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| Carlos Ramírez |
Más que el proceso electoral calificado por las instituciones avaladas por todos los partidos, el PRD tiene que resolver en el corto plazo y en la coyuntura del conflicto poselectoral su principal dilema político: Asumir los costos de una democracia representativa o apostarle a la ruptura para la creación de un poder popular de democracia directa.
Hasta ahora los debates perredistas se han dado en el terreno de los asuntos procedimentales, de medidas de corto plazo y de reformas neopopulistas. Pero Andrés Manuel López Obrador podría tomar, el domingo próximo, una decisión estratégica: Abandonar los canales institucionales y pasar a la acción directa vía la movilización popular.
La estrategia perredista para el 2012 se fijó en construir una movilización callejera al estilo de la democratización de los países del mundo comunista soviético y copiando las prácticas sociales de los países árabes que derrocaron a sus líderes dictadores. En ese esquema estuvo siempre el papel sobredimensionado del movimiento YoSoy132 porque estaba formado por jóvenes de universidades privadas y por tanto de familias de la élite beneficiada por el viejo régimen priísta-neoliberal. Sin embargo, el 132 se fracturó, los universitarios privados regresaron a las aulas y los de universidades públicas marcaron al movimiento con el perfil antisistémico de la UNAM.
Una de las propuestas que hará López Obrador en su mitin dominguero será el de mantener la movilización en las calles, colocando a los jóvenes por delante y dejando en la retaguardia a los conocidísimos movimientos de la CNTE, los atencos, los PanchosVillas, el SME y los beneficiarios de los programas asistencialistas del gobierno capitalino. El objetivo buscará mantener el ritmo de protestas permanentes que vayan tejiendo alianzas antipriístas en sectores populares, a fin de cristalizar el modelo teórico de una “hegemonía popular”, es decir, liderazgos de movimientos sociales en una especie de buró político conductor de las manifestaciones.
Pero el destino final está localizado en la organización de un poder popular, toda vez que el poder institucional no parece llegarle al PRD: Los datos de la sociología electoral señalan el techo de votaciones del PRD y aliados en 30% a nivel nacional. Y si esa votación pudiera darle a la coalición neopopulista un papel de equilibrio y acotamiento en decisiones, al final lo que quiere es el poder y no un peso en la balanza.
El modelo de poder popular en México fue definido por el sociólogo Pablo González Casanova en dos tiempos: La racionalización de las hegemonías populares revolucionarias centroamericanas que lograron derrocar a dictaduras y la conquista de espacios de poder doblegando al Estado. Ante la imposibilidad de reformar la estructura electoral para facilitar la victoria presidencial, la coalición neopopulista de López Obrador se ha ido inclinando cada vez más a la opción del poder popular y su camino de la insurrección civil vía la desobediencia y el repudio al institucionalismo.
El debate democracia representativa-poder popular no es nuevo. Comenzó justo en los albores del neoliberalismo que abandonó compromisos sociales y dejó al garete a las clases sociales cuyo bienestar depende exclusivamente de la acción pública. En 1984, al recibir el premio nacional de ciencias, González Casanova estableció el criterio de las reconfiguración del Estado con la inclusión de organizaciones sociales:
“La democratización de la sociedad y el Estado plantea la necesidad de que el pueblo trabajador participe en el poder del Estado, en la producción y en los frutos del desarrollo, enfrentando una sociedad no sólo dividida en clases sino en “sectores” de clase”.
En la revista Nexos, el entonces subsecretario de Desarrollo Regional de la Secretaría de Programación y Presupuesto y hoy flamante senador perredista, Manuel Camacho Solís, respondió a González Casanova con el argumento de la democratización paulatina del régimen impulsada por la clase gobernante, señaló el peligro de terminar con las intermediaciones políticas institucionales y dijo que el poder popular en el gobierno dejaría tentaciones al anarquismo y a los “idealismos populistas” que justificarían a la postre la “dictadura burocrática”.
El desconocimiento por segunda ocasión del sistema político institucional ha dejado a López Obrador en la orilla de la redefinición de su movimiento. Si no aceptó los dictámenes de las instituciones electorales y al parecer carece de voluntad y de interés para impulsar el diseño de un nuevo sistema electoral basado en la pureza de la política, entonces su camino va a ser el de la insurrección permanente y la movilización popular ante las reformas estructurales que van a pactar el PRI y el PAN.
Al renegar dos veces del sistema electoral (2006 y 2012), López Obrador quedó auto inhabilitado para competir por la presidencia en el 2018, a menos que acepte las reglas del juego y luego las repudie. Por tanto, la vía del poder popular directo se presentará como su único camino aunque a condición de evitar la violencia. En contra de esta estrategia se encuentra la decisión de liderazgos perredistas --legisladores y gobernadores-- que han decidido aceptar el sistema institucional y no insurrección civil del tabasqueño.
Lo que queda por aclarar es si el análisis estratégico de López Obrador ha evaluado con frialdad la clave de todo activismo político de la izquierda: Las condiciones objetivas para rupturas populares o revolucionarias. Por lo pronto, el “estallido social” fracasó rotundamente como amenaza insurreccional.
carlosramirezh@hotmail.com
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