Eso era hace 100 años. Sin embargo, durante todo el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, la técnica villista ha sido aplicada sin reparo, pese a que en el México del siglo XXI los mecanismos de aplicación de la justicia y de respeto a los derechos humanos están claramente escritos.
En su búsqueda por ganar aprobación entre la ciudadanía, y con la prioridad de la lucha contra el crimen organizado como bandera, el gobierno federal ha cometido centenas de gazapos judiciales en todo el país, fundamentalmente por la falta de pruebas al integrar sus averiguaciones.
El problema es que algunos de esos “grandes golpes” no han terminado en la consignación de los detenidos, sino sólo en un papelón de las instituciones federales de seguridad.
Se recuerdan claramente el “Michoacanazo” del 26 de mayo de 2009, que se produjo una semana antes de la elección federal intermedia. La Policía Federal Preventiva y el Ejército mexicano detuvieron entonces a 11 presidentes municipales, 16 altos funcionarios y un juez del estado de Michoacán, por presuntos vínculos con el crimen organizado, siendo gobernador de la entidad el perredista Leonel Godoy Rangel. Más de un año después, el 28 de septiembre de 2010, quedaron libres por falta de pruebas y sin una disculpa pública del Estado.
Unos meses antes de esa liberación, el 25 de mayo de 2010, las fuerzas federales encarcelaron a Gregorio Sánchez Martínez, “Greg”, acusado de vínculos con el narcotráfico. Gregorio Sánchez era, en el momento de su detención, el candidato del PRD al gobierno de Quintana Roo. El 20 de julio de 2011 fue liberado ante la incapacidad de la Procuraduría General de la República para presentar pruebas contundentes en su contra.
Luego, el 4 de junio de 2011, justo un mes antes de las elecciones estatales en el Estado de México, Coahuila y Nayarit, fue detenido en la ciudad de Tijuana, Baja California, el empresario y político priista Jorge Hank Rhon por el delito federal de acopio de armas. Apenas 10 días después, el hijo del profesor Carlos Hank González salía libre por falta de pruebas.
Ahora, el pasado jueves 21 de junio, apenas nueve días antes de la elección presidencial del 1 de julio, el gobierno federal anunció con bombo y platillo la detención de un “hijo” del “narcotraficante más buscado del mundo” –según autoridades de Estados Unidos–, Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.
Pero apenas horas después de que la Armada de México presentara a la prensa a un joven de 26 años, a quien identificó como Jesús Alfredo Guzmán Salazar, presunto hijo de “El Chapo” y uno de sus principales operadores financieros en el Cártel de Sinaloa, el “logro” del gobierno calderonista –que por cierto, le dio la vuelta al mundo en la prensa– se desvaneció.
El viernes, la madre del joven que la Secretaría de Marina presentó como Jesús Alfredo Guzmán Salazar, negó toda relación con Guzmán Loera. “Mi hijo no es hijo del “Chapo”, él estaba de vacaciones, dijo Elodia León Vega en una conferencia de prensa en la Ciudad de México.
Su papá, añadió, “se llama Eladio Beltrán y es de Durango”. El nombre del muchacho presentado, fotografiado y exhibido a nivel nacional e internacional es Félix Beltrán León. La señora León Vega anunció que interpondrán un amparo contra la detención debido a que las autoridades se equivocaron de identidad y, además, informó que el otro detenido es Kevin Daniel Beltrán Ríos de 19 años, medio hermano de Félix.
Las averiguaciones de este caso siguen en curso, pero las revelaciones de León Vega han puesto en un nuevo predicamento al gobierno federal, criticado ya por su tendencia a dar “grandes golpes” contra el crimen, justo días antes de que los ciudadanos vayan a las urnas o contra enemigos políticos.
Casos como éstos, menos mediáticos, se han repetido por todo el país, de forma que el sexenio calderonista ya ha quedado marcado entre el “aiga sido como aiga sido” y el “primero disparo, luego verigüo”.
¡Feliz fin de semana!
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