A lo largo de las últimas semanas, la capital se ha visto desquiciada por las estruendosas protestas callejeras. Al principio, las autoridades minimizaron el conflicto -ante los pasmados ojos de los ciudadanos, llegaron a afirmar la inexistencia del movimiento-, mientras los manifestantes bloqueaban calles y avenidas, llegando a obstaculizar el acceso al aeropuerto. Si hasta el momento el presidente había gozado de un amplio margen de aprobación por sus arriesgadas decisiones políticas, su imagen -al igual que la del alcalde- se ha desplomado en las encuestas, sobre todo entre las clases medias y altas. Hartas de embotellamientos que duran horas, exigen mano dura al gobierno, que en su opinión se ha mostrado incapaz de hacer frente a los disturbios.
La confrontación entre policías y paristas se ha tornado cada día más violenta, con un saldo que suma ya decenas de heridos. Según los responsables de los cuerpos de seguridad, jóvenes radicales infiltrados entre los organizadores son los responsables del caos: "Desafortunadamente varias de estas manifestaciones fueron aprovechadas por vándalos que sólo quieren causar caos y destrucción, y dañar los bienes públicos y privados. No hay protesta, por justa que sea, que amerite la pérdida de una vida".
Hace unos días, los sectores más conservadores del país presentaron un proyecto para endurecer las sanciones contra quienes alteren el orden público. Según sus defensores, estas medidas buscan "evitar desmanes en las manifestaciones", sin por ello conculcar el derecho de protesta, aunque diversos colectivos de derechos humanos -y buena parte de la oposición- denunciaron el peligro de reformar el código penal. Para defenderse, uno de los artífices del proyecto declaró: "La protesta social es legítima, la promovemos, la respetamos e invitamos a los ciudadanos a que se manifiesten, pero no es aceptable cuando termina en bloqueos que atentan contra los derechos de los ciudadanos, pero más grave aún es una promoción de la violencia, por eso quienes promueven estas protestas van a tener que pagar las consecuencias".
De acuerdo con el nuevo proyecto de ley, "quien incite, dirija, participe, constriña o proporcione los medios para obstaculizar [...] las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la movilidad, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de 3 a 5 años". Y añade que, si se utiliza capucha o algún elemento que impida la identificación, la sanción podrá llegar a seis años y medio, sin beneficio de reducción de penas. En contraposición, uno de los más destacados líderes de izquierda replicó: "Éste es un gobierno tramposo, dice que va a solucionar los problemas y prepara las medidas para que la gente no pueda protestar.".
Aunque este escenario parecería describir con cierta precisión lo que ocurre en la Ciudad de México, en realidad pertenece a la Bogotá donde aterricé hace unos días. Tras la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, miles de productos agrícolas de este país han abarrotado los comercios colombianos, desplazando a los productos locales. Enfrentados a una competencia desleal, abandonados en sus comunidades y desprovistos de vías rápidas para transportar sus productos, los campesinos decidieron poner en marcha un Paro Nacional Agrario que no tardó en ser secundado por otros sectores inconformes, como los maestros.
De bloqueo en bloqueo, la situación admite paralelismos: la llegada de un presidente pragmático, tras varios años de un presidente ideológico que no admitía otra verdad que la suya; la aprobación de reformas necesarias, pero que inevitablemente afectan a grupos siempre desfavorecidos; ásperas protestas y bloqueos, que de inmediato suscitan la animadversión de las clases medias y de comunicadores que apenas dudan en exigir su aplastamiento. En resumen: las contradicciones propias de naciones que, pese a sus avances, continúan divididas por una pavorosa brecha social.
Al final, en un caso y otro, tendríamos que ver a los campesinos colombianos o a los maestros mexicanos, más que como agentes perniciosos, revoltosos sin principios o vándalos -aquí y allá los líderes de opinión no se cansan de emplear este epíteto-, como el odioso síntoma de un mal mayor: un pacto social que, a lo largo de los últimos decenios, ha impulsado el rápido enriquecimiento de unos cuantos en detrimento de millones que continúan al margen de cualquier mejora -y, lo que es peor, al margen del discurso de éxito que enarbolan políticos y empresarios de sus países. Frente al discurso del odio que se exacerba en momentos como éste, lo que se necesita es que las autoridades no se dejen presionar y actúen con la mayor prudencia y sensatez. No se trata de compartir la estrategia o las ideas de los manifestantes -casi siempre borrosas e inasibles-, sino de mirar los bloqueos como quien mira la llaga abierta en una sociedad herida.
Originalmente publicado en el diario Reforma, 15.09.13
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