Colaboracion de Tepozteco.
Para la gran mayoría de los mexicanos, la jornada electoral refrendó sus expectativas, al haber triunfado el candidato que habían previsto todas las encuestas, en un ambiente de tranquilidad, con mayor participación ciudadana, en relación a las anteriores, y con reportes de irregularidades menores, sin posibilidad de influir en los resultados. Sin embargo, esta percepción solo duró unos días, AMLO se encargó de “fabricar” una compra masiva de votos, la cual, finalmente fijó en 5 millones, por ser una cantidad apropiada a sus intereses, desde luego, sin ninguna posibilidad de demostrarlo ni, mucho menos, conciliarla con los resultados de la elección pero, eso era lo de menos, suponía y, el tiempo ha demostrado que, con mucha razón, su invención sería aceptada como verdad por muchos de los inconformes, creando un ambiente de desconfianza en la legalidad de los comicios que ha ido en aumento, conforme se han presentado las “serias irregularidades” detectadas por él y sus cercanos colaboradores, gracias a la gran difusión que le han dado los medios de comunicación, sin calificarlas, únicamente repetirlas, proporcionándole, de esta manera, la posibilidad de ser consideradas como verdaderas. La gran mayoría de los columnistas, han refutado sus reclamos pero, el gran público no tiene el tiempo, ni la intensión, de profundizar sobre lo aparecido en los titulares de los diarios o difundido por los noticieros, en consecuencia, el porcentaje de la población “creyente” en sus “pruebas”, según algunas encuestas, actualmente es mayor.
Lo más triste es que lo que AMLO perdió en las urnas lo ha ganado en su campaña mediática, plagada de falsedades y, para mostrar que hablo con fundamentos, describo las “pruebas” presentadas por el PRD a las autoridades electorales:
El día 18 de julio se publicó un fallo del IFE a las impugnaciones del PRD, http://www.jornada.unam.mx/201... , enviado al Tribunal Electoral, en donde, en resumen, se dictaminaba que no hay fundamento legal para dictaminar la invalidad de la elección. Por consiguiente, nuevamente AMLO se quedaba sin elementos para inconformarse y fue necesaria una nueva acusación al PRI, suficientemente contundente para obtenerla: modificó una conferencia de prensa, en donde había anunciado presentar un plan de acción, convirtiéndola en una denuncia sobre financiamiento ilícito y probable lavado de dinero de parte de ese partido. Presentó diagramas de relaciones de varias empresas, de las cuales tenía facturas pero, en la sección de preguntas y respuestas (que no vimos los televidentes), cuando le preguntaron a Jaime Cárdenas, ex consejero del IFE y presentador de los diagramas: “¿Dónde están las pruebas que vinculan a esas empresas y sus malos manejos, con la campaña de Peña Nieto y del PRI?”(de acuerdo con lo afirmado por el periodista Ricardo Alemán, presente en esa conferencia), bajó la cabeza, pensó unos segundos y confesó: “¡No hay ninguna prueba!”. Desde luego, para el público en general, ignorando la respuesta anterior, AMLO y allegados, aseguraron tener todas las pruebas correspondientes.
El PRD presentó al Tribunal electoral un escrito de 638 cuartillas en apoyo a sus denuncias (el único que está actualmente por definirse), del cual desconozco el contenido, salvo la opinión de dos comunicadores. Uno de ellos, Sergio Aguayo, reconocido como simpatizante de la izquierda, en la parte final de un artículo al respecto, titulado “Los Aficionados”, termina su análisis del mismo, diciendo. “Como votante de izquierda también espero que los partidos de esa corriente sustenten recursos jurídicos con evidencia sólida. Ya basta de improvisaciones y novatadas; es tiempo de que dejen de actuar como aficionados”. Por otro lado, el columnista Jesús Silva-Herzog Márquez, reconocido por su objetividad, en su artículo: “La pereza del conspiratista”, analiza también y critica el escrito presentado por el PRD, del que solo transcribo una parte, suficientemente ilustrativa: “El documento presentado a las instancias judiciales podrá tener 638 páginas, pero sigue siendo un texto apresurado, descuidado, flojo. Difícilmente se puede pedir que se limpie una elección con un escrito tan desaliñado. Aún bajo los códigos de expresión abogadil, es un escrito pésimamente redactado, plagado de faltas de ortografía y descuidos asombrosos, como llamar panista a Enrique Peña Nieto”.
Como una muestra de que, ni sus mismos correligionarios aceptan la efectividad de las “pruebas” presentadas, en la reunión del Consejo Nacional, máximo órgano de dirección del PRD, al debatir los resultados de la elección del 1º de julio y sus planes a futuro, el secretario de Alianzas y Relaciones Políticas, Armando Contreras, expresó lo siguiente: “Pensar que el Trife va a resolver por la anulación de las elecciones o invalidar la elección es ser ingenuos y conducir al movimiento electoral y social equivocadamente”. También en la reciente reunión en Acapulco, la opinión más generalizada fue aceptar el fallo del Trife.
Posteriormente, Ricardo Monreal, hizo, una vez más el ridículo con sus“pruebas” de una transferencia del gobierno de Estado de México aunque, no tanto como cuando denunció 42 supuestos asesores extranjeros de EPN, que resultaron participantes en una conferencia. Recientemente, escribió un libro de 48 páginas, en donde expone sus “argumentos”, los cuales, si realmente fueran válidos, el destinatario obligado es el Tribunal Electoral, no el público en general, que carece de la preparación judicial para determinar su procedencia.
Por último, nunca podremos olvidar, el ridículo o la burla, depende del estado de ánimo de quien lo juzgue, de la granja y artículos promocionales presentados como “pruebas”, y las recientes amenazas al Tribunal Electoral, sobre la posibilidad de un conflicto social, en el caso de no resolver a su favor y la solicitud al Presidente de apoyarlos en sus demandas y, en el caso de no hacerlo, cometer el gravísimo delito de traición a la patria. Aunque, hasta la fecha, como es natural, el Presidente no ha hecho caso a sus pretensiones, para cualquiera, es evidente que, al Presidente no le corresponde intervenir en ese proceso, el IFE, si se trata de financiamientos, es la autoridad a la que le corresponde investigar ante Hacienda y demás organismos que pudieran aportar información al respecto, teniendo las facultades necesarias para lograrlo oficialmente.
Un cordial saludo a todos los foristas.
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