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| Alejandro Encinas Rodríguez |
El discurso de devoción institucional de estos actores, alaba al IFE y al TEPJF como entes inmaculados, asumiéndose como caballeros templarios de la democracia, pero al mismo tiempo minan la institucionalidad democrática con sus acciones.
Si se tratara de confiar por confiar en las instituciones, como demandan quienes obtuvieron una ventaja con base en corruptelas e ilicitudes, sería innecesaria la existencia de leyes, pues ellos, los grandes electores, decidirían, como se pretende ahora, en nombre de todos.
Por eso, dejar de luchar, quedarse con los brazos cruzados y no reclamar certeza en la sentencia del Tribunal, condenaría nuestra democracia a la normalidad del delito y a permitir que la violación a la ley se convirtiera en premisa para ganar elecciones.
El Tribunal no debe dejar de sancionar las irregularidades cometidas. De hacerlo, allanará el camino a la desmoralización y al cinismo colectivo, a que se propague el sentimiento de que todos los partidos y políticos son iguales, y que las elecciones no ofrecen una auténtica alternativa de cambio. Lo que parece configurarse tras las declaraciones de su presidente, Alejandro Luna Ramos, quien en un exceso más, advirtió que “Nadie ganará en la mesa lo que no pudo ganar en las urnas (…) El Tribunal no puede cambiar la decisión manifestada por la ciudadanía en las urnas”.
Que los magistrados intercedan a favor de los grupos de poder que los nombraron, en vez de dar garantías para que el voto se emita y se cuente en condiciones libres y auténticas, profundizará la desconfianza en las instituciones y el desencanto con el sistema democrático.
Aristóteles decía que la demagogia es la “forma corrupta y degenerada de la democracia” que puede llevar a la instauración de un régimen autoritario. Nada más cercano a nuestra realidad. La demagogia discursiva de las autoridades electorales que han calificado a priori la elección en contraste con el cúmulo de pruebas presentadas de irregularidades.
La desmesura de los poderes que dominan al país, han tomado como rehenes las instituciones públicas y establecido una alianza tácita con la clase política corrupta que opera para mantener privilegios de monopolios y medios, por encima de los ciudadanos y cínicamente exigen a la izquierda apegarse a un pacto de civilidad política que no han respetado.
Esta red de complicidades al amparo del poder público, operó grandes recursos económicos para comprar la elección presidencial, como si fuera una mercancía, abusó de la pobreza de la gente; pero no han logrado comprar la legitimidad de la misma ni la conciencia de millones que quieren un verdadero cambio.
La exigencia ciudadana parte de que las instituciones electorales sean garantes de los principios de legalidad, imparcialidad, equidad y transparencia en la elección, se funda en el derecho legítimo de los ciudadanos para tener procesos electorales democráticos.
A todos conviene que se limpie la elección, incluso a quienes hoy con impaciencia exigen que se asuman los resultados. La única manera de garantizar que la democracia subsista, es que su desempeño satisfaga a los ciudadanos, pues sólo ella puede generar consensos amplios y perdurables. Por esto, el llamado a que llanamente se reconozca el resultado para garantizar una supuesta gobernabilidad, constituye un espejismo tras el que se oculta el abuso de poder que profundizará la crisis ética que atraviesa la vida pública del país.
Alejandro Encinas Rodríguez
Twitter: @A_Encinas_R
Leído en: http://www.vanguardia.com.mx/lostemplariosdelalegalidad-1350211-columna.html
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