Carlos Ramírez - Obama: Lento, ido y olvidadizo

Carlos Ramírez

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Cuando era flamante senador en 2007, Barack Obama criticó duramente al presidente George W. Bush por usar el privilegio ejecutivo y bloquear la exigencia del congreso para que a asesor Karl Rove testificara ante comisiones por el despido de nueve fiscales estadounidenses.

Enojado, Obama dijo en la sala de sesiones del Senado:

“El pueblo estadounidense merece saber lo que está pasando allí”.

Y agregó que el presidente Bush “tiene la tendencia a esconderse detrás del privilegio ejecutivo cada vez que hay algo poco inestable que está teniendo lugar”.

Ahora Obama es el que esconde información al congreso. El fracaso de la Operación Rápido y Furioso, venta controlada de armas a cárteles mexicanos para descubrir la ruta del tráfico, se está convirtiendo en una derrota personal del presidente Obama. Aunque el privilegio ejecutivo es una figura sin sustento legal, de todos modos el derecho positivo estadounidense lo ha reconocido como la capacidad del presidente de ocultar información delicada. Nixon lo invocó para evitar el enjuiciamiento y no se lo dieron, Clinton lo convocó para que no indagaran sus encuentros sexuales con Mónica Lewinsky y tampoco se lo reconocieron y Bush sí lo impuso porque apeló a la seguridad nacional.

A pesar de todo, la Operación Rápido y Furioso esconde puntos delicados en el ejercicio de las políticas de seguridad nacional de la Casa Blanca:

1.- Obama autorizó la operación sin tener el conocimiento ni la experiencia estratégica ya espaldas del Congreso.

2.- Falta saber si la Operación tuvo la aprobación del Gobierno mexicano porque implicó acciones operativas de la DEA en territorio mexicano.

3.- Existe una responsabilidad Obama en la entrega -vigilada o no por autoridades estadounidenses- en la entrega de dos mil armas a cárteles mexicanos, una de las cuales presuntamente se usó para asesinar al agente de migración de los EU, Jaime Zapata.

4.- Por tanto, por error o fallas, el asunto es que una decisión de Obama fortificó a cárteles mexicanos con armas de alto calibre que es están usando en actividades criminales.

5.- Las sospechas sobre el fracaso de la Operación Rápido y Furioso radican en la posibilidad de que hubiera casos de corrupción de autoridades estadounidenses involucradas en el asunto.

El asunto de la operación le cayó a Obama en el peor de sus momentos: Las dificultades para establecer una ventaja frente al precandidato republicano Mitt Romney; las encuestas señalan que en los últimos tres meses la ventaja de Obama es de menos de 3 puntos. Asimismo, coincide con la publicación de libros reveladores sobre el pasado de Obama, entre ellos dos: Uno que publica fotografías de Obama joven fumando mariguana y otra que revela las mentiras del presidente sobre su pasado familiar, entre ellas la que su madre había muerto de cáncer porque el seguro no se hizo cargo de los gastos, cuando los datos investigados señalan que el seguro sí pagó las facturas y que Obama manipuló los datos para provocar lástimas y ganar algunos votos.

Asimismo, en México el caso de Rápido y Furioso se localiza en un escenario especial que le regresa a los EU la corresponsabilidad en el crecimiento del narco en la relación bilateral. Asimismo, aporta un elemento para el análisis de la campaña de la Casa Blanca contra México para darle al narco el status de insurgencia y de problema número uno de seguridad nacional.

Y uno de los temas derivados de la operación radica no sólo en quién lo aprobó, sino en saber los nombres de los narcos mexicanos que participaron en el mecanismo y las razones por las cuales los EU no iniciaron arrestos de sus contactos. Asimismo, la forma del operativo representó una forma de negociar con delincuentes. Además, los documentos que Obama se ha negado a entregarle al Congreso contienen las evidencias de los funcionarios responsables del fracaso de la operación. Dos mil armas fueron entregadas por miembros del Gobierno de los EU a narcos mexicanos para seguirles la pista, pero los narcos fueron más inteligentes que los estadunidenses y se burlaron de las autoridades del Departamento de Justicia y de su titular, Eric Holder. Por tanto, el fracaso de la operación está obligando a Obama a cesar a más funciones del área de seguridad nacional, entre ellos Aduanas, Migración, DEA, Justicia y la Casa Blanca.

Lo gravísimo del tema se localiza en el hecho de que dos mil armas llegaron a narcos por errores de operación de los EU y el presidente de los EU quiere ocultar las responsabilidades bajo la falda de la seguridad nacional. Eso sí, Washington ha sido demasiado insidioso en caracterizar al narco mexicano como insurgencia para aumentar su grado de penetración militar y estratégica. En este punto la argumentación es delicada para la Casa Blanca porque entonces habría que exigir explicaciones de las razones que tuvo el Gobierno de los EU para entregar armas --así sean marcadas-- a organizaciones criminales transnacionales --como las caracteriza Washington-- que son sospechosas de terrorismo e insurgencia.

La decisión del Congreso de los EU de exigir documentos a la Casa Blanca comienza a ser caracterizada allá como el Watergate de Obama. Nixon se negó a dar documentos al fiscal especial y se vio obligado a renunciar porque el privilegio ejecutivo se asume como un abuso de poder del Ejecutivo. Por lo pronto, la negativa a entregar documentos podría estar escondiendo otras ilegalidades de la Casa Blanca en la política antidrogas.

Los mecanismos jurídicos en los EU son suficientes para proteger al pueblo, en tanto que en México se sigue regateando la ley de seguridad nacional que le daría mayor certeza jurídica y mejores instrumentos de acción al ejército mexicano en su lucha contra el crimen organizado.

carlosramirezh@hotmail.com

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