Ricardo Alemán - Luto por la muerte de Michoacán

El estado libre y soberano de Michoacán, como lo define el Artículo 40 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, ha muerto. Michoacán ya no es más un “estado libre y soberano en todo lo concerniente a su régimen interior”. En realidad es un territorio en poder de las bandas criminales.

La gobernabilidad en el estado de Michoacán, como la define Bobbio, no existe más. Lo que hay en Michoacán es una grave “espiral de ingobernabilidad”, que se caracteriza “por la disminución de la confianza de los ciudadanos, respecto de las instituciones de gobierno, y la falta de credibilidad en los gobernantes”.



Por eso –por la ingobernabilidad– proliferan las llamadas “autodefensas”; en algunos casos grupos sociales que responden de esa manera al imperio de las bandas criminales y, en otros casos, son un abierto montaje de las propias bandas criminales.

Lo que antaño conocimos como el estado de Michoacán hoy es un “territorio perdido” que disputan el Estado mexicano y las bandas criminales, Y el propio Enrique Peña Nieto así lo reconoció en declaración pública –el 23 de julio a bordo del avión presidencial TP-02–, en la que el Presidente dijo: “Yo creo que se ha perdido, ha habido espacios que se han dejado o que ha ganado, lamentablemente, el crimen organizado, y por eso tenemos el operativo que comenzó hace varias semanas y tiene el propósito de lograr una recuperación territorial de la zona donde hay un debilitamiento de las autoridades locales”.

Más aún, el Gobierno legal y constitucional en Michoacán no existe desde hace años. ¿Por qué? Por razones que están a la vista de todos. Porque en no pocos casos tanto gobiernos municipales como diputados locales, federales, senadores y el propio Gobierno estatal han dado claras muestras de cohabitación con las bandas criminales.

Y si tienen dudas, basta recordar que el Gobierno perredista de Leonel Godoy palomeó y empujó la candidatura a diputado federal de su hermano Julio César, quien –a sabiendas de que era un probado integrante de “La Familia Michoacana”– fue metido a escondidas al recinto de San Lázaro por otros diputados federales que se aseguraron de que el narcotraficante Julio César Godoy fuera declarado diputado federal.

¿Y quién se escandalizó entonces por el agravio al recinto de San Lázaro? ¿Quién fue sancionado? ¿Quién pidió perdón por ese despropósito, entre líderes políticos y los legisladores? Todos callaron en una grosera complicidad. Por eso las preguntas obligan.

¿Cuántos de los 113 presidentes municipales de Michoacán llegaron a sus cargos al margen de la presión, la compra y/o la imposición de las bandas criminales? ¿Cuántos de esos alcaldes realmente gobiernan de manera soberana, al margen de poderes fácticos como lo establece el 40 constitucional?

¿Cuántos de los 43 diputados locales –18 del PRI, 13 del PRD, 9 del PAN y uno del PT, Panal y PVEM– llegaron al cargo sin la presión y el financiamiento del crimen organizado. ¿Cuántos de los cinco senadores están libres de culpa? ¿Cuántos no fueron tocados por “el beso del narco”? ¿Cuántos de los 19 diputados federales no han sido tocados por el financiamiento y/o el patrocinio de las bandas criminales que mantienen el control territorial de Michoacán? ¿Quién mete hoy las manos al fuego por los políticos y gobernantes michoacanos?

Seguramente nunca conoceremos las respuestas a las anteriores interrogantes. Pero lo que sí sabemos es que en la muerte de Michoacán son corresponsables, por igual, políticos y gobernantes –del PRI, PAN y PRD–, todos tienen una buena dosis de culpa. Y es que no se entiende el grado de organización, control político, policiaco y hasta control y social por parte de bandas criminales –como “La Familia Michoacana”, en su momento y hoy los “Caballeros Templarios”–, sin la complicidad de políticos y gobernantes.

Y esa misma complicidad hizo posible que Julio César Godoy fuera candidato del PRD a diputado federal y que a escondidas lo hicieran diputado sus comparsas de San Lázaro. Esa misma complicidad hizo posible que con suficiente tiempo de ventaja los “jefes templarios” huyeran del municipio de Aguililla.

Y son muchos los indicios de que esa misma complicidad condujo al convoy del vicealmirante Miguel Salazar Ramonet, a una celada mortal. Y es que en medio de una guerra como la que vive Michoacán, no hay lugar para casualidades: los matarifes estaban apostados en espera de un vehículo oficial.

Lo preocupante es que si todos saben que Michoacán se pudrió, nadie corte lo podrido para restaurar el poder, la legalidad y la seguridad. Y el primer paso es declarar la desaparición de poderes. Al tiempo.


Fuente: El Universal