Los estadounidenses encargados de transferir el dinero dieron largas a las autoridades mexicanas, primero con la excusa de la elección Obama-Romney. Luego fueron más claros: antes de soltar los dólares querían ver qué iba a hacer Peña Nieto con el caso del ex Gobernador priista de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, acusado de coludirse con el crimen organizado y hacer de su tierra un narcoestado.
Al final, la PGR abrió el centro de capacitación con financiamiento propio, porque no llegaron los 14 millones de dólares, a pesar de que la titular de la Procuraduría, Marisela Morales, es consentida de las instituciones de seguridad e inteligencia de nuestro vecino del norte.
La actual administración de la PGR termina en quince días y no va a concluir la investigación que para algunos es el caso de lavado de dinero más complejo de la historia de México: el expediente Yarrington tiene ya cosa de trescientos tomos, implica a aproximadamente setenta empresas y a muchos funcionarios públicos tamaulipecos de su sexenio, acusados de lavar dinero de narcotraficantes y de saquear el presupuesto gubernamental otorgando contratos de obras públicas a empresas que sí existen y están legalmente constituidas, pero que nunca llevaron a cabo dichas obras.
En estas Historias de Reportero ("Los millones de Yarrington", 7 de junio de 2012) le informé que el expediente tiene como testigo protegido clave a "Ángeles", quien según fuentes de alto nivel en la PGR, proporcionó nombres de empresas y personas, cargos públicos y montos, y relató cómo el Cártel del Golfo tenía en Tomás Yarrington Ruvalcaba a un aliado con quien acordaba designar funcionarios, establecer mecanismos de protección, echar mano de prestanombres y fundar empresas –algunas de ellas medios de comunicación que contribuyen al clima de represión contra la prensa que priva aún en la entidad– para lavar dinero. "Ángeles" está hoy bajo custodia de la administración de Barack Obama.
Una sección muy relevante de la indagatoria, quizá la que luce documentalmente más sólida, no tiene tanto que ver con cárteles de la droga, sino con delitos relacionados con la administración pública, como peculado y defraudación fiscal. Lavado de dinero también, pues expone enormes flujos de dinero en efectivo que tienen que ver con malos manejos presupuestales como obras fantasma que se pagaron pero nunca se hicieron, concesiones otorgadas ilegalmente brincándose las normas, nóminas infladas en empresas constructoras, privilegios a industrias que "coincidentemente" manejan mucho cash en sus cuentas.
Veremos si se aplica el examen y si lo pasa.
Saciamorbos
El que encabezaba el caso dejó de hacerlo el jueves.
Leído en http://www.noroeste.com.mx/opinion.php?id_seccion=104
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