“[…] No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencia o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.”
—Artículo 9 de la Constitución.
En meses recientes las turbas del Movimiento Popular Guerrerense han hecho lo que han querido para mostrar su repudio a la reforma educativa. Pero el miércoles 24 de abril se desbordaron. Aquel día, lo que vimos a través de los medios fue un arrebato que intimida e impone su ley, ante la parálisis y el miedo de las autoridades.
El asalto a las oficinas de los partidos en Chilpancingo tuvo como propósito castigar la osadía de los diputados de legislar, es decir, de evaluar en sus méritos la iniciativa presentada a su consideración, en vez de aprobar, sin chistar, lo que dispone la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación.
No sólo eso, quemaron los archivos de la Contraloría interna de la SEP en Guerrero porque, según explicaron, allí se estaban preparando actas de abandono de empleo. Unos días después volvieron a las andadas y dirigieron su furia contra la casa de gobierno.
Acostumbrados a la estridencia como forma de lucha, ante la flacidez y la irresponsabilidad de los gobernadores, los llamados maestros “democráticos”, una y otra vez repiten la misma receta: 1) plantean pliegos petitorios en los que se mezclan demandas razonables, justas, con otras desmesuradas; 2) muestran el músculo a través de la movilización de miles de sus agremiados; 3) intimidan con su beligerancia, que incluye daños a edificios históricos, cierre de carreteras, bloqueo de oficinas públicas, daños a comercios y robos de su mercancía, alegando derechos constitucionales; y 4) doblegan a las autoridades que pronto abandonan el discurso de aplicación de la ley y ceden a sus pretensiones. Así se cierra el círculo: logran nuevas “conquistas” y fortalecen sus liderazgos. Cuento de nunca acabar.
En los raros casos en los que las autoridades hacen lo que les corresponde: descontar los salarios a los maestros faltistas, iniciar averiguaciones ante delitos flagrantes, obtener órdenes de aprehensión o, incluso, detener a algunos de los líderes, las movilizaciones y las amenazas obligan a los gobiernos a instalar “mesas de diálogo” en las que los primeros acuerdos incluyen: el pago de los salarios retenidos, la cancelación de las actas de abandono del empleo y de las órdenes de aprehensión y la respuesta favorable a algunos de los puntos de su pliego petitorio; es decir, pactan la impunidad, la sumisión del Estado.
La ira desatada por los profesores de la CNTE expresa una patología social y hace imperativo entender, más allá de las demandas que reivindican, qué es lo que está detrás de su movimiento; y lo cierto es que sus cuadros más radicales no están combatiendo la reforma constitucional en materia educativa, o no sólo eso, están haciendo la revolución.
El canto de los contingentes marchando por las calles de Chilpancingo dice mucho: “Venceremos, venceremos… ¡Al Estado sabremos vencer!”.
Por eso, más allá de las banderas que hoy levantan, lo que realmente buscan es, en un primer momento, someter a los poderes constitucionales y, más allá, reemplazar, por las buenas o las malas, al “sistema político y económico burgués” y poner en su lugar un “gobierno popular”. Si las autoridades no asumen que están ante una maquinaria política y social que busca derrotar al Estado, seguirán dando “palos de ciego”: novatos funcionarios se enfrentan a “huesos duros de roer” que han aprendido, desde hace décadas, a domesticar a las autoridades.
Un primer paso ineludible en el restablecimiento del Estado de derecho, del que tanto se habla, es, precisamente, que la autoridad se niegue a negociar la ley y, por el contrario, la cumpla y la haga cumplir como lo dispone el mandato constitucional.
La interrogante es si los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera tendrán con qué apaciguar a una organización activa, cohesionada y “dura”, en la que militan decenas de miles de profesores, que tiene vínculos con la guerrilla y con agrupamientos sociales radicales, que portan agravios ancestrales —la coexistencia de cacicazgos con el abandono y la pobreza extrema en anchos territorios de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán—, y cuyos liderazgos están copados por las facciones más sectarias e intransigentes.
Twitter: @alfonsozarate
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