Por donde se le vea, resulta histórico el diferendo que protagonizaron un puñado de gobernadores —de los tres partidos— y el presidente Felipe Calderón, durante la más reciente sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en donde mandatarios estatales pararon en seco al jefe del Ejecutivo.
Sí, por donde se le quiera ver, resulta un saludable diferendo, pues confirma que en México no sólo se vive una sana división de poderes, sino que el factótum del presidencialismo vertical y autoritario es parte de la historia. Quedó claro que ya no hay lugar para el Ejecutivo de antaño, que era visto como una suerte de divinidad, dotado con la verdad absoluta.
Hoy ese presidencialismo no sólo está muerto, sino que se vive el poder real de gobernadores, legisladores y hasta de la sociedad civil, que son capaces de contradecir al presidente en turno, decirle “no”, confrontarlo y hasta echar abajo sus propuestas. Con ese criterio, resulta saludable, por donde se le quiera ver, que no exista más el presidencialismo sin freno.
Sin embargo, nadie puede aplaudir que esos mismos gobernadores que dieron una saludable muestra de independencia republicana, lo hayan hecho para defender lo indefendible; argumentar que no toleran un solo argumento a favor, en cuanto a la corrupción de los cuerpos policiacos municipales y estatales y la complicidad de éstos con las mafias del crimen organizado. Pero vamos por partes.
¿Cuál fue el diferendo que confrontó a gobernadores como Eruviel Ávila, César Duarte, Ángel Aguirre y Marcelo Ebrard —entre otros— con el presidente Calderón? Por ridículo que parezca y por increíble que se antoje, el fondo del asunto es que el gobierno de Calderón quería llegar a la elección de julio de 2012 con la “medallita” de que a mayo de ese año se habrían de certificar, por lo menos, 50% de los policías de todo el país.
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