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| Rafael Loret de Mola |
Desde el final de la jornada electoral, y de manera reiterada, día a día, Andrés Manuel López Obrador insiste en que defiende la Constitución al denunciar una elección viciada y, por ende, fraudulenta por la coerción ejercida contra los votantes de determinado estatus y en zonas geográficas diversas de la República; no en el Distrito Federal, por ejemplo, en donde el PRD arrasó aun cuando Miguel Ángel Mancera, aspirante a la jefatura del gobierno por la izquierda, rebasó por más de medio millón de votos al candidato presidencial del “Movimiento Progresista” Andrés Manuel, en su exitosa carrera por la Presidencia. Exitosa, insisto, porque jamás esta causa había obtenido tantas victorias hasta el punto de convertirse en segunda fuerza política, dejando el tercer sitio al aún gobernante PAN, y un verdadero contrapeso para evitar los excesos del titular del Ejecutivo a partir del primero de diciembre.
La controversia política, que no jurídica, tiende al desprestigio del futuro gobierno. Por cierto, debemos insistir en que el partido en el poder es el PAN y no el PRI porque parece, por la vehemencia ejercida contra éste último organismo, lo contrario, esto es como el Institucional jamás hubiera perdido los controles ni con las subsecuentes derrotas d 2000 y 2006. De haberse comportado como dicen que ahora lo ha hecho, ¿por qué no hizo lo mismo hace seis y doce años?¿O será que a la izquierda le convenía ignorarlo para avanzar sin denunciar las también escandalosas desviaciones de fondos cabalizadas hacia los financiamientos ilegales de campaña, como cuando el célebre Pemexgate que ubicó en quinientos millones de pesos las aportaciones de más al partido perdedor?
Insisto: la tragedia mayor del PRD se gesta en la inutilidad de sus legisladores, incapaces, a través de doce años de administraciones panistas –son ellos quienes integran gobierno todavía-, de promover iniciativas para poner candados a las conductas indebidas de sus rivales, como la compra de votos –pecado que también han cometido los perredistas quienes se quejan por el uso de los programas sociales oficiales dados a influenciar a los presuntos votantes, un mecanismo en el que ellos son expertos en la ciudad más poblada del mundo-. Todos culpables y mañosos.
Pues bien, Ricardo Monreal Ávila, uno de los conocedores del derecho que asesoran a López Obrador después de haber pasado por tres partidos –en Zacatecas, su entidad, los Monreal Ávila son vistos como caciques de aldeas-, publicó recientemente –Milenio, martes 31 de julio-, unos comentarios que equiparan a la Constitución, nada menos, con la prostitución. Y dice, aorvechando el festivo ambiente olímpico:
“Acudiendo a una figura muy socorrida en estos días de competencias olímpicas, si el candidato del PRI corrió dopado o bajo los efectos de una sustancia prohibida, llamada dinero ilícito, lo que sigue de manera natural es que los jueces le retiren la medalla de oro...”
En efecto, tales son las reglas del juego para los atletas, dispuestas para detener el “boom” de los anabólicos y demás drogas que aceleran el rendimiento de los mismos, pero de modo alguno pueden compararse con las leyes electorales. El señor Monreal, como abogado que dice ser, debiera conocer dos principios inalienables del derecho: la no retroactividad para la aplicación de las distintas reformas y la tipificación de nuevos delitos; y la litis que señala que no deben dictarse coerciones distintas o superiores a las específicamente señaladas por los dogmas legales.
Esto es:
1.- Si el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, marca una pauta de sanción económica para quienes cometan la ilegalidad de gastar excesivamente sobre los “topes de campaña”, sencillamente no puede exigirse que eleven la coerción hasta el punto de anular los comicios federales o mandar a la silla eléctrica al señalado como manirroto. Sencillamente sería un barbarismo inadmisible en un estado de derecho, sobre todo en cuanto a la evolución democrática.
2.- Si los miembros del “Movimiento Progresista” insisten en que defienden la Constitución, ¿cómo entonces exigen violarla para sancionar al PRI y su abanderado presidencial con exceso evidente y no con la coerción establecida; esto es: incluso sin reforma sobre el caso, en aplicación de una retroactividad que pudiera darse si en el futuro se ejecuta lo necesario. Esto es: si el Congreso aprueba alguna iniciativa que eleve los castigos por derrochar dinero en las campañas, tal no alcanzaría para enjuiciar las elecciones de 2012, ni las de 2006 ni ninguna de las anteriores.
3.- ¿Qué hacían los perredistas, agazapados, mientras transcurrían doce años de la victoria de Fox, no impugnada, y de la que ahora también se queja Monreal, manipulando de nuevo el texto de la ley: “En el año 2000, Fox financió su campaña con recursos del extranjero y aportaciones ilegales”.
¡Caramba! Y tan calladito que lo tenían porque, claro, era un éxito también para la izquierda el derrumbe del PRI en aquel año.
¿O acaso a Francisco Labastida, aspirante priísta entonces, no le alcanzó con su propia derrama o fue porque Fox se puso “más abusado”? Las incongruencias llegan al nivel del cinismo. ¿Cómo no sentirnos decepcionados, por tan ambigua defensa, quienes sufragamos por Andrés Manuel en 2006 y quienes lo hicieron en este 2012? Hace seis años, la torpeza llegó al grado de ignorar o minimizar el funcionamiento de cuatro “laboratorios” estatales que modificaron la tendencia final a causa de la desidia de López Obrador quien se dejó pisar los talones ante la parafernalia presidencial escandalosa. Hoy, incapaces de corroborar los supuestos ilícitos cometidos por sus rivales –viendo paja en el ojo ajeno, siempre-, nos conducen a los galimatías políticos del mayor nivel por los cuales nadie entiende a los emisores de consignas sino las siguen, de manera incondicional claro, con tal de exaltar al icono de la izquierda. Pongámosle a esta actitud cualquier nombre menos el de democracia.
Seguramente, con tales falacias, tendremos graves conflictos. Pareciera que los están esperando so pretexto de actuar de modo pacífico... excepto si llega un dictamen del Tribunal Electoral desfavorable para quienes insisten en sancionar con reglas no operables porque nadie se preocupó por ponerles candados eficaces a las conductas típicas de las deformaciones proselitistas que venimos arrastrando desde hace décadas. Y no se habla de la contundencia con la que ganó el PRD en el Distrito Federal, Tabasco y Morelos. Allí, fíjense todos, las cosas fluyeron tan normalmente como en los cantones suizos a la vista de un poderoso señor llamado cinismo. Quizá por ello, con rubor, el gobernador electo entre los tabasqueños, Arturo Núñez Jiménez, insistió en que probar la compra del voto, fuera de las casillas, si es dable asegurarlo, era virtualmente imposible. Y al día siguiente de su importante pronunciamiento, calló, casi como un lacayo, cuando el supremo señor de las izquierdas le miró con dureza... y quien sabe qué más.
Lo triste de la cuestión es que no abandonamos el círculo vicioso y volvemos a tropezar con las mismas piedras. ¿Quiénes son los beneficiarios? Por aquí debemos empezar.
Debate
Hace unos días me preguntaron, en mi querida Saltillo –en donde me hubiera gustado nacer-, hasta dónde podría llegar el movimiento “#Yo soy 132”, originalmente de puros jóvenes, surgido de una institución universitaria privada –en donde los alzacuellos dominan la escena con los jesuitas deambulando y mandando por doquier-, por la radicalización política y la evidente manipulación de que han sido víctimas los dirigentes de primera instancia. Respondí, no sin angustia, que ya olía a 1968. Es innegable que, en un principio, los jóvenes fundadores del grupo en cuestión actuaron enérgicamente para situar a los priístas en la realidad: no eran “porros” quienes cuestionaron al candidato sino estudiantes de derecha, incisivos. Sólo que después supimos un dato importante: el PRD mantiene a ochenta becados en la Universidad Iberoamericana, núcleo de la causa, y fueron tales, muy posiblemente según los indicios y pruebas en mi poder, quienes agitaron lo necesario para poner en un severo compromiso a Enrique Peña Nieto durante su visita a esta institución. Esto es: faltaron “tablas” y sensibilidad política. No otra cosa.
Es de temerse que a finales de este mes de agosto, con las escuelas rebosantes por el inicio de un nuevo curso, sobre todo en las instituciones de nivel superior, la semilla de la agitación se extienda rápido y más si los miembros de la izquierda azuzan más las hogueras con protestas como las ya conocidas y posiciones tendientes a declarar su desconocimiento al nuevo gobierno, como en 2006. Quizá por eso se observa a Calderón tan contento: el mayor estigma de su administración, podría pasar a manos de otro, como si de un relevo se tratara; y, mientras tanto, el país se encierra, negándose a sí mismo en épocas de una competencia que vamos perdiendo en el terreno económico y también en la geopolítica. Sencillamente lamentable y muy peligroso, sin duda.
La Anécdota
Aunque se haya armado con intenciones antidemocráticas y en contra del consenso general, en abril de 2005, el jefe de gobierno del Distrito Federal, López Obrador, fue llevado al Congreso por desacato y perdió el fuero constitucional. Salimos un millón de personas a la calle a exigir que no se procediera al juicio de procedencia por lo escasamente fundado del caso y las evidencias de su inexistencia. Pese a ello, la parodia se dio sin que Andrés Manuel aceptara escuchar, siquiera, la réplica a su defensa por parte del vocero de la Procuraduría General.
Fox, entonces presidente, decidió que las cosas llegaran hasta allí sin continuar con los procedimientos judiciales. Y, por tanto, en este punto inició la impunidad a favor de López Obrador aunque la huella del supuesto delito hubiese quedado como antecedente. En estricto derecho, aunque se tratase de una injusticia, el personaje no debió ser candidato en 2006... ni en 2012. También a él le han tocado, para su propio bien, los excesos autoritarios.
E-Mail: loretdemola.rafael@yahoo.com.mx
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