Así sucede en el 68 como en el 71, el 2012 como en el 2013 (y los años en que ha sucedido en distintos estados de la República Mexicana).
Ciertamente las motivaciones son distintas, pero el origen es el mismo: inconformarse de manera pública contra un sistema de gobierno. El ciudadano solo tiene su voz, el gobierno tiene la policía, una condición ya de suyo harto desigual.
Salir a las calles, en un país como México de libre tránsito, y tomarlas para manifestar la inconformidad que hierve a una parte de la sociedad en cualquier región, en cualquier estado, o en el Distrito Federal, es el mínimo derecho que tienen los mexicanos comunes y corrientes. Ejercer su libertad de expresión, expresar su pensamiento, su ideología y hacer alarde del mismo, no es delito alguno. Lo es transgredir el bando de policía, la reglamentación para la convivencia ciudadana, los derechos de terceros. Y cuando los cercos policíacos aparecen, es una afrenta a la sociedad de por sí en el hartazgo y por ello en las calles.
No se elige al representante de un gobierno, cualquier nivel que sea, para sofocar a su población, para contenerla y reprimirla; se le elige para escucharla, para representarla y proveerle seguridad, desarrollo, tranquilidad, y garantías en el ejercicio de sus derechos. Respeto a sus derechos civiles.
Lo que muchos mexicanos vimos el 2 de octubre, fue el ataque eufórico de fuerzas armadas uniformadas, y de civil, sobre una población no satisfecha. La mayor cantidad de imágenes dan cuenta de ello. Otro tanto dejan ver la reacción igual exacerbada de una parte de los manifestantes, acaso no los que conmemoraron la marcha sino los que se aprovecharon de ella, para reventarla desde su centro mismo de ignición.
Sin embargo la respuesta de la autoridad con el uso de la fuerza policíaca, acaparó la atención. Ya no los motivos de una manifestación, sino el actuar de policías oficiales y extraoficiales.
Por supuesto que el gobierno federal, o el de la Ciudad de México, no cercan cualquier manifestación, sólo aquellas que son organizadas por grupos no políticos, o al menos no representativos de los partidos o los “sectores vivos” del sistema mexicano, sino que se aprovechan de los sin nombre, que ahora han sido bautizados –motivados por una estrategia gubernamental- mediáticamente, como anarcos.
Ellos, anarquistas, estudiantes, inconformes, antipeñistas la gran mayoría, aprovechados –unos cuantos–, profesionales de la provocación otro tanto, son la carne de cañón de la sociedad inconforme, son los que se toleran pero no se apoyan, con los que en el ataque se solidarizan pero a quienes no acompañan en la desgracia del vericueto jurídico en el que se ven sumergidos, por el propio sistema del que reniegan.
Y los gobiernos, suelen usar contra ellos, toda la fuerza pública. Provocarlos, o responder a sus provocaciones, actuar sin protocolo alguno, sin lógica en materia de seguridad, atacarlos, perseguirlos, encarcelarlos, exhibirlos a ellos sí, como muestra del nuevo criminal contra el estado. Los anarcos los llaman ahora. Los mismos a quienes se les impidió el paso el 1 de diciembre de 2012 cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión del cargo de Presidente de la República, los mismos que en la conmemoración de los ataques a estudiantes por el gobierno mexicano en 1968, provocaron el ataque del gobierno en 2013 –eso dicen la mayoría y no que fueron sofocados; que “anarcos atacaron a policías”–.
Atrás quedaron los narcos, arropados por la impunidad, protegidos por el anonimato que el gobierno federal les proveyó como estrategia para evitar que el tema del crimen organizado, fuese abordado de manera pública en el País.
Hace una semana, medios electrónicos e impresos del Distrito Federal se dieron vuelo pregonando la disminución de los hechos de violencia y de las ejecuciones producto del narco y el crimen organizado, en la incipiente administración de Enrique Peña Nieto; nada más alejado de la realidad. Tan sólo al mes de julio de éste año, en los primeros ocho meses de administración priísta, los homicidios dolosos habían aumentado en un 11 por ciento, en relación a los mismos ocho meses pero del gobierno de Felipe Calderón. El gobierno de Peña sin embargo, se empeña en negar el problema del narcotráfico, que está regresando a ser un fenómeno delictivo de impunidad –En Tijuana, después de la guerra de cárteles (2008-2010) antier apareció una narcomanta amenazando a policías municipales–.
Vaya, desde que el secretario de gobernación dijo que en México no hablarían de cifras de ejecutados, que no había cárteles, que no harían referencia a los narcos por sus apodos, que no informarían de las investigaciones, que no darían a conocer las detenciones, que no hablarían más del tema en términos públicos, la mayoría de los medios de comunicación también cambiaron el discurso. Y ahora en lugar de señalar o denunciar a los narcos que siguen delinquiendo a lo largo y ancho del país, se dedican a exhibir a anarcos que, osadía de ellos, repelieron cercos policíacos.
El valor que tiene el gobierno, federal o de la Ciudad de México, para sofocar a manifestantes –reales, apócrifos o esquiroles-, no lo tienen para enfrentar a narcotraficantes, secuestradores, criminales, extorsionadores. Ni para exhibirlos, ni para perseguirlos. Bonito gobierno que se enfrenta a su sociedad inconforme en lugar de reprimir a los delincuentes.
Podemos o no, estar de acuerdo en las razones que llevan a una parte de la sociedad a tomar las calles, podemos o no, considerar que no son reales, que son parte de un cuatro del gobierno para desacreditar precisamente los movimientos sociales, pero en definitiva, deberíamos exigir que se respeten sus derechos civiles, su libertad de expresión, su libre pensamiento y la manera en que lo hacen público.
¿Por qué el Gobierno –sea del DF o el federal– no cercan los monumentos, las calles y los edificios cuando Andrés Manuel López Obrador realiza una multitudinaria manifestación, pero sí lo hacen cuando jóvenes se inconforman por algo? Es evidente que del tamaño de su enemigo no es el tamaño de su respuesta. Ahora sí, que se pongan con alguien de su estatura y no con quienes lo único que poseen para manifestarse, es su voz, su presencia.
Tanto el primero de diciembre de 2012 como el 2 de octubre de 2013, cerca de 70 personas fueron detenidas. El año pasado eran manifestantes supuestos de un movimiento estudiantil, de una marcha colectiva de inconformes, este año, ya se les etiquetó de anarcos. Altas fianzas, represión, golpes, persecución, a esa parte de la sociedad que no está conforme con el actual gobierno.
El gobierno de Enrique Peña Nieto está resultando muy bueno para reprimir, para sofocar a la sociedad, pero muy malo para perseguir y encarcelar a los criminales. La tónica parece ser esa: anarcos, sí; narcos, no.
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