siga el proceso de concurso
mercantil”, dijo el presidente Miguel Alemán Magnani.
No hubo una explicación oficial de por qué los Alemán decidieron
retractarse, aunque fuentes cercanas al proceso de compra-venta aseguran
que en la revisión de los pasivos de la empresa, Alemán se encontró con
otros créditos fraudulentos otorgados a Oceanografía por varios bancos
más, por un monto millonario, bajo el mismo esquema de facturas fiscales
falsificadas.
Esa fue la señal de la desgracia para Amado Yáñez. Cuatro días después
de caída la venta a los Alemán, la PGR lo detuvo por segunda vez.
Agentes lo capturaron afuera de un restaurante con una orden de
presentación y, según testigos, él acompañó confiado a los
ministeriales. Tal vez Amado pensó que volvería a ser protegido pero su
suerte había cambiado: el 22 de octubre, el procurador Jesús Murillo
Karam anunció su consignación por “delitos graves” —esta vez sí por
fraude bancario, además de evasión fiscal y lavado de dinero— y el 28 de
octubre un juez federal confirmó el auto de formal prisión. Ahí
terminaron los enredos de Amado.
/sgarciasoto@hotmail.com/
Fuente: http://www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2014/11/109609.php
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