No hay un dato en la memoria que permita
recuperar el momento en que un grupo de manifestantes, enarbolando una
demanda legítima –la aparición de 42 jóvenes normalistas de Ayotzinapa-,
perdieran el respeto al Ejército, y que los soldados respondieran. Hubo
casos de mujeres indígenas gritándoles frente a sus escudos y, en lo
más extremo y excepcional, algún empellón. Pero nunca desde el 2 de
octubre de 1968, los soldados habían perdido la calma y agredieron a
población no criminal. ¿Qué es lo que ha llevado al extremo de la
impotencia y frustración para que personas humildes y lastimadas por lo
que sucedió a sus hijos, decidieran desafiar y enfrentar a los soldados?
Lo que querían los padres de los normalistas era entrar al cuartel del 27 Batallón de Infantería en busca de sus hijos desaparecidos desde la noche del 26 de
septiembre pasado. La PGR sostiene que autoridades y policías de Iguala y
Cocula, en colaboración con criminales, son los responsables de la
desaparición, pero los familiares, sus abogados y simpatizantes, piensan
que el Ejército tuvo mucho que ver, sospecha que ha existido desde el
principio.
Una columna sobre el Batallón 27 de
Infantería en este espacio a principio de noviembre pasado, sugería a la
Secretaría de la Defensa responder qué hizo ese cuerpo del Ejército la
noche de la desaparición de los normalistas, que “enterado de lo que
estaba sucediendo, en lugar de actuar de inmediato para proteger a la
población civil bloqueó los accesos y las salidas de esa ciudad, con lo
que contribuyó a una matanza y al secuestro”.
Nunca aclaró nada, pese a que en el área
militar bajo su responsabilidad se encontraba el centro de operaciones
de la banda criminal ‘Guerreros Unidos’ que desde 2009, cuando sus
líderes terminaron su relación con el cártel de los hermanos Beltrán
Leyva, se apropió de la vida cotidiana en esa zona de Tierra Caliente.
Un testimonio publicado por el periódico
‘El Sur de Acapulco’ el 15 de octubre pasado, revela que la noche del
26 de septiembre, el Ejército y la Policía Federal acordonaron el área
para impedir la presencia de civiles mientras policías y criminales
reprimían a los normalistas a dos kilómetros de su base.
Los normalistas, de acuerdo con los
testimonios, fueron atacados dos veces a las nueve de la noche, y no
respondieron los federales. Tres horas después volvieron a atacarlos y
tampoco se presentaron. Ahí fue cuando secuestraron a los 43 estudiantes
normalistas que están desaparecidos. Cuando pidieron explicaciones los
padres de las víctimas al coronel José Rodríguez Pérez, en ese entonces
jefe del Batallón 27 de Infantería, respondió: nos enteramos “al
último”. Según los testimonios, eso es falso. Incluso, cuando acudieron
funcionarios de seguridad del gobierno de Guerrero y les pidieron apoyo,
se los negaron. Igual sucedió con la Policía Federal, que tampoco los
respaldó en la acción contra los criminales.
La sospecha ha estado viva desde
entonces, pero comenzó a tomar forma de denuncia en la primera semana de
diciembre, cuando el equipo de peritos forenses argentinos que
participó en la identificación de cuerpos encontrados en fosas
clandestinas para determinar si pertenecían a alguno de los normalistas,
cuestionó parte de la investigación de la PGR. Los peritos, en reacción
a la información de la PGR que cenizas que recuperaron del basurero de
Cocula pertenecían a uno de los normalistas desaparecidos, dijeron que
no podían confirmar que esas evidencias hubieran sido tomadas del sitio
donde dijeron las autoridades, que habían llegado ahí por declaraciones
de presuntos involucrados en la desaparición de los normalistas.
Lo que hicieron los peritos forenses fue
cuestionar la cadena de custodia, que es un protocolo que establece que
las evidencias de un crimen no han sido alteradas. El procurador
general Jesús Murillo Karam rechazó la imputación, pero no aportó
pruebas –como las ofreció- que avalaran su dicho. Desde ese momento se
comenzó a construir de manera más sólida la acusación contra el Ejército
de que había sido su 27 Batallón de Infantería y no ‘Guerreros Unidos’ y
las autoridades de Iguala y Cocula, el responsable de la desaparición
de los normalistas.
Las imputaciones han tomado rasgos de
verosimilitud por los cuestionamientos a la versión de la PGR sobre cómo
se incineraron los cuerpos normalistas, a los que se añadieron, como
contribución a la confusión, información descontextualizada sobre la
existencia de crematorios en el Ejército. Desde hace más de un mes se
viene construyendo en términos políticos y legales la acusación directa
al Ejército, sin que el gobierno federal haya construido una respuesta
concreta que lo niegue. Lo que sucedió en Iguala este lunes forma parte
de este libro que se está escribiendo y que como conclusión apuntará, se
verá dentro de poco, a una acusación formal contra el gobierno del
presidente Enrique Peña Nieto por desaparición forzada. Esto, se
ventilará en cortes internacionales.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx | twitter: @rivapaLeído en http://periodicocorreo.com.mx/estrictamente-personal-14-enero-2015/
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor, sean civilizados.