No sabemos si la intención del Presidente Constitucional es cerrar con broche de oro o poner en aprietos al Presidente Electo y a la bancada del PRI que en más de una ocasión le escatimaron su apoyo en el Congreso.
El hecho es que Calderón ha decidido estrenar su facultad de iniciativa preferente con dos proyectos de ley que figuran entre las prioridades de Peña y en pocos días sabremos tres cosas. Una que tan en serio iban sus promesas de campaña, dos, qué tanto control trae sobre sus bancadas y tres, si la disciplina que ha caracterizado al PRI en las últimas fechas puede mantenerse.
No son dos iniciativas cualesquiera. Una es la reforma laboral que figura entre las cuatro reformas que más se han publicitado en la agenda económica de Peña. Ya se sabe que él fue el responsable de frenar la iniciativa -incluso la de su propio partido- en 2011 cuando las bancadas del PRI y el PAN habían logrado sacar un dictamen de consenso. En ese entonces Peña consideró que aprobar la reforma laboral podía dañar las aspiraciones electorales de su candidato al Edomex y las suyas propias. Ya como candidato y hablando de la necesidad de crear empleos y elevar la competitividad se pronunció por una reforma que flexibilizara el mercado de trabajo, hiciera más simple la contratación y el despido y vinculara el salario con la productividad. Estos tres ingredientes están contenidos en la iniciativa de Calderón y los legisladores tendrán 60 días para aprobarla, modificarla o rechazarla.
La iniciativa es importante porque contiene también una serie de cláusulas que proponen avances en materia sindical: mayor democracia en las elecciones de las dirigencias y rendición de cuentas hacia los agremiados. Es verdad que usando de manera mañosa el concepto de autonomía sindical Peña Nieto se pronunció en contra de imponer el voto abierto de las dirigencias sindicales y de la fiscalización de los recursos que reciben y generan los sindicatos, pero esa oposición choca con la idea que quiere implantar de un ejercicio democrático del poder. La negociación de esta reforma no será un día de campo para los legisladores priístasque se tendrán que definir en materia laboral teniendo en sus bancadas a los más poderosos líderes sindicales.
La segunda es la iniciativa para transparentar las finanzas estatales. El tema figura también entre las prioridades de Peña Nieto. En este caso no solo hizo promesas de campaña sino que, pasadas las elecciones, ha vendido la ampliación de la transparencia a los estados como una de sus tres primeros actos legislativos.
Es una iniciativa de importantes consecuencias para los ejecutivos estatales y no hay que olvidar que 21 de ellos son de filiación priísta. Veremos pronto qué les parece a los diputados y senadores que llegaron con el apoyo de sus gobernadores que se les pongan topes al endeudamiento público y privado y que la Auditoría Superior de la Federación pueda investigar el monto y composición de su deuda. Veremos también qué opinan de la transparencia fiscal respecto a sus ingresos y gastos que pondrán en evidencia que el retraso de muchas obras y programas se debe no a que el Gobierno Federal no esté dispuesto a apoyar obras y programas sino a que los propios estados no han previsto las aportaciones a las que están obligados.
En estas dos iniciativas el PRI no tendrá mucho para dónde hacerse. Los legisladores priístas podrán modificar las iniciativas y argumentar que lo hacen para mejorarlas pero no podrán negarse a dictaminarlas.
Su posición quedará exhibida públicamente y de su conducta sacaremos la primera probadita de qué tan en serio va Peña Nieto, qué tanto control tiene sobre su partido y hasta dónde resiste la unidad. ¡Vaya prueba!
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