La desaparición de dos policías federales, el 3 de noviembre pasado, dio lugar a una búsqueda intensa que condujo a una docena de tumbas clandestinas de las cuales ya fueron exhumados 48 cadáveres. Es enésima evidencia de la inseguridad en nuestro país.
Las tumbas fueron localizadas en el municipio de La Barca, Jalisco, en los límites con Michoacán. Suponen autoridades locales y federales que los agentes René Rojas Márquez y Gabriel Quijados Santiago pudieron ser ultimados en la entidad tarasca.
En la carretera de Sahuayo a Vista Hermosa fue localizada la patrulla de dichos agentes, incinerada. En calidad de sospechosos están detenidos 22 policías municipales que dieron informes de las tumbas clandestinas. Pero, han dicho, nada saben de los desaparecidos.
Al segundo día de exhumados los últimos cuerpos inertes, el caso fue echado al olvido. En otra nación, un suceso de esa magnitud habría causado asombro mundial. Aquí, los medios informativos y el pueblo se comportan indiferentes ante los ríos de sangre.
Recordamos: Castro Ruz se negó a realizar ejecuciones públicas al concluir el movimiento armado que inició en Sierra Maestra. El primer muerto en una plaza pública, comentó, causaría horror. El efecto del segundo sería menor y, al cabo de cien, la gente lo vería como suceso cotidiano, sin miedo a la muerte.
Esto sucede en México. De acuerdo con informes oficiales, durante el régimen de Felipe Calderón hubo 75 mil muertos relacionados con el narcotráfico y de 15 mil a 20 mil desapariciones forzadas.
La población no se aterró al escuchar cifras tan espeluznantes. Así ha sucedido desde que Felipe Calderón declaró su guerra a la delincuencia organizada, en diciembre del 2006. Hemos sabido de asesinatos colectivos, como el fusilamiento de 72 migrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas, y nuestra gente pronto lo olvida.
Varias veces nos ocupamos de los 210 cadáveres hallados en fosas clandestinas en la capital de Durango. No se supo quiénes fueron las víctimas y el pueblo tampoco se estremeció.
Se perdió el miedo a la muerte.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se opone a que los medios se refieran a personas ejecutadas. Sugiere mencionar decesos,en general, sin especificar si se relacionan o no con la delincuencia organizada.
Esta situación se eterniza. Nadie sabe cuándo terminará el actual infierno. Osorio Chong asegura que en este sexenio hay menos homicidios que en el anterior. ¿Cómo lo sabe si infinidad de cuerpos de ejecutados fueron arrojados en fosas comunes, o en lagos y mares?
Opera otro infierno no menos terrible, el de la extorsión en casi todo México, el cual conlleva secuestros y amenazas de muerte permanentes.
¿Cumplirá su promesa el secretario Miguel Osorio Chong de recorrer “municipio por municipio y comunidad por comunidad” hasta devolver la paz a los michoacanos?
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