Sergio Sarmiento - Los comunes

"Lo que es de todos no es de nadie".

 Anónimo

La lluvia que ha caído sobre nuestro país en estas últimas semanas habría generado inundaciones serias sin importar las circunstancias. La precipitación ha sido enorme. Según David Korenfeld, director general de la Conagua, éste ha sido el septiembre más lluvioso en el país en los 100 años para los que hay registros.

Mucho del daño sufrido, sin embargo, habría sido menor si nuestro país tuviera un real Estado de derecho con respeto pleno a los derechos de propiedad.

La presa La Parota, programada para construirse sobre el río Papagayo desde hace años, y una de cuyas funciones era precisamente controlar o cuando menos moderar las crecidas de este cauce, nunca pudo ser construida por la debilidad de los derechos de propiedad.




Esta misma falta de derechos ha sido responsable de la tala inmoderada y el deterioro ecológico de las laderas de los cerros en Guerrero, Oaxaca y Michoacán, entre otras entidades. Lo anterior lo señalaba este miércoles, 25 de septiembre, el economista Luis de la Calle en una conferencia sobre desarrollo y derechos de propiedad en la Escuela Libre de Derecho en la que también participó el autor peruano Álvaro Vargas Llosa con apoyo del proyecto Caminos de la Libertad.

En los países con un real Estado de derecho la propiedad es protegida por la ley, pero se acepta el derecho del gobierno a expropiar predios por causa de utilidad pública. Para que esto se pueda hacer, sin embargo, el gobierno está obligado a pagar una indemnización previa que cubra el valor de mercado de la propiedad.

En México, para empezar, se expropia de manera discrecional. La indemnización no sólo no cubre el valor de mercado, ya que se aplica a valor catastral, sino que puede demorar años o décadas en cubrirse. Por eso es tan fácil montar movimientos políticos para impedir expropiaciones como los que se montaron para impedir la construcción de La Parota o los que llevaron a la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

A los ejidatarios de San Salvador Atenco se les ofrecían centavos por terrenos que en el aeropuerto costarían millones. La falta de derechos claros de propiedad en los cerros de nuestro país -que se encuentran en buena medida en manos del gobierno federal, ejidos o comunidades indígenas- genera incentivos perversos para que vecinos y lugareños los deforesten. Lo que es de todos, nos dice la sabiduría popular, no es de nadie. Los cerros mexicanos sufren una repetición de la "tragedia de los comunes" de la vieja Inglaterra de los siglos XVIII y XIX. Los "comunes" eran tierras que al no pertenecer a nadie sino a la comunidad, se deterioraban por un exceso de pastoreo.

El incentivo económico y la naturaleza humana llevan a sobreutilizar lo que es de todos y a cuidar sólo lo que es de uno. Señala Luis de la Calle que la construcción de carreteras con trazos rectos o de presas que sirven a la comunidad es expresión de la claridad de los derechos de propiedad en los países desarrollados, incluso ante las expropiaciones que se requieren para estas grandes obras públicas.

El cuidado que los dueños prodigan a los bosques privados de Estados Unidos o de Finlandia, que se convierten en fuentes permanentes de recursos renovables y aportan cubiertas vegetales que protegen el talud de los cerros, son también un producto de la claridad de los derechos de propiedad.

No debe asombrarnos que los peores daños de los desastres naturales ocurran en países como el nuestro sino también en entidades como Guerrero. La causa es la misma que produce la pobreza: la falta de derechos de propiedad. Capitalidad

Si queríamos una nueva prueba de que el gobierno mexicano está hecho para desperdiciar recursos públicos, ahí está el "fondo de capitalidad". La Federación dará dinero a la Ciudad de México para "compensar" las pérdidas sufridas por permitir los bloqueos de la CNTE.

Para eso se cobrarán más impuestos a todos los mexicanos, incluso a quienes no viven en la capital.

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