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| Beatriz Pagés |
La decisión de poner fin a gobiernos encabezados por un militar resguardó al Ejército mexicano, durante seis décadas, del peligroso juego del poder. De 1946 —fecha en que Miguel Alemán Valdés asumió la Presidencia de la República— a 2006, año en que Felipe Calderón rindió protesta, las fuerzas armadas habían permanecido al margen de la sucesión presidencial.
Se limitaban a proponer con discreción y disciplina —al presidente electo— los candidatos para ocupar la Secretaría de la Defensa Nacional, y dejaban al próximo mandatario que tomara libremente la decisión de incorporar a su gabinete al general, cuyo perfil se acomodara a las exigencias de su gobierno.
Hoy, por lo visto, la disciplina está rota y las ambiciones desbordadas. Algo sucedió a lo largo de estos seis años en las entrañas de la institución, que lo mismo vemos a generales acusados de estar involucrados con el crimen organizado, que a oficiales de alto rango recurriendo a tácticas propias de un Fouché para ocupar el máximo cargo al que puede aspirar un militar.
¿Qué le hizo daño al Ejército? Sin duda, haber sido utilizado como protagonista en la lucha contra el narcotráfico. Si el crimen penetró la institución económicamente, también lo hizo culturalmente. Hoy existen en la mentalidad de los diferentes mandos ambiciones que no existían antes. Ambiciones que han ocupado el lugar de la disciplina y la lealtad militar.
La consignación del general de división Tomás Angeles Dauahare y otros tres militares, acusados de haber brindado protección al cártel de los Beltrán Leyva, se produce dentro de un contexto político imposible de ignorar: del proceso de auscultación para definir a los candidatos que sustituirán al general Guillermo Galván Galván en la Secretaría de la Defensa Nacional.
Las acusaciones de la Procuraduría General de la República contra el general Tomás Angeles han carecido de contundencia y sistematización. Su aprehensión parece responder más a causas de naturaleza política que penales, lo que lleva a preguntarse si el Ejército se propuso eliminar así de la sucesión a Dauahare o si desde Los Pinos se dio la orden de matarlo políticamente.
La guerra contra los cárteles parece haber convertido la Secretaría de la Defensa Nacional en un cargo estratégico. Y lo es, sin duda, por formar parte de la seguridad nacional. Lo que preocupa y molesta es presenciar cómo la búsqueda por controlar las fuerzas armadas, a partir del próximo sexenio, ha tomado la forma de una guerra sucia donde los grupos se disputan un botín.
Por algo, el general secretario Galván Galván reunió en días pasados a 24 generales de división, para ordenarles anteponer los intereses nacionales por encima de los personales, y precisarles que la sucesión en el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional corresponde al presidente electo. Punto.
La descomposición de las convicciones castrenses coinciden con la efervescencia política producida por el conflicto poselectoral que atiza el PRD. El relajamiento de la disciplina hace suponer que el mismo coctel de intereses que hoy están presentes en la definición del futuro político electoral del país existen en los cuarteles militares. ¿Quién está con quien? ¿Por qué y a qué precio?
Ahora resulta que en la designación del próximo titular de la Secretaría de la Defensa Nacional ya no sólo compite la capacidad, honorabilidad y experiencia de los candidatos, sino intereses políticos y económicos que son o deberían ser ajenos a la institución.
Es decir, el narcotráfico, la forma de combatirlo, parece haberse convertido en un tema que tiene divididos a los generales y que hoy influye —de manera determinante— en los criterios para proponer al próximo secretario de la Defensa Nacional.
La consignación de los generales Tomás Angeles Dauahare, Ricardo Escorcia, Rubén Pérez y Roberto Dawe se inscribe dentro de una guerra donde el crimen organizado logró atomizar y romper la unidad de una institución que por décadas fue ejemplo de patriotismo, y sin la cual era imposible explicar la estabilidad del país.
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