El poeta narra a Tim Padgett sobre la intuición nacida de su tragedia: "... debíamos poner las muertes y las desapariciones en la conciencia nacional... Las estadísticas de la guerra contra el narco estaban escondiendo esas caras; los poderosos estaban tratando de convencernos de que todos esos que estaban muriendo eran solo criminales. Cucarachas... Teníamos que cambiar eso y ponerle nombre a las víctimas".
Sicilia ha planteado, desde hace tiempo, que México está sumergido en una Emergencia nacional, y no le falta razón. Al usar esta frase, el poeta le da dimensión a una realidad desbordada como la nuestra. Baste ver la cifra actualizada de las ejecuciones en los últimos cinco años, publicadas por el semanario Zeta esta semana, con información del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El número estremece: 60 mil 420 ejecuciones en el país. De esos, 28 mil 25 son clasificados por el SNSP en el perturbador apartado de "Sin datos". Es decir, "... el gobierno federal no sabe quiénes son el 46.38 por ciento de los muertos".
A la crítica situación por el número de muertos se suma otra emergencia en el país, que es cada vez más preocupante. Los ataques directos a defensoras y defensores de derechos humanos. La CNDH ha documentado el asesinato de 27 activistas de 2005 a mayo de 2011 y la detención de por lo menos 60, en esos mismos años. En ya una espiral. Hoy se cumple un año del asesinato de Marisela Escobedo, la mujer que buscó justicia por el asesinato de su hija Rubí Marisol fue también asesinada cuando protestaba frente al Palacio de Gobierno en Chihuahua. El caso de la familia Reyes Salazar, cuya hija Josefina -activista de Ciudad Juárez- fue asesinada por paramilitares en enero de 2010 y sus hermanos Rubén, Elías, Malena junto con Luis Ornelas, familiar también, fueron asesinados en los meses posteriores. Más recientemente Nepomuceno Moreno, activista del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, quien denunció el secuestro de su hijo y de otros jóvenes fue asesinado en Hermosillo, Sonora. Norma Andrade,
fundadora de "Nuestras Hijas de Regreso a Casa" y madre de Lilia Alejandra, víctima de feminicidio, fue herida de gravedad en un ataque directo cometido en Ciudad Juárez. A Pedro Leyva, líder de la comunidad de Santa María Ostula y parte también del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, lo mataron en octubre en Xayakalan, Michoacán. Trinidad de la Cruz, defensor de tierras comunales y también parte del MPJD -aun con medidas cautelares vigentes-, fue secuestrado, torturado y asesinado hace apenas una semana en Aquila, Michoacán. El mismo día -6 de diciembre- en que fueron secuestrados Marcial Bautista y Eva Alarcón, campesinos ecologistas que forman parte del mismo Movimiento por la Paz. Ellos fueron secuestrados la noche de ese día, por un comando armado que asaltó el autobús en el que venían, mismo que fue revisado momentos antes por elementos uniformados, de apariencia militar.
Es un imperativo que se localicen con vida y se dé una explicación de lo que sucedió.
Rayando ya en el absurdo, se ha abierto una causa penal en contra del padre Alejandro Solalinde, "promovida" por un migrante guatemalteco que lo acusa "por abandono de persona". Por ridículo que parezca, es el tipo de acciones que se realizan en contra de quien decide participar, ser activista o sumarse a una movilización. En el caso Solalinde, ¿ quién quiere intimidar a quien no sólo ha protegido a los migrantes, sino que ha señalado la inacción gubernamental ante agresiones contra los inmigrantes, denunciado secuestros masivos en Veracruz e incluso retado abiertamente a autoridades para que se definan de qué lado están: si en el lado los Zetas o en el de los derechos humanos? ¿De quién es la mano que mece esa cuna, en medio de una Emergencia nacional?
Leído en http://www.reforma.com/editoriales/nacional/638/1275084/
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