jueves, 15 de diciembre de 2011

Salvador García - Militares en apuros

El periodista y conductor del espacio radiofónico La Chuleta, expone la situación en que Calderón puso a los militares a su mando al pedirles algo inexistente en las leyes actuales: la declinación del fuero.
En un afán de quedar bien con el tema de los derechos humanos, talón de Aquiles de su gobierno, el presidente Felipe Calderón ordenó el viernes pasado a la PGR y a las Fuerzas Armadas del país (Sedena y Marina) que “transfieran” o “declinen” los juicios militares que tengan en curso contra elementos castrenses que hayan cometido abusos contra población civil para que esos militares sean juzgados por jueces civiles.

El anuncio, aplaudido por los defensores y activistas, justo en el acto en Los Pinos donde entregó el Premio Nacional de Derecho Humanos 2011, cayó pesado como una bomba entre los sectores castrenses, a los que el presidente pidió públicamente declinar el fuero militar y permitir que sus integrantes sean juzgados por la justicia civil.

Calderón ordenó, de facto, a los propios militares y a la PGR la reforma que su gobierno no quiso o no pudo operar en el Congreso para modificar el llamado fuero militar o fuero de guerra, que se contenía en la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional que se encuentra en la “congeladora” legislativa ante la falta de acuerdos entre las fracciones parlamentarias.

Amén de la molestia que el tema pudo causar en las Fuerzas Armadas, donde afirman que el fuero militar es la columna de su sistema de disciplina castrense, el presidente puso, literalmente, a parir chayotes a los abogados tanto de PGR como de Sedena y Marina, a los que pidió algo que legalmente parece imposible.

La figura de la “declinación” o la “transferencia” de la competencia de casos del fuero militar al fuero civil no es algo que pueda ordenar el presidente. Primero porque invade atribuciones del Poder Judicial, y segundo porque constitucional y jurídicamente no existe tal “declinación”.

Es decir que tal vez los abogados de la procuraduría, junto con los de Defensa y Marina se verán obligados a decirle al presidente que su ofrecimiento grandilocuente, que buscó congraciarse con los organismos de derechos humanos que tanto han cuestionado su guerra contra el crimen por los abusos y excesos, no es posible de realizar y que no puede llevarse a cabo


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