sábado, 17 de noviembre de 2012

Luis Felipe Bravo Mena - Democracia o cleptocracia


Con la aprobación de las reformas a las leyes federales del Trabajo y a la de Contabilidad Gubernamental, enviadas por el Presidente Calderón al Congreso con el carácter de iniciativa preferentes, esta nueva herramienta legislativa pasó su primera prueba y demostró su potente potencial transformador.
En menos de tres meses se concluyó un largo debate sobre la reforma laboral que duró mas de un decenio. Las petrificadas normas que regulaban las relaciones obrero-patronales fueron puestas al día y se repuso en la agenda nacional la discusión para democratizar a las organizaciones sindicales.
Menos tiempo se tomaron los senadores y diputados para endurecer las reglas de contabilidad en los gobiernos locales. Las nuevas disposiciones están orientadas a horadar la muralla de opacidad en la que hasta ahora se han atrincherado los gobernadores y presidentes municipales para evadir una auténtica rendición de cuentas.





La reformada Ley de Contabilidad Gubernamental es veneno puro para exterminar el “feudoralismo” en el que se ha convertido el territorio nacional. Una variada colección de nefastas satrapías de todos los colores se enseñoreó sobre lo que deberían ser entidades federativas y municipios libres en una república democrática. Los monarcas que las encabezan disponen de los recursos públicos, contratan créditos con alegre y displicente irresponsabilidad, saquean las arcas para financiar sus megalómanos sueños de poder y manipulan las finanzas para subvencionar costosas maniobras paraelectorales.
No son exageradas estas afirmaciones. Basta mencionar como botones de muestra los pasivos que ahogan a Michoacán, Coahuila, Nayarit, Tabasco y una larga lista de estados que se encuentran en la misma situación, sin que su población vea aplicadas en obras e inversiones para su bienestar los alucinantes montos que importan semejantes adeudos. Lo único que saben es que sus gobernadores se construyen lujosas oficinas y se mueven a diestra y siniestra en proyectos presidencialistas.
Los presidentes municipales no cantan mal las rancheras. Un caso reciente nos habla de cómo andan las cosas por estos rumbos: Luis Walton, alcalde de Acapulco lanzó un desesperado SOS a la federación para que lo rescate de la ruina en la que lo dejó su antecesor Añorve; éste, a su vez, responde que así se lo dejó Macedonio, quién lo precedió en el cargo. En resumidas cuentas, lo que único que se ve claro es que allí todos han bailado una tropical alternancia de rapiña.
Por todos los rumbos del país vemos pueblos y ciudades en donde la incuria es el sello distintivo de los servicios públicos. De la seguridad mejor ni hablamos. Y es cosa normal escuchar que los empleados municipales protestan porque se les deben quincenas atrasadas y que las tesorerías municipales no pueden con el fardo de sus abultadas nóminas ahítas de una singular burocracia; verdaderas cortes reales integradas por compadres, operadores políticos y comisionados al servicio de los proyectos personales del jefe. El complemento a todo esto es la proliferación de anuncios espectaculares y el despliegue de costosísima publicidad en medios masivos de comunicación para cantar las glorias de los pimpantes gobernantes que reclaman el aplauso agradecido de sus súbditos.
Es de esperarse que las nuevas obligaciones impuestas para llevar las cuentas públicas cierren el margen de maniobra por donde hasta hoy han cabalgado a sus anchas la corrupción, el dispendio y el cinismo de gobernantes presuntuosos y prepotentes. Enhorabuena. Debemos felicitar al Ejecutivo, a los legisladores y a los dirigentes políticos que lo hicieron posible, pero nos toca a los ciudadanos mantenernos vigilantes para que se apliquen en el espíritu y en la letra estas nuevas leyes, de lo contrario todo quedará en una nueva historia de simulación y complicidades.
La misma supervisión debemos sostener con la nueva institución que se va a crear para combatir la corrupción. El presidente electo Peña Nieto anunció una reforma en la administración pública federal por la que sustituirá a la Secretaría de la Función Pública por un nuevo organismo con mayores facultades y dientes.
Envió la propuesta al Congreso por conducto de las bancadas de su partido. Es de esperarse que reciba el apoyo de todas las fuerzas políticas y se le dispense un trámite como si fuera una iniciativa preferente para reforzar rápidamente el aparato estatal anticorrupción.
En el papel, la intención parece buena. Mientras no se le ocurra nombrar como integrantes del nuevo organismo a representantes de la cleptocracia tricolor o a personajes del mismo jaez todo irá bien. También se debe evitar sujetarla al juego de lealtades inconfesables o utilizarla para el pago de apoyos de los poderes fácticos . Que no se repita lo ocurrido con el IFE, la Comisión Federal de Competencia y tal vez al IFAI, que de ser dechados de decoro y prestigio han sido gravemente lastimados por el manoseo político.
En las próximas semanas México puede dar pasos muy importantes para ser a una democracia decente o una cleptocracia encubierta. Estemos alertas.
Analista político

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