Detrás de la pasmosa actuación del IFE para investigar las denuncias por los casos de Monex y Soriana, junto con un presunto rebase de tope de campaña por el PRI, hay mucho más que dificultades técnicas o falta de facultades; la Unidad de Fiscalización del instituto tiene todas las facultades de ley para investigar a fondo esas denuncias y cuenta con todos los instrumentos a su alcance, desde el secreto bancario hasta la obligación de las instituciones financieras (Hacienda, Bancos y CNBV) para entregarle cualquier informe que necesite en un periodo máximo de 30 días ¿Por qué entonces el IFE no avanza ni entrega informes de sus indagatorias?
En los corrillos políticos hay una explicación para ese injustificado retraso del IFE y su unidad fiscalizadora: el presidente del instituto, Leonardo Valdés Zurita juega su juego y es un juego a futuro. Valdés concluye su periodo como consejero presidente del IFE en octubre de 2013 y unos meses antes, a partir de abril del próximo año, tendrá que definirse en la Cámara de Diputados su relevo junto con otros dos consejeros electorales. Pero él no quiere irse y ese es precisamente su juego y lo que explica su sospechosa actuación ante tales denuncias: quiere la relección como presidente del órgano electoral y se lo está vendiendo al PRI y a Enrique Peña Nieto.
De otra manera no puede entenderse la actitud vacilante y lenta que ha tenido el órgano electoral ante los casos que acusan el uso excesivo de dinero y el origen incierto del mismo en la campaña priista. La primera denuncia del PAN sobre el caso Monex se presentó desde el 26 de junio, cinco días antes de los comicios. Lejos de ejercer su facultad para investigar, la Unidad de Fiscalización, cuyo jefe es Alfredo Cristalinas, quiso pasarle la “papa caliente” a la FEPADE (otra nulidad) y presentó ante la fiscalía una denuncia de hechos.
Cristalinas es un experto en materia fiscal y financiera que trabajó en el SAT y sabe bien los movimientos que se requieren para rastrear el dinero en el sistema bancario, así que tampoco se puede alegar impericia como motivo de retraso. Y mucho menos falta de facultades; el Artículo 79 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) le otorga a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos la responsabilidad de revisar integralmente el dinero que reciban los partidos y candidatos en campaña bajo cualquier modalidad de financiamiento.
Más aún, ese mismo Artículo dice en sus capítulos 2 y 3: “En el ejercicio de sus atribuciones, la Unidad contará con autonomía de gestión y su nivel jerárquico será equivalente al de dirección ejecutiva del Instituto. En el desempeño de sus facultades y atribuciones la Unidad no estará limitada por los secretos bancario, fiscal o fiduciario establecidos por otras leyes. Las autoridades competentes están obligadas a atender y resolver, en un plazo máximo de treinta días hábiles, los requerimientos de información que en esas materias les presente la Unidad”. Y entonces si la primera denuncia se presentó desde el 26 de junio, ¿por qué ha pasado mes y medio y el IFE dice que aún no tiene nada y no puede presentar informes de sus investigaciones?
Tanto Valdés como Cristalinas han dicho que “el IFE no tiene prisa ni se sujeta a presiones” para concluir sus investigaciones e incluso han amagado con que el resultado de esas indagatorias, que podrían ser claves para el fallo del Tribunal Electoral federal, podrían irse hasta enero de 2013, cuando el plazo legal para que los magistrados validen la elección es el 6 de septiembre. ¿Qué razones tiene el IFE y su Unidad de Fiscalización para no avanzar con más celeridad en esas indagatorias o, incluso, para entregar informes parciales como se los ha pedido el Trife? Al parecer son razones de futuro, el futuro en el que Leonardo Valdés se sueña relecto como presidente del IFE.
Fuente http://www.24-horas.mx/el-juego-de-leonardo/
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