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| Leonardo Valdés Zurita |
Los resultados de la fiscalización presentados el 23 agosto al Consejo General del IFE demuestran que ningún partido político rebasó los topes a los gastos de precampaña. Con ello, se eliminó la posibilidad de cancelar el registro de algún candidato por esta causa. Sin embargo, la difusión que se ha dado de algunas quejas sobre el origen y destino de los recursos utilizados en las campañas por los candidatos a la presidencia ha incrementado el interés por las tareas de fiscalización del IFE.
Al respecto es conveniente señalar que en 2012 el IFE recibió más de 220 quejas relacionadas con el financiamiento y gasto de los partidos políticos. De éstas, 32 que se agrupan en siete grandes investigaciones han despertado un interés particular en la opinión pública.
Para desahogar y resolver estas quejas, el IFE ha desplegado todo el potencial investigador de la Unidad de Fiscalización con profesionalismo y con apego a los procedimientos y normas aprobadas. Ejemplo de ello son las 2,624 diligencias realizadas ante autoridades federales y locales para obtener información que contribuya a su resolución, los dos informes que esa Unidad rindió al Tribunal, para exponer sus consideraciones jurídicas con motivo del juicio de inconformidad relacionado con la validez de la elección presidencial y las vistas presentadas a múltiples instancias como la Secretaría de Gobernación, el SAT y la Fepade.
Algunos aspectos esenciales de los siete casos más referidos en la opinión pública son los siguientes:
1) Presunto rebase de topes de gastos de campaña por la colocación de espectaculares y el uso de aeronaves en la campaña de Enrique Peña Nieto. Este caso acumula 18 denuncias; se han efectuado 275 diligencias. Se han confirmado los montos de contratación, las bitácoras de las aeronaves utilizadas y la verificación de los espectaculares denunciados.
2) Presunta recaudación de aportaciones para financiar la campaña de Andrés Manuel López Obrador que exceden los topes establecidos (el “charolazo”). Acumula dos quejas; se han realizado 50 diligencias para corroborar la veracidad de lo denunciado y se está investigando la información financiera de cada persona involucrada.
3) Presunta obtención de recursos no declarados a través de asociaciones civiles y movimientos sociales para financiar la imagen de Andrés Manuel López Obrador. Acumula 5 quejas; se han llevado a cabo 105 diligencias y se está analizando si existe un nexo financiero entre las denunciadas Austeridad Republicana, Honestidad Valiente y Morena, entre otras, con la coalición Movimiento Progresista.
4) Supuesta aportación de recursos depositados en Monex para promover a Enrique Peña Nieto en territorio estadounidense, mediante la cadena de televisión Frontera Television Network. Se han efectuado 61 diligencias para corroborar si en las operaciones bancarias existió el pago para dicha campaña.
5) Supuestas cuentas bancarias no declaradas a nombre de Yeidckol Polevnsky, destinadas a sufragar gastos de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Se han realizado 21 diligencias para determinar si se acredita la supuesta aportación de recursos a la campaña del candidato de la coalición Movimiento Progresista.
6) Presunto uso indebido de recursos y rebase de tope de gastos de campaña, a través de Monederos Monex, para el PRI a favor de Enrique Peña Nieto. Se han llevado a cabo 418 diligencias y múltiples requerimientos con la finalidad de verificar el supuesto fondeo de recursos depositados en las tarjetas, así como su dispersión.
7) Presunto uso indebido de recursos y rebase de tope de gastos de campaña, a través de la distribución de tarjetas Soriana, para la supuesta compra del voto a favor de Enrique Peña Nieto. La complejidad de esta queja ha implicado más de 144 diligencias, derivado de la gran cantidad de sujetos involucrados, en su mayoría personas físicas, y la naturaleza de los hechos ha requerido la cooperación de otras instancias.
Institucionalmente ha sido una tarea compleja articular los elementos para llegar a la verdad legal en cada denuncia. La exhaustividad ha sido una característica de la fiscalización que realiza el IFE.
Hicimos el compromiso de adelantar, dentro del margen de la ley, cinco meses los resultados de la fiscalización a los gastos de las campañas presidenciales. De la misma manera, nos hemos comprometido a dar celeridad a todas las quejas presentadas.
Aunque entendemos la importancia que para algunos sectores de la opinión pública tiene concluir estas investigaciones, para el IFE, más allá de la celeridad, la principal motivación es que cada una de las resoluciones se emita en cumplimiento de los principios de certeza y legalidad.
Leonardo Valdés Zurita, Consejero presidente del Instituto Federal Electoral
Leído en: http://www.vanguardia.com.mx/eleccionpresidencial7casosdefiscalizacion-1361560-columna.html
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