En medio de esa crisis, diversas voces plantean que no hay condiciones para realizar las elecciones previstas para el próximo 7 de junio, en especial en el estado de Guerrero. En esa entidad de la república, con más de 2,5 millones de ciudadanos, han de renovarse la gubernatura, 81 alcaldías, así como el Congreso local integrado por 46 diputados, además de 9 diputados federales de mayoría relativa que corresponden a ese estado.
La cancelación de las elecciones, cosa que no ha ocurrido en México en más de un siglo, generaría de facto un vacío de poder político en la entidad. La Constitución política del país, no prevé la no celebración de comicios, pues precisamente la soberanía popular se comienza a ejercer vía el sufragio libre. Lo que la Constitución contempla, en su artículo 29 es que en “casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión […], podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y garantías para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación”. Pero, el mismo artículo constitucional señala que “no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio”, entre otros, “de los derechos políticos”.
Por su parte, el artículo 76 de la propia Constitución le da facultad exclusiva al Senado para que, en caso de que hayan desaparecido los poderes constitucionales de un Estado nombre a un gobernador de una terna presentada por el Presidente, y tal gobernador designado “convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo Estado”.
Así que la idea de no celebrar elecciones en Guerrero –que implica impedir a sus ciudadanos elegir representantes y gobernantes- entraña una paradoja: que sea el poder del centro del país, el presidente y los grupos parlamentarios predominantes, lo que en México se llama “la clase política tradicional” –o la casta, importando el término- quien defina al próximo titular del poder político en la entidad prescindiendo de la voluntad de los electores que serán gobernados. Y la consecuencia legal inmediata nos lleva al punto de partida: la obligación primordial de ese gobernador sería convocar a elecciones, que organizaría la misma autoridad que las organiza en este momento: el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, en colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE).
En México, por una acendrada tradición de desconfianza en las elecciones, se avanzó desde fines del siglo XX a un modelo de organización de los comicios donde una autoridad autónoma al gobierno –hoy el INE y los institutos electorales locales en los estados- pone en manos de los ciudadanos la operación de la jornada electoral. Para ello se sortea de entre todo el listado nominal de electores al 13% de los ciudadanos y luego se les capacita para que instalen las casillas electorales, reciban el voto de sus vecinos, cuenten los sufragios y elaboren las actas con los resultados. Esa operación, que incluye visitar en todo el país más de 10 millones de domicilios para invitar a participar a los ciudadanos, presupone condiciones de paz y seguridad para realizar las tareas preparativas de la elección.
La paz que se requiere en todo México, y en Guerrero, no es la que impone la violencia: no se trata de imponer el orden por el orden, sino uno democrático, aquél en el que se respeten íntegramente los derechos humanos, incluidos la libertad de expresión y de manifestación pacífica.
Guerrero y el resto del país no tendrán mejores gobiernos, ni habrá mayor control ciudadano sobre el poder si se evitan las elecciones. No será cercenando el derecho humano al voto como florecerá una sociedad más justa, armónica y democrática.
Ciro Murayama es economista y Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral de México.
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