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| Porfirio Muñoz Ledo |
Cada acontecimiento relevante en la vida política de la nación conduce al tema central de la distribución y el ejercicio del poder. Don Andrés Molina Enríquez escribía en los albores del siglo anterior que las relaciones económicas, políticas y sociales estaban determinadas por la alta concentración de la propiedad de la tierra. Todas las causas de la Revolución Mexicana remiten a una primordial: el régimen feudal predominante.
La tesis en que se fundamenta el esfuerzo por edificar una nueva república es la necesidad de modificar drásticamente las estructuras del poder acaparadas hoy por monopolios internos y sometidos a las finanzas internacionales. Se ha producido ciertamente un vaciamiento de la soberanía del Estado y un traslado de sus potestades y jurisdicciones hacia entidades privadas, tanto de carácter legal como ilegal.
En la cúspide de la pirámide de los intereses dominantes en México se encuentra el duopolio de la televisión del que son afluentes los grandes consorcios y de donde surgen los dictados oligárquicos, como ha sido fácilmente observable en las elecciones recientes. De ahí que la coincidencia central de cuantos militan en el movimiento social de nuestros días reside en los poderes abusivos que detentan los medios de comunicación electrónica. Se ha consolidado además la convicción de que una reforma en profundidad, en éste y en otros asuntos fundamentales, exige una nueva constitucionalidad.
El debate sobre el marco legal que rige la materia ha vuelto al centro del escenario publico no solamente en razón del chantaje sufrido por la empresa MVS proveniente del Ejecutivo federal, sino también por la promulgación de la reforma al articulo 89 de la Constitución, en cuya fracción II se establece que —inter alia— “los órganos colegiados de la regulación en materia de telecomunicaciones podrán ser nombrados por el Ejecutivo con aprobación del Senado”.
El órgano correspondiente (Cofetel) no ha sido transformado en entidad autónoma, pero el modo de integración de sus miembros ha quedado supeditado a otro poder distinto del presidencial. Al no haberse establecido un régimen transitorio que definiese los tiempos de su renovación debemos colegir que ésta procede, por pleno derecho, apenas publicada la reforma, como ocurrió con la renovación del Consejo General del IFE en 1997. Tenemos en puerta la discusión pública sobre la composición del mecanismo que ha servido para regular el sistema de concesiones que, como se ha observado, sirve como instrumento del abuso, el chantaje y el favoritismo. Dicho dispositivo ha sido la clave de una relación perversa que en el origen marcó la docilidad de las empresas hacia al poder público y ahora define la debilidad del Ejecutivo frente a ellas. Por eso he dicho que Televisa comenzó como una oficina de Los Pinos hasta que éstos se volvieron una agencia de Televisa.
Esta vinculación escasamente cambiará con el nuevo ordenamiento. Es menester proceder a una reforma de mayor calado por la que se otorgue fundamento democrático al sistema de telecomunicaciones. Desde hace cuatro décadas he sostenido que la legislación mexicana sobre radio y televisión tiene una justificación tramposa, ya que pretende sostener en la expresión “espacio aéreo de la nación”, contenida en el artículo 27, las facultades del Ejecutivo sobre esos medios, equiparándolos a otros recursos naturales como los hidrocarburos o las minas.
Existe en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados un dictamen sobre la iniciativa presentada por el suscrito en esta legislatura, en la que se propone la definición del espectro radioeléctrico como propiedad de la nación. Se dispone también que podrán acceder en igualdad de condiciones a su explotación, uso o aprovechamiento las entidades públicas, educativas, privadas y comunitarias, ninguna de las cuales podrá concentrar más de 25% de las frecuencias.
La regulación de las concesiones correspondería a un organismo público, autónomo y de participación ciudadana, creado por el Congreso, y las emisiones se atendrán a los principios y valores contenidos en la Constitución. Ésa es la reforma que el país necesita y la sociedad espera.
Diputado federal por el PT
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