Cuarenta y cinco años han pasado y aún no hay claridad sobre cuántos muertos hubo en la represión de Tlatelolco en 1968.
En aquel momento los reportes del gobierno hablaron de 20, el Comité Nacional de Huelga dijo que 150, un periodista inglés afirmó que habían sido “al menos 200”, y un periodista mexicano calculó entre 200 y mil 500.
Luego el número empezó a disminuir. Elena Poniatowska, para su libro La noche de Tlatelolco, entrevistó a una madre de familia que habla de 65. En 2006 Jorge Castañeda dijo en un artículo que habían sido 68 y ese mismo año Kate Doyle, en un artículo con los resultados de una amplia investigación en archivos que habían sido desclasificados, sostuvo que tenía confirmado que se habían encontrado 54 cadáveres, 44 habían sido identificados y 10 no. Dos años después, en 2008, Eduardo Valle aseguró, después de revisar actas de defunción y documentos, que fueron 85.
Pero luego empezaron otra vez a subir. Durante varios años el consenso aceptado fue de alrededor de 300 muertos, pero cuando se cumplieron 40 años de la fecha, la cifra que se manejó fue de cientos, según afirmó Martha Martínez en el suplemento Enfoque. Y el pasado miércoles EL UNIVERSAL dijo en una nota de la redacción que “se calculan 500 muertos, 2 mil heridos y un número inexacto de desaparecidos.”
Siempre me he preguntado cómo es posible que no sepamos cuántos muertos o heridos hay en algún hecho de violencia. ¿Acaso no hay cadáveres que contar? ¿Acaso no hay familiares que busquen a sus muertos, que denuncien a sus desaparecidos?
Y sin embargo, en nuestro país nunca hay acuerdo. Allí está desde el mítico millón de muertos de la Revolución hasta las cifras de los muertos durante la guerra contra el narco. Y suma y sigue: ya he mostrado en otra parte que el número de homicidios que ha dado la PGR ha sido distinto del de la Secretaría de Salud, que el número de detenidos que comunica la Secretaría de la Defensa Nacional no se parece al reporte de la Presidencia.
Y es que cada oficina, cada funcionario, cada medio de comunicación, cada organización política o ciudadana tiene su propia versión de los hechos y su propio cálculo de números.
El ejemplo más contundente fue cuando hacia fines del sexenio calderonista la cifra de muertos por la guerra andaba, según el gobierno federal, en torno a los 50 mil, pero los activistas afirmaban que “son muchos más” y manejaban números que iban de los 60 a los 90 mil, mientras que el secretario de Defensa de Estados Unidos llegó a decir que eran 150 mil, atribuyéndole la información al propio gobierno mexicano.
Algo parecido empieza a suceder hoy con los fallecidos por las inundaciones. Las cifras oficiales rondan los 150 muertos, pero el periodista español Alberto Peláez ha hablado de centenares. Y lo mismo sucede con las cifras de personas desaparecidas, heridas o desplazadas y de casas destruidas: no hay dos que se pongan de acuerdo. Como no los hay respecto a las toneladas de ayuda que se han recabado, las despensas que se han repartido o los dineros que se están usando para atender el asunto.
Eso vale también para los números que recientemente dio el INEGI sobre delitos. Según los noticieros de la televisión, la cifra rondaba los 28 millones de delitos cometidos, considerando, según dijeron, que sólo 12% de la población afectada los denuncia. Sin embargo, el propio INEGI, en su comunicado oficial de prensa, dice que los que no denuncian son 92% de los afectados. La suma nomás no da.
Por eso lo único seguro es que en nuestro país nunca sabemos la verdad. Y eso es en lo que se sostiene la enorme desconfianza de los ciudadanos, que no le creen ni a las autoridades, ni a los medios de información, ni a las instituciones que hacen estadísticas y recuentos o que manejan la transparencia.
sarasef@prodigy.net.mxwww.sarasefchovich.com
Escritora e investigadora en la UNAM
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