a la Academia Mexicana de la Lengua.
Conjeturas hay muchas. Que el desplome de la economía cambió todo el escenario previsto. Que se trata del Plan B. Que en las prisas incluyeron ocurrencias. Que algunas cuestiones están ahí para ser negociadas, cedidas. Lo que haya sido, el hecho es que la propuesta fiscal del gobierno es el primer descalabro de la gestión.
Se podría alegar que ninguna reforma fiscal es popular. Pero el asunto es más complejo. De entrada están las expectativas. Si se pretende desprender al fisco lentamente de la brutal dependencia actual de los ingresos petroleros, la reforma debió haber sido muy ambiciosa. No lo es, 1.4% del PIB es un paliativo. Si los dos objetivos centrales y justicieros de la gestión son seguridad social universal y pensiones, se tuvo que haber caminado hacia un impuesto universal al consumo, el IVA. Aceptemos la explicación de que no era el momento, menos aún cuando la población de menores ingresos ha visto reducida su capacidad de consumo por el aumento de productos básicos. Entonces debieron decirlo tal cual: lo ideal es capturar a quien más consume pero, por lo pronto, lo dejamos para después. Lo absurdo es haber cancelado esa opción para todo el sexenio. ¿De dónde van a financiar la seguridad universal y las pensiones?
Las contrahechuras son demasiadas. No hay ningún estímulo para incrementar un impuesto madre que es el predial. Tal y como se planteó la reforma fomentaría la informalidad. ¿Para qué registrar ante el IMSS si los beneficios llegarán a todos? Gravar transacciones de vivienda es un golpe muy severo a la formación de los nuevos hogares que oscilan el medio millón al año y afecta a un sector tambaleante y generador de muchos empleos. El golpe a las pensiones privadas, un sector incipiente e imprescindible en el mediano y largo plazos para compensar las lánguidas pensiones públicas que están en el horizonte de millones de mexicanos, es absurdo. Para qué conceder de entrada el IETU sin tener aprobada la sustitución de ese ingreso. Por qué suspender el IDE, que si bien en recaudación no daba mucho, sí era un impuesto de control muy importante en una de las economías latinoamericanas en que más efectivo se maneja. La propuesta no se entiende.
Uno de los mayores perjudicados es el llamado tercer sector, la filantropía, las instituciones de asistencia social y de beneficencia. México es uno de los países más débiles en ese ámbito, como se vea el asunto es muy preocupante. El sector filantrópico atiende áreas de necesidad social en las cuales el Estado es muy ineficiente o simplemente no llega a ellas. Niños en situación de calle, adultos mayores, problemas de visión, de audición, de parálisis cerebral, la lista es infinita. ¿Por qué pegarle al tercer sector? Eso es algo que muchos se preguntan, qué necesidad de afectar a tantos —colegiaturas, por ejemplo— por tan poco beneficio. De nuevo, no se entiende.
Por supuesto que hay algunos méritos, terminar con la llamada consolidación que con frecuencia ha servido para evadir, es uno. Otro es eliminar los regímenes especiales que son una afrenta al sentido común. Pero esos méritos se desdibujan en la visión de conjunto. Un ejemplo, desde hace años se argumenta de manera correcta, que el ISR empresarial es alto comparado con otros países, lo cual impacta la competitividad de muchas empresas. Se esperaba una disminución progresiva que alentara la inversión en el mediano y largo plazos. Nada hay al respecto.
Si la reforma de verdad busca justicia social debió haber contemplado tasas altas, muy altas, como las de los países escandinavos, al ISR personal. Probablemente la recaudación sería menor, pero lo importante es el mensaje de progresividad con relación a los ingresos. Se alega que los mexicanos que ingresan más de 500 mil pesos al año son el uno por ciento. Puede ser cierto, pero lo que resulta otra afrenta es que de ese piso en adelante todos paguen igual, ¡las diferencias son abismales! Nada más hay que revisar los salarios de servidores públicos que ganan varios millones al año. Da lo mismo ser un profesionista medianamente exitoso que un multimillonario. La visión justiciera se desmorona.
Pero quizá lo que más preocupa es incrementar el déficit. Es sabido que el equilibrio fiscal, déficit cero, es una ficción. Las inversiones en Pemex y otros rubros podrían ubicar el déficit real en dos o tres puntos del PIB. Pero que un gobierno priista, con la triste herencia de la “docena trágica” atrás, de inicio proponga un déficit, revive los recuerdos de ese horror del cual nos llevó décadas salir. Por qué creerles que regresarán al equilibrio. Si se trata de buscar una política anticíclica, que estimule el crecimiento, se pueden plantear otro tipo de estímulos que no sea incrementar en 600 mil millones de pesos el de por sí caótico gasto.
Los desfiguros son demasiados. La verdadera reforma fiscal de este año, la más importante, es la reforma energética. Todo lo que la ponga en riesgo es una irresponsabilidad. Todos cometemos errores, pero sólo los que corrigen se alejan de la patética necedad. Veremos.
*Escritor
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