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| René Delgado |
Vale la pregunta porque pocas veces se revisa la idoneidad del aparato administrativo para afrontar viejos y nuevos desafíos. Tal descuido termina con frecuencia por reproducir o agrandar problemas, en vez de resolverlos. Se duplican funciones, se despilfarran recursos, se agregan instancias a estructuras de raíz inoperantes o, peor aún, se crean dependencias a capricho o dictadas por la urgencia.
Algo de eso ocurre con la Secretaría de Seguridad Pública e inquieta oír que sólo se realizarán ajustes a la estrategia del combate al crimen, cuando no estaría de más considerar si se cuenta con la estructura indicada. Por eso, vale la pregunta.
La Secretaría de Seguridad Pública se creó hace 12 años sin calcular su efecto sobre la Secretaría de Gobernación que, de tiempo atrás, venía perdiendo tareas y recursos... y su impacto sobre las secretarías de la Defensa y Marina.
Desde el salinismo, Gobernación fue objeto de un virtual desmantelamiento. Razones coyunturales y estructurales influyeron en ello. Por un lado, la fuerza impresa a la Oficina de la Presidencia y la desconfianza en el titular de esa Secretaría provocó el traslado de algunas funciones de esa dependencia a Los Pinos. Por otro lado, la dimensión de otros problemas llevó a crear instituciones expresamente destinadas a atenderlos y, como añadido, la política económica del salinismo tuvo efectos secundarios, no calculados, sobre la política política. Faltó visión.
Hubo aciertos y desaciertos en esas decisiones, pero el resultado fue demoledor para Gobernación. El titular de esa cartera dejó de ser non entre pares en el gabinete, aun cuando la leyenda lo niega. El surgimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, luego, del Instituto Federal Electoral, así como la privatización de los medios estatales de comunicación junto con la pérdida de otras palancas de poder resultaron devastadoras sobre Gobernación y su titular.
Si Ernesto Zedillo, antes de asumir la Presidencia de la República, consideró replantearse el funcionamiento de esa Secretaría, "el error de diciembre" anuló la posibilidad de interesarse en esa área de la administración para concentrar la atención en el campo de las finanzas y la economía. Sin embargo, hacia la segunda mitad de ese sexenio, la crisis en seguridad pública hizo ver de nuevo a Gobernación. A Francisco Labastida y Jesús Murillo Karam se les encomendó la tarea de reestructurar las tareas de inteligencia y de policía. Surgió, entonces, la subsecretaría de Seguridad, la Policía Federal Preventiva, el primer (y único) plan nacional de seguridad y se replanteó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
El esfuerzo perdió ritmo y rumbo en cuanto Francisco Labastida pasó a ocupar la candidatura presidencial tricolor y ganó fuerza y velocidad en cuanto Vicente Fox encabezó la Presidencia de la República.
Al foxismo le resultó fácil elevar a rango de Secretaría de Estado, las funciones de seguridad pública.
De la noche a la mañana, se creó la nueva Secretaría, se descuidó la inteligencia y, de paso, se fundó la Agencia Federal de Investigación en la Procuraduría. Todo sin ton ni son, desarticulado. El cerebro debilitado se dejó en un lugar, el músculo fortalecido en otro y el ligamento en otro más. Por si eso no bastara, los cuadros formados por el Estado en esas especialidades fueron, en algunos casos, despreciados por el foxismo y, en otros, promovidos a un nivel superior al de su capacidad.
A la inexperiencia de Santiago Creel en la operación política, se sumó el descuadramiento final de Gobernación. Bucareli se enteraba tarde de los sucesos relacionados con seguridad pública o nacional y carecía de herramientas para actuar. En peor situación no podían estar esa dependencia ni su titular.
La salida de Alejandro Gertz de Seguridad Pública y la aspiración presidencial de Santiago Creel dieron a Fox una oportunidad para regresar Seguridad Pública a Gobernación. La coyuntura, además de permitir corregir el error estructural, era buena para sustituir a Creel en Gobernación con Ramón Martín Huerta, que sí le entendía a la política, pero no a la seguridad. La decisión fue sumar un error: enviar a Martín Huerta a Seguridad Pública y luego, a raíz de su lamentable muerte, a Eduardo Medina Mora.
Felipe Calderón no corrigió, agrandó los errores. Por encima de su capacidad, nombró secretario de Seguridad Pública a Genaro García Luna y éste desmanteló a la Agencia Federal de Investigación, su creatura, para fortalecerse en su nueva posición. Así, ni consolidó a la Agencia ni a la Policía Federal que dejó de ser preventiva. Una buena cantidad de recursos se invirtieron en armar y equipar a la Secretaría de Seguridad Pública, pero no en profesionalizar a su personal operativo. Fue menester, entonces, involucrar de más en más a las Fuerzas Armadas no sólo en tareas de apoyo, sino en tareas sustantivas de seguridad hasta convertir a la Defensa y a la Marina en actores fundamentales de una guerra que, de origen, estaba perdida.
La cadena de errores tuvo un eslabón más: la carrera y la trayectoria de generales y almirantes se equipararon a las de un secretario de Estado nombrado por decreto. El secretario de Gobernación tuvo por función decorar el desastre.
Si el sello del nuevo gobierno no es el del continuismo ni el del alineamiento de la política de seguridad pública al interés de Estados Unidos, Enrique Peña no puede actuar igual que Felipe Calderón ni usar las mismas erramientas.
Por eso, antes de ofrecer el ajuste a una estrategia fallida y de anunciar como prioridad reducir la violencia, o conveniente es revisar si el diseño de la administración en esa área es el indicado. El Presidente electo cuenta con cuadros, hombres de Estado, conocedores de la materia y puede determinar si debe subsistir la Secretaría de Seguridad Pública como tal o reencuadrarla como subsecretaría en Gobernación para, a partir del rediseño, contar con un non entre pares en el gabinete, un operador político con facultades, palancas y recursos que pueda replantear la estrategia y parar la sangría del país. Un ministro del interior como más de una vez se ha mencionado.
El Presidente electo está frente a un gran problema pero, por lo mismo, ante a una enorme oportunidad. La clave está en decidir qué hacer con la Secretaría de Seguridad Pública.
sobreaviso12@gmail.com
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