Una reformita. Una curita. Un parche. Algo que no resuelve el problema de fondo, sino que coloca un alivio temporal sobre él. Así es la Reforma Hacendaria propuesta por Enrique Peña Nieto. Así debería interpretarse. No como una gran iniciativa, sino como una pequeña intervención. No como algo que va a revolucionar la relación del contribuyente con el Estado, sino como algo que la perpetuará tal y como está. No como la renegociación del pacto fiscal prevaleciente, sino como la continuación del que ya existe. Con la misma petrolización, con la misma elusión, con la misma base de contribuyentes cautivos. Peña Nieto no busca cambiar el acuerdo fiscal actual basado en pocos ingresos, mucho gasto y uso de la renta petrolera para cubrir los huecos. Quiere darle respiración artificial.
Mediante el acotamiento de los regímenes especiales y la eliminación del IETU y el impuesto a las gasolinas y el aumento al ISR para personas físicas de altos ingresos y el gravamen para ganancias en el Bolsa y el límite de las deducciones personales y la homologación de las tasa fronteriza del IVA y el pago de intereses sobre hipotecas. Pero todo ello equivale tan sólo a 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto. Todo ello recaudaría nada más 240 mil millones de pesos extras. Todo ello no resuelve el reto de la baja recaudación en México. Todo ello no cura la enfermedad de un Estado que recauda poco y gasta mal. Nuestro pacto fiscal inequitativo, precario y petrolizado sigue intacto.
Porque Peña Nieto colocó su apuesta a la izquierda institucional por encima de su apuesta a una Reforma Hacendaria integral. Porque Peña Nieto decidió subir las tasas impositivas a los cautivos en vez de la eliminación completa de privilegios. Porque la reforma busca construir apoyos sociales al no incluir un alza de impuestos para 80 por ciento de la población que gana menos de 5 salarios mínimos. Es una reforma que quiere seguir apuntalando al Estado dadivoso, generoso, clientelar. Es una reforma del ogro filantrópico reloaded.
Su objetivo no es detonar el crecimiento económico, sino seguir financiando el gasto. Su meta no es racionalizar lo que el Estado distribuye, sino asegurar que pueda seguir haciéndolo.
Y sí, golpea a la clase empresarial al reducir algunos privilegios como el régimen de consolidación fiscal. Y sí elimina algunos regímenes especiales y tratamientos preferenciales. Pero no es una reforma que contemple el fin de amplios espacios para la corrupción, que entrañe acabar con todas las lagunas y los huecos y las evasiones, que intente despetrolizar los ingresos del Estado o racionalizar cómo los usa. Y de allí que se quede corta. Y de allí que constituya tan sólo un afán recaudatorio y no un esfuerzo verdaderamente redistributivo. Y de allí que refleje a un Estado que quiere intervenir más sin que eso entrañe que recaude mejor o gaste con más transparencia.
Porque lo que sí contempla la reforma es gastar. Gastar. Seguir gastando. Va a generar presión permanente al gasto al introducir a la Constitución el derecho a la pensión universal y el seguro de desempleo. Va a aumentar el gasto por la instrumentación del programa de escuelas de tiempo completo. Va a aumentar el gasto por encima de los ingresos y a ampliar el déficit presupuestal. Va a dejar atrás la disciplina fiscal que caracterizó al panismo y es desdeñada por el priísmo. Estamos presenciando una expansión importante del Estado en la economía. Estamos viendo cómo empuja los límites de su intervención. Sin controles. Sin supervisión. Sin racionalización.
Aunque la reforma contempla algunos procesos de mayor control del gasto – como centralizar el pago de la nómina en educación – en realidad incluye pocos candados. No hay forma de enfrentar el pago de las partidas presupestales que más crecen, como el pago a pensiones de trabajadores del gobierno. No hay manera de reducir el exceso de recursos con los que cuentan los partidos políticos. Lo que sí hay es un incremento del gasto per se. Lo que sí queda claro es que el gasto neto público alcanzará un máximo histórico si la propuesta de Peña Nieto es aceptada. Y el problema es que no sabemos si los recursos adicionales se irán a los bolsillos de los burócratas o a la construcción de carreteras. Si se usarán para comprarle otro departamento a Carlos Romero Deschamps o para impulsar la movilidad social de sus agremiados.
Porque la reforma planteada no busca resolver a fondo el problema de nuestro pésimo pacto fiscal. No resuelve los dilemas generados por unos impuestos insuficientemente recaudados, por un gasto ineficientemente asignado, por unos recursos públicos lamentablemente distribuidos. No intenta cambiar la dinámica histórica de un Estado que tiene poca legitimidad para exigir más cuando gasta tan mal. Si eso no cambia, no habrá esfuerzo recaudatorio que sea suficiente. Y los cuidadanos seguirán evadiendo impuestos. Y los oligarcas empresariales seguirán eludiendo su pago. Y el Estado, en lugar de reescribir un pacto fiscal disfuncional, le seguirá colocando curitas.
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