Con base en información de las empresas y de Hacienda, exponen algunos ejemplos de empresas beneficiadas por el “régimen de consolidación fiscal”, según el cual las empresas difieren pagos de impuestos hasta por 5 años en virtud de pérdidas fiscales en el ejercicio. Ejemplos: Elektra, Bimbo, ALFA, Bachoco, AHMSA, TV Azteca, Walmart e ICA. No obstante, de acuerdo con informes de la Secretaría de Hacienda los beneficiaros incluyen no menos de 400 grupos empresariales que disfrutan de un paraíso fiscal mientras los causantes cautivos, clase media y trabajadores, pagan las tasas más altas.
Un ejemplo alternativo se expone en un documento elaborado para la Cámara por el entonces diputado (2009) Mario Di Constanzo (bit.ly/31papB) , en el que 12 de los más grandes grupos empresariales del país, entre ellos algunos de los mencionados arriba, pagaron en promedio 1.6% de impuestos en relación con sus ventas en 2008, mientras que Pemex aportó en el mismo año 58% de sus ventas al fisco. En pocas palabras, a falta de contribuciones privadas, la hacienda pública se sostiene principalmente con recursos propiedad de la nación y las contribuciones de los cautivos. Se alega que la medida propuesta para eliminar ese régimen afectará la productividad de las empresas y su capacidad de generar empleo. La pregunta que surge de inmediato es ¿por qué la totalidad de los países que forman parte de la OCDE, al igual que México, tienen tasas de recaudación en promedio de más del 30% del PIB, mientras que nosotros aportamos apenas 18% y si le quitamos las contribuciones por ingresos petroleros apenas rebasa 10%.
Es evidente que esta es una situación insostenible. Los recientes desastres naturales han puesto en evidencia la falta de infraestructura adecuada para hacer frente a contingencias como las provocadas por la lluvias torrenciales. Los datos proporcionados por el Coneval sobre pobreza y marginación son indignantes. No es casualidad que los sectores más desprotegidos sean los que más sufren contingencias económicas o naturales. También sabemos que los pocos recursos que, debido a las limitaciones fiscales de la hacienda pública, se destinan a obras de infraestructura y de beneficio social no siempre llegan a donde debieran porque son interceptados por redes cleptocráticas en las que participan diversos actores cuyas oportunidades de “salirse con la suya” siguen siendo grandes, según lo reportan organizaciones civiles y las víctimas de “robo en despoblado”.
Ordinariamente el tema fiscal es reducido a su dimensión económica de ingreso-gasto. Pero tiene mucho más de fondo. La cuestión fiscal es un asunto que implica a las instituciones (y, por consiguiente, acuerdos) que se encargan de proporcionar los medios para que haya una sana administración de los recursos y bienes públicos, y de vigilarlos. Estas son instituciones de Estado para producir un orden satisfactorio en consonancia con los estándares éticos y filosóficos de una sociedad civilizada. México está muy lejos de contar con esas instituciones.
La pobreza, la marginación y la desigualdad se originan en la ausencia de medios para desarrollar capacidades de las personas para hacer frente a sus necesidades con actividades productivas. La productividad de una economía es inseparable del acceso de la población a educación, salud, acceso a justicia, comunicaciones, buena administración, infraestructura urbana y rural, transportes eficientes, reglas de imparcialidad y “juego limpio”, entre otras. Si miramos las cifras de cobertura de la educación en todos sus niveles y las de servicios de salud, la conclusión es que en México hemos organizado un verdadero desastre social. Una parte se debe a la falta de recursos y otra a la dudosa organización institucional para administrarlos adecuadamente con la finalidad de salir del subdesarrollo.
El país tiene dos mundos que son, al parecer, irreconciliables. Una élite económica que se codea con sus pares en otras partes del mundo, y una masa gigantesca separada de ella por un abismo que no ha cerrado la genealogía de políticas destinadas a lograrlo. Esos cuantos que forman una parte infinitesimal del primer decil de ingresos, entre los que se encuentran los propietarios de las empresas señaladas, parecen no tener nada que ver con el resto. Y así es, porque el Estado no ha generado ese vínculo en materia de derechos y obligaciones para todas las partes. Si la reforma fiscal se orienta a suturar esta herida habremos dado un gran paso para ubicar al país en una realidad diferente.
@pacovaldesu
Leído en http://www.vanguardia.com.mx/columnas-mexicomundosirreconciliables-1842400.html
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