El informe de Human Rights Watch, difundido ayer por la prensa y comentado en este espacio, me hizo volver a una reflexión de Natalia Mendoza Rockwell, incluida en la mesa “Nuestra guerra” del número de noviembre de la revista Nexos.
Natalia Mendoza es una refinada académica que hace trabajo de campo y estudia sociedades concretas. Ha escrito un libro sobre su pueblo nativo sonorense, Altar, e investiga uno sobre Mali, la nación africana.
El comentario al que vuelvo se refiere a su rechazo, moral y conceptual, de toda lógica de exterminio de “los malos”.
No hay en México, dice Natalia Mendoza, una “política de exterminio de los malos”, pero sí hay una “tendencia, compartida por muchos actores, a que se haga uso de un discurso de exterminio”.
El Estado, sigue Natalia, no debería “ver la violencia entre los cárteles como una manera de que ‘los criminales se acaben entre ellos’, sino como una oportunidad para probar que tiene algo cualitativamente distinto que ofrecerle a la población: procuración de justicia”.
Refiere entonces un ejemplo extraordinario:
“Cuando trabajaba en el Ayuntamiento de Altar, llegó un día una señora con una lista de firmas que había recolectado en las zonas más problemáticas del pueblo. La petición era que se pusiera un Ministerio Público en Altar. Le pregunté: ‘Oiga, señora, ¿y por qué están ustedes tan interesados en que haya un Ministerio Público aquí?’ Y me contestó: ‘Porque mi esposo es narco, mis hijos son narcos y mis hermanos son narcos. Nos mataron a uno hace poco y casi se me echó a perder el cuerpo allí tirado, porque no llegaba el Ministerio Público de Caborca’ (la ciudad vecina)”.
Concluye Natalia: “Investigar y aclarar los casos de la violencia entre narcos, es la oportunidad del Estado de probar que hay algo que lo hace sustancialmente distinto a las organizaciones criminales... le permite atraerse la lealtad de la población, sin la cual es imposible plantearse un combate exitoso de las organizaciones criminales”.
Termina: “La procuración de justicia es una demanda incluso de las familias de narcotraficantes que, por cierto, tienen el mismo derecho que cualquier otra a saber cómo murió su padre o su hermano. De lo que se trata es de incorporar a esas familias a la legalidad: ofrecerles protección a cambio de testimonios, idear mecanismos de entrega segura de las armas que se quedan en las casas, ayudarles a reinvertir herencias y ahorros en negocios legales, etcétera. Hasta ahora la estrategia parece haber sido la contraria: estigmatizarlos y dejarlos como carne de cañón de esta guerra”.
Lo mismo en http://impreso.milenio.com/node/9060040
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