Durante muchas décadas, los maestros de México han sido usados para causas políticas ajenas a las tareas de la educación.
Aprovechando los bajos salarios que hace años percibían y su presencia en todos los rincones del país, el PRI y sus antecesores organizaron a los profesores para usarlos en las campañas políticas y en los procesos electorales como carne de cañón a cambio de prebendas y propinas.
El mismo método utilizaron también los grupos de la izquierda: apoyarse en las organizaciones de maestros para obtener militantes comprometidos de tiempo completo y pagados puntualmente por el gobierno.
De ahí que la gran mayoría de los dirigentes políticos del país, del centro a la izquierda, hayan sido maestros; de ahí que los grandes movimientos reivindicatorios de México hayan surgido en los espacios educativos, y de ahí también que sean los maestros los más experimentados y duros combatientes políticos. Por tanto, sería un error menospreciar ahora la capacidad de insurgencia de los maestros radicales.
Por otro lado, la gran diversidad económica y cultural del país refleja su falta de homogeneidad, sobre todo en los temas educativos. Son obvias las diferencias entre los alumnos de las aulas del Distrito Federal o Monterrey con los de las zonas rurales de Oaxaca o Chiapas.
Por estas razones y después de serias reflexiones, el gobierno federal en 1992 diseñó un convenio de descentralización con todas las entidades federativas para ubicar los recursos y las decisiones educativas fuera del Distrito Federal y enviarlas a los lugares donde ocurre el proceso de enseñanza: las escuelas y las comunidades.
Desafortunadamente, el proceso se detuvo y se deformó por la oposición de la cúpula del SNTE encabezada, desde entonces, por Elba Esther Gordillo, quien se resistió al cambio para conservar su dominio nacional.
El resultado de esta descentralización parcial y fallida lo tenemos en las calles del DF. Los disidentes sindicales de los estados que se salieron hace años del control gordillista presionan y se movilizan tanto en sus lugares de origen como a nivel nacional. En el Distrito Federal demandan prebendas nacionales que dependen de la SEP y allá, en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, exigen dineros locales que dependen de autoridades permanentemente aterrorizadas y chantajeadas.
La única solución de fondo para estos asuntos educativos y políticos es continuar, hasta culminar, la descentralización de la educación básica hacia los municipios. Así ocurre en los países desarrollados, donde los gobiernos locales comparten la responsabilidad educativa básica con los padres de familia y las autoridades de las comunidades. Entre otras cosas, porque son ellos, los padres, los únicos —por ser más— que no temen someter a los maestros a las reglas de trabajo.
Ése es, a nuestro juicio, el único camino político no represivo y negociable para salir del actual conflicto: mejorar el dictamen de Ley para el Servicio Profesional Docente, estableciendo lineamientos técnicos nacionales a través del Instituto de Evaluación, pero descentralizando los procedimientos operativos
hacia los estados y las escuelas. Es difícil lograr cualquier otro arreglo en las cuatro entidades disidentes. Y hay que evitar el fracaso o la represión.
hacia los estados y las escuelas. Es difícil lograr cualquier otro arreglo en las cuatro entidades disidentes. Y hay que evitar el fracaso o la represión.
Más temprano que tarde ocurrirá la única decisión lógica para la educación preescolar, primaria y secundaria: establecer parámetros nacionales de desempeño y, al mismo tiempo, descentralizar los recursos y las decisiones. Es imposible pretender manejar un proceso educativo en que participan millones, en miles de espacios diferentes, desde una oficina del Distrito Federal.
El ejemplo está en los Estados Unidos y otros países desarrollados, donde el gobierno federal no opera la educación básica.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor, sean civilizados.