Ha pasado ya un mes de los 120 días que marcó el presidente Peña Nieto para sacar a adelante las reformas que son el centro de su administración y lo cierto es que, hasta ahora, no hay avances en ninguna de ellas. Según el calendario político ideal que se había confeccionado, ya tendríamos que tener en estas fechas mucho más avanzada una discusión y un debate que, hasta ahora no se han dado, ni dentro ni fuera del Congreso sobre la energética, por ejemplo. Por el contrario, ese debate se ha vuelto más complejo porque se han sumado temas que se condicionan mutuamente y pueden paralizar el proceso: si hace algunas semanas hablábamos de reforma energética y fiscal como las principales, ahora hay que agregarle también la político-electoral y muchas otras que se han ido acumulando, tanto para su revisión en alguna de las cámaras como para elaborar leyes secundarias o para hacer designaciones de todo tipo de funcionarios, desde consejeros electorales hasta de distintos organismos desconcentrados. Lo cierto es que el tiempo se acaba y salvo la ley de ingresos y el presupuesto, que tienen fecha de caducidad, todo lo demás parece estar en el aire.
La reforma fiscal propuesta ha sido uno de los elementos que ha detenido ese debate. La iniciativa es controvertida, para muchos confusa, para otros simplemente es recaudadora y opera contra los de siempre: contra los causantes cautivos. Ya hay medidas propuestas que se dice que no pasarán (el líder del PRI en diputados, Manlio Fabio Beltrones, ya adelantaba algunos de esos puntos, incluyendo el tema de las colegiaturas), pero el verdadero secreto de todo esto pasa por ser mucho más sensatos en lo fiscal, pero por sobre todas las cosas en sacar adelante la energética. Corregir el andamiaje fiscal puede aceptar mayores debates y tiempos, pero mantener el sector energético en las mismas condiciones legales de hoy es simplemente criminal, para la sociedad, para la economía y para la gente.
El problema es que ahora, antes de lo energético, tendrá que salir una reforma político electoral. Siempre he insistido en que poner por delante lo electoral es lo que ha terminado frustrando las reformas estructurales. Desde el fin del gobierno de Carlos Salinas hasta hoy, siempre ha habido reformas electorales que antecedieron a estas mismas iniciativas que ahora estamos discutiendo (energía y hacienda) que a la mera hora no salían o salían a medias porque el interés, “la voluntad” política, se apagaban. Dicen que ahora no será así, pero una vez más ello dependerá de esa “voluntad” tan voluble en nuestros partidos.
Y es que la política partidaria es demasiado valorada y el esquema electoral termina siendo siempre un mecanismo para perpetuar los espacios de poder de los propios partidos. A la gente, en realidad, la reforma político-electoral le importa poco o nada. Pero es un instrumento idóneo para que los partidos juguen con sus propios equilibrios de fuerzas y ver cómo distribuyen sus propias cartas.
Que la vida política que se plantean los partidos y las necesidades de la gente van por vías completamente diferentes lo podemos comprobar con un sólo dato. En el controvertido paquete económico para 2014, el gobierno federal se plantea recaudar con el IVA a colegiaturas (un impuesto que le dolerá, si se aprueba, muchísimo a la clase media) unos 11 mil millones de pesos adicionales. ¿Sabe usted cuál va a ser el presupuesto del Instituto Federal Electoral en el 2014, año en que no hay elecciones federales ni estatales, un presupuesto que se va, en un muy alto porcentaje directo a las bolsas de los partidos? Nada menos que 14 mil 800 millones, con un aumento, respecto al 2013, de 12%, en un año, insistimos, en que no hay elecciones.
¿Cómo puede ser que buena parte de la clase media en el país tenga que hacer esfuerzos económicos y fiscales tan notables para recaudar una suma de dinero que ni siquiera alcanza para cubrir el gasto de un instituto electoral y de los partidos?, ¿cómo puede ser que se le otorgue un aumento de 12% al IFE en un año no electoral?
En el corazón de todo esto se halla otro punto: sí habrá reforma electoral, y como todas las anteriores ello repercutirá en un aumento del gasto público en ese ámbito. Pero ¿no tendríamos que poner como exigencia que en lugar de ampliar el gasto político-electoral, el mismo se debería de reducir, al igual que la mayor parte del gasto gubernamental corriente antes de castigar a los contribuyentes cautivos?, ¿no se pueden reducir trabajadores, diputados, senadores, asesores, gastos de financiamiento a partidos, a campañas en el mundo político?, ¿no podemos tener una vida política mucho menos cara, como en otros países?, ¿no es hora de que la política no sólo sea más barata, sino también más sensible y eficiente? Pregunte usted en el Congreso.
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