La aspiración de reformar y reforzar el federalismo mexicano cayó en desuso. No hay partido o sector que crea en él, que busque defenderlo o que luche por hacerlo realidad. Ni el PAN, que por años fue su abanderado y cuyo ascenso al poder vino de la periferia al centro, ni el PRD, que siempre ha definido el centralismo como uno de los rasgos autoritarios del régimen, mucho menos el PRI, que está de fiesta de volver a comandar a sus gobernadores. Al federalismo de utilería que tenemos se le está dando el tiro de gracia en la norma y en la práctica, en las leyes y en las políticas públicas, en el hecho y el derecho. El reformismo centralizador es lo de hoy.
El federalismo no fue bandera de ninguno de los candidatos a la elección de 2012 ni respecto a su estructura institucional ni en la solución a los problemas que abordaron en materia de educación, salud, seguridad, impuestos, vivienda, etcétera. Las propuestas siempre venían precedidas por un “impulsaremos una política o un programa nacional de …”. Hablaron de la policía nacional, del programa nacional de educación, de la estrategia nacional contra la violencia, del sistemanacional de fiscalización, del registro nacional de organizaciones sindicales y contratos colectivos.
En el Pacto el federalismo no fue prioritario. De los 95 compromisos, uno toca al federalismo y se refiere al acuerdo para promover mayores y mejores facultades tributarias para las entidades federativas y municipios, para fortalecer el cobro del impuesto predial y para revisar la Ley de Coordinación Fiscal con el fin de construir una relación más equitativa con la Federación (Compromiso 70). En el resto la tendencia es promover la recentralización de competencias y funciones.
Tampoco en las iniciativas de reforma política y electoral que recién plantearon el PAN y el PRD el federalismo es un compromiso. No hay una propuesta para revisar el régimen de competencias ni tampoco para fortalecer las capacidades institucionales de estados y municipios. Eso del principio de subsidiariedad y la superioridad del gobierno local por su cercanía al ciudadano quedó en el olvido.
Tanto en los 30 puntos de la Agenda Mínima para Defender y Profundizar la Democracia como en las iniciativas enviadas al Congreso, lo que vemos son propuestas para centralizar: facultad del Senado para desaparecer los órganos electorales locales y encomendar al IFE la organización de una elección cuando se acredite parcialidad o colusión de intereses de partidos o gobiernos locales; intervención subsidiaria y temporal de la Federación por determinación del Senado frente a situaciones de emergencia o debilidad institucional para garantizar el orden público o la vigencia de las libertades así como frente a la incapacidad material de las entidades para ejercer ciertas funciones que tienen encomendadas; legislación y autoridad electoral de carácter nacional; Código Penal y de Procedimientos Penales únicos.
Algunas propuestas centralizadoras pueden tener sentido, pero en conjunto reflejan que en la visión de los políticos el fracaso del federalismo debe resolverse por la vía de la centralización. Salvo algunos casos como la reciente protesta en algunos estados ante el intento de desaparecer a los institutos electorales locales, no ha habido mayores resistencias por parte de los gobernadores o los congresos estatales ante la tentación centralista. Tampoco las ha habido de parte de las organizaciones sociales en los estados. Mucho menos de los partidos.
El diagnóstico sobre el fiasco del federalismo es correcto, pero el regreso al centralismo como doctrina y como práctica y ahora también como normativa no es ni la única ni la mejor solución. La pregunta es por qué ante este estrepitoso fracaso los partidos no plantean transformarlo en una historia de éxito: aclarando competencias, fortaleciendo capacidades institucionales, vigorizando la transparencia, obligando a la rendición de cuentas e incentivando la competencia entre las entidades federativas.
Hay una explicación. Lo único que realmente se ha “descentralizado” es el gasto. Los gobiernos estatales han obtenido cada vez más recursos para gastar sin incurrir en el costo de recabarlos o justificar su destino. Hoy los estados ejercen 33 centavos de cada peso que gasta la Federación. En cambio la pereza fiscal permanece: los estados dependen, en promedio, en 78% de lo que les da la Federación y sus ingresos propios sólo alcanzan diez por ciento. En los últimos seis años las participaciones y aportaciones aumentaron 17 y 15%, respectivamente, y la deuda 111 por ciento. En estas condiciones, los titulares de los ejecutivos locales no protestan porque están frente a un centralismo que les llena las arcas sin que les pidan ni responsabilidades ni cuentas.
*Investigador del CIDE
Twitter: @amparocasar
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