Paula Chouza - La tensión arrecia en Guerrero a más de 100 días del caso Iguala

Una decena de ciudades del país vivieron este lunes nuevos actos de protesta para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos el 26 de septiembre pasado tras un enfrentamiento con la policía local del municipio de Iguala, en Guerrero. El Gobierno de Enrique Peña Nieto presentó en noviembre una versión según la cual los jóvenes habrían sido calcinados en un basurero situado a unos 30 kilómetros de la localidad donde fueron secuestrados. De los restos hallados pudo identificarse a uno de los normalistas desaparecidos, Alexander Mora, pero la tensión y las dudas de los familiares continúan más de cien días después de los hechos.








Maestros, estudiantes y grupos de apoyo se concentraron este lunes frente a los cuarteles militares de cuatro Estados de la República y el Distrito Federal. Fue en Guerrero donde las protestas se tornaron violentas una vez más. En Iguala, padres de los desaparecidos, normalistas y profesores, se enfrentaron a los soldados e irrumpieron en las instalaciones castrenses para buscar a sus hijos. Algunos medios mexicanos han sugerido que el Ejército podría estar involucrado en el caso, algo que el Gobierno niega. Los manifestantes lanzaron petardos, botellas y piedras, con un saldo de cuatro lesionados. Posteriormente, en la capital del Estado, Chilpancingo, un grupo de personas incendió una camioneta del Gobierno y otros dos camiones.

En un comunicado, el comité de padres de familia de los desaparecidos ha denunciado la agresión de los militares y defiende que el Estado mexicano es “renuente en iniciar una línea de investigación tendente a esclarecer el nivel de responsabilidad del Ejército mexicano en la desaparición forzada de los 43 estudiantes”. El comité exige la presentación “con vida e inmediata” de los 43 jóvenes, así como justicia para los estudiantes “ejecutados extrajudicialmente” y el “cese de la represión a los familiares de los desaparecidos”.

Por los sucesos de Iguala han sido arrestadas hasta la fecha 90 personas, entre ellas el alcalde de la localidad, José Luis Abarca, quien se encuentra recluido en una cárcel de máxima seguridad. Este lunes, la justicia dictó también auto de formal prisión para su esposa, María de Los Ángeles Pineda, por el delito de delincuencia organizada, al encontrar pruebas de su presunta vinculación con el cartel local Guerreros Unidos, presuntos autores materiales de la matanza. Según las investigaciones, Pineda tenía como actividad principal brindar protección y apoyo económico al grupo criminal, para el que habría lavado más de un millón de dólares a través de la compra de bienes inmuebles y participando en la venta y distribución de droga. El proceso que se sigue en su contra es independiente a la desaparición de los normalistas. Abarca y su esposa fueron detenidos el 4 de noviembre en la Ciudad de México. Mientras, el exjefe de la policía de Iguala, sigue prófugo.

Desde octubre, las protestas han derivado en episodios de violencia en varias ciudades del país. La crisis de Iguala puso en el último trimestre del año contra las cuerdas al Ejecutivo del presidente Peña Nieto, cuya popularidad se encontraba en diciembre en el nivel más bajo de su mandato. Los sucesos propiciaron el anuncio de una batería de medidas destinadas a acabar con la corrupción y la inseguridad en los municipios. Entre ellas, la creación de un mando policial único en cada Estado y la posibilidad de disolver las corporaciones locales.
 

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