F E D E R I C O R E Y E S H E R O L E S
Regresión
Pobre, huérfano, iletrado, de oficio podador, en un invierno, desesperado, roba una hogaza para alimentar a la numerosa familia de su hermana viuda. Aprehendido y condenado a cinco años de cárcel, su reclusión se prolongará a casi dos décadas debido a cuatro intentos de evasión. El lector habrá adivinado, se trata de Jean Valjean, el personaje central de Los Miserables de Víctor Hugo. La pesadilla está basada en un caso real investigado por el gran poeta y dramaturgo francés.
Por fortuna desde el "robo de famélico" y hoy el "estado de necesidad" se cuenta con atenuantes que evitan la desproporción. Pero si esa pesadilla eriza la piel, hay aun peores: ser enjuiciado y condenado sin motivo alguno, perder la libertad a partir de testimonios falsos, investigadores cómplices y jueces ineptos escudados en miles de fojas que en teoría constituyen un expediente. La simple idea aterra. Sin embargo es una realidad cotidiana en México, una vergüenza que Layda Negrete y Roberto Hernández documentaron en Presunto Culpable, el dramático documental que sacudió a la opinión pública. Antonio Zúñiga, la víctima del horror, se instaló en el imaginario colectivo del País, todos podríamos ser "Toño". La amenaza es espeluznante. La oportunidad del documental reforzó la conciencia sobre la necesidad de ampliar lo antes posible el sistema penal acusatorio, los llamados juicios orales. Las imágenes del documental exhibieron las cloacas del sistema de justicia en las que cayó "Toño". Por supuesto la invención de culpables es una excelente fórmula para evadir la investigación que conduzca a encontrar a los verdaderos responsables, es parte del floreciente negocio de la impunidad. El documental abogó por el inocente, en sentido estricto le dio voz.
Layda y Roberto mostraron la brutal potencia de una cámara para denunciar. Pero la cámara también puede ayudar a prevenir desviaciones. Las autoridades del Distrito Federal y del TSJDF se comprometieron a que las cámaras acompañarían los procesos para darle al ciudadano garantía de apego a la ley. Todo indicaba que la aportación de este par de mexicanos arrojados y consistentes, y su alianza con Alejandro Ramírez, otro mexicano de excepción, era definitiva. ¡Qué inocentes fuimos! En dos años Layda y Roberto pasaron de denunciantes a acusados. Se han enderezado 19 demandas contra los productores por montos risibles de miles de millones de pesos. La bestia reaccionó y tomó entre sus manos un arma peligrosísima.
El argumento es el siguiente, el documental -dicen sus detractores- dañó la imagen de personas que allí aparecen. Eso dio pie a un amparo para impedir la exhibición de la cinta. Pero esa es la menor de las consecuencias, lo más grave es que, de haberse confirmado el amparo hace unos días en un Tribunal de Morelia, se hubiera abierto la puerta a una censura institucional. La Dirección General de Radio Televisión y Cinematografía hubiera estado facultada y en algún sentido obligada a censurar todo aquel material que, a su juicio, pudiera perjudicar la imagen de alguien. Big Brother recargado. La potencia de las actuales tecnologías, me refiero a la captura de imágenes por ejemplo desde un teléfono inteligente, expande casi ad infinitum la capacidad de documentar hechos. Son un instrumento fantástico para la denuncia ciudadana. Detrás de ellos hay un acto de "empoderamiento" como se dice ahora que ya se convirtió en un nuevo contrapeso de la sociedad. La cámara es ya parte de la vida cotidiana, de las ladies de Polanco al gentleman zarandeando al indefenso portero.
No todo son bondades. La amenaza a la privacidad para los ciudadanos también es una pesadilla que merodea todo el día. The Economist, (noviembre 16), trae un excelente reportaje especial sobre el tema, "La libertad -dice la gran revista liberal- debe incluir algún derecho a la privacidad". ¿Debe haber prohibiciones a la captura de imágenes, serían viables? La reglamentación ya avanza en algunos países. Pero entre un ciudadano común y un servidor público hay una diferencia mayor, todo acto de un servidor público en ese carácter, en teoría tiene consecuencias y debe ser público, más aún cuando se trata de impartición de justicia. Pero, ¿cuál es límite, cuando la exposición es perjudicial? ¿Por qué en México los Ministros de la Corte se pueden reunir en privado con una de las partes, pero las sesiones del Pleno son públicas y televisadas? ¿Facilita la cámara la construcción de acuerdos? No me queda claro. ¿No debería de ser al revés, que las reuniones fueran obligadamente con todas las partes y que las sesiones del Pleno pudieran ser privadas para evitar la presión mediática?
El tema es apasionante y lleva muchos años. "Ya no puede haber alegría en la tierra... -sentenció don Alfonso Reyes- ya la Kodak... coaguló el dolor fluido, la gota de sangre del instante... chischás...". ¿Qué diría el gran polígrafo hoy frente a la explosión de la imagen? Pero el hecho es que, mientras especulamos, Layda y Roberto están hoy impedidos de grabar los juicios donde se enfrentan a demandas por 3 mil millones de pesos. Eso no es privacidad sino ocultamiento, opacidad, oscurantismo.
Leído en http://www.noroeste.com.mx/opinion.php?id_seccion=104
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