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| Armando Bartra |
1. Así como el chamaco que ya no cree en Santaclós le sigue enviando cartas para que las lean sus padres, así la izquierda que ya no cree en el Trife le sigue enviando pruebas del cochinero, para que los ciudadanos se enteren de lo que ha sucedido. Porque después de tres fraudes nomás faltaba que siguiéramos creyendo en Santaclós, pero mucha gente no sabe lo que en verdad ocurrió, y hay que seguir proclamándolo, más que de cara a la autoridad electoral, de cara a la nación.
Ya sabemos lo que va a resolver un Trife cuyo presidente adelantó su fallo diciendo que nadie ganará en el tribunal lo que perdió en las urnas. Pero seguimos con nuestros reclamos. En beneficio de la credibilidad, no se vale anticiparse: no podemos dar por cancelado el alegato legal manifestando nuestra inconformidad antes de que el Trife de su veredicto, pero menos aun se vale adelantarse al fallo anunciando que lo aceptaremos, sea el que sea.
Así, de la especie de Consenso de Acapulco, promovido por la izquierda institucional, lo menos que se puede decir es que fue anticipado. Que los picudos del PRI y el PAN se reúnan a planear su trabajo bajo la administración de Peña Nieto es natural, pues para ellos este arroz ya se coció, pero que lo haga la izquierda cuando el Frente Progresista está pidiendo la anulación de los comicios, y sin que ese sea el tema único del encuentro, equivale a bajarse de un barco que –torpedeado y todo– sigue navegando, sólo porque en el fondo quieren que se hunda. En estas condiciones nadie debe extrañarse de que no haya asistido el timonel.
2. La desvergonzada compra, coacción e inducción del voto en que incurrió el PRI; fraude realizado impunemente gracias a la complicidad de las instituciones electorales y a que cuenta con la anuencia del gobierno federal y del PAN, pero también la de todos los que reconocieron –o reconocerán– el tramposo triunfo de Peña Nieto, es una señal. Un mensaje de la oligarquía y sus personeros, en el sentido de que mientras sean dueños del gran capital, manejen los medios masivos de comunicación, dispongan de los recursos fiscales y otros dineros, tengan encorraladas a las clientelas corporativas y controlen las instituciones comiciales, ellos seguirán gobernando y la izquierda no accederá a la Presidencia de la República por la vía electoral.
El descrédito de la democracia y la renovada ilegitimidad de los gobiernos ilegítimos resultantes de esta decisión son costos que el poder económico y sus cada vez más cínicos personeros están dispuestos a pagar, con tal de conservar el poder político. De lo reiterado de los fraudes (1988, 2006 y 2012) se concluye que no estamos ante ocasionales violaciones a la legalidad sino ante un defraudador serial: un sistema estructuralmente perverso donde el monopolio del poder se reproduce a si mismo al margen de la voluntad libre de los ciudadanos.
3. El mensaje político de los poderes fácticos es claro: la izquierda debe dar por cerrada la vía electoral. Pero pienso que ni la izquierda ni los ciudadanos progresistas aceptaremos el ultimátum. En bien del país seguiremos trabajando para cambiar el régimen por la vía democrática. Lo que no podemos es repetir el numerito y concentrarnos desde ahora en preparar el dispositivo comicial de las próximas elecciones presidenciales.
Ha quedado claro que en México no se ganan elecciones sólo preparándose para las elecciones, es necesario también construir un poder social: crear una correlación de fuerzas que impida el fraude. Porque el problema no son vicios comiciales que pudiéramos contrarrestar mediante otra reforma política y una mejor preparación de nuestro ejército comicial, lo que padecemos es una imposición sistémica, y como tal hay que enfrentarla. No basta con vigilar celosamente las elecciones, es necesario cercar socialmente al sistema para evitar que siga imponiendo a sus representantes.
Este cerco empieza por demandar la anulación de los comicios, como lo vienen haciendo AMLO, Morena y el Frente Progresista, pero también por el rechazo a un autoritarismo sistémico histórico que no se agota en el más reciente fraude electoral. Y en esto, el obradorismo no esta sólo. Desde mayo se desató un impetuoso movimiento contra la imposición del candidato de la derecha, en que participan actores curtidos en la resistencia como el FPDT, el SME y la CNTE, y movimientos estudiantiles emergentes como #YoSoy132.
4. Pero la imposición no es el único mensaje amenazante. Además del comunicado político autoritario, hay un claro mensaje económico neoliberal: la derecha ha anunciado también su decisión de seguir sacrificando al país en aras de la oligarquía y las corporaciones internacionales. Y para esto son necesarias las llamadas reformas estructurales faltantes, que tienen que ver con un cambio aun más regresivo en el régimen fiscal, de modo que los pobres paguen más y los ricos poco o nada; una nueva ley federal del trabajo que legitime el outsourcing y cancele derechos laborales históricos; cambios en el marco constitucional que permitan seguir extranjerizando nuestro sistema energético; mudanzas legales por las que se acabe de privatizar la seguridad social, los institutos públicos de salud y el sistema educativo.
Dado que en el Legislativo el PRI es la primera minoría en las dos cámaras y que, en lo tocante al modelo neoliberal, el PAN coincide en todo con el PRI, es de esperar que en cuanto entre en funciones la nueva legislatura, el tricolor tratará de cumplir sus compromisos con el gran dinero que lo patrocina, impulsando en las cámaras las reformas estructurales, aun antes de que el nuevo gobierno tome posesión. Así las cosas, es previsible que en lo que resta del año, el insoslayable rechazo a la imposición en curso se combinará con el también necesario rechazo a la imposición de las reformas económicas faltantes.
5. Hay, finalmente, un mensaje aun más amenazante: el de que, conculcado el derecho básico a unas elecciones equitativas, el resto de las libertades ciudadanas están en entredicho. En los tiempos del PRI, los gobiernos eran todo lo represivos que hacía falta, pero el diálogo con los actores sociales era un socorrido instrumento de gobernabilidad. Fox empezó su administración en la misma tesitura, pero desde que quiso bloquear el camino de López Obrador a la presidencia de la República, el autismo político se instaló en Los Pinos y, salvo excepción, a los movimientos sociales no se les ve ni se les oye. Y del ninguneo a la represión abierta solo hay un paso que, sin duda, el PRI es capaz de dar.
6. El 21 de agosto, Emilio Gamboa, futuro coordinador de la bancada del PRI en el Senado, anunció que en el primer período de sesiones, que empieza en septiembre, se proponen discutir, entre otras iniciativas, tres reformas estructurales pendientes: la energética, la hacendaria y la laboral. Es decir: piensan empujar los cambios del marco legal más lesivos para los mexicanos, aun antes de que Peña Nieto tome posesión.
Con todo y su gravedad, este anuncio tiene la ventaja de resolverles algunos problemas de definición política a los movimientos antisistémicos hoy activos: el obradorismo, el 132 y a la Convención. Y es que después de estas declaraciones queda claro que la última fase de la resistencia a la imposición de Peña Nieto se va a tener que montar sobre la primera fase de la resistencia a la imposición de las reformas estructurales. La izquierda tendrá que cambiar de caballo a la mitad del río o, mejor, tendrá que acabar de cruzar el río sobre dos caballos.
Todos sabíamos que la centralidad de lo electoral como asunto movilizador se iría agotando conforme se aproximara el fin del año. Hoy sabemos que antes de que esto suceda ya habrán hecho su reaparición las iniciativas legislativas más retrógradas del grupo en el poder. Lo que significa que las manifestaciones de repudio al previsible fallo del Trife y a la presumible toma de posesión de Peña Nieto, tendrán que entreverarse con las acciones de repudio a los intentos de imponer el IVA a medicinas y alimentos (Ya Beltrones reconoció que sí van por eso, pero excluyendo una canasta básica), de sustentar en la ley la privatización en curso de Pemex, y de dotar de marco jurídico a la ya generalizada práctica del outsourcing, por mencionar algunos de los filos mas cortantes de la reforma hacendaria, la energética y la laboral.
7. De cumplirse las amenazas, el Morena tendrá que recuperar a toda prisa la experiencia de la exitosa lucha obradorista contra la privatización de Pemex; las organizaciones sociales de la Convención habrán de reanudar el viejo combate a las contrarreformas, y el debutante 132 tendrá que transformar en acciones sus recientes planteamientos programáticos antineoliberales.
Y habrán de hacerlo juntos, pues separados no pueden parar las arremetidas de la oligarquía y sus testaferros. Si en la resistencia a la imposición no cuajó del todo el esperado movimiento de movimientos, pues el obradorismo tenía que agotar el cauce institucional, es muy posible que termine de cuajar en el curso de la resistencia a las reformas estructurales. Más nos vale.
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