El caso de Los Templarios en Apatzingán es particularmente ilustrativo. Los delincuentes tienen base y apoyo social en esa localidad.
Por otra parte, existe la certidumbre que policías y presidentes municipales han sido sobornados por el crimen organizado o de plano forman parte de sus filas.
Más grave es la sospecha que esa complicidad incluye, como lo advirtió el Obispo de Apatzingán, a importantes personajes del Gobierno estatal.
La semana pasada, Ciro Gómez Leyva publicó, en Milenio, una serie de documentos que detallan presuntos encuentros entre “La Tuta”, jefe de Los Templarios, y Jesús Reyna, que entonces era coordinador de campaña del actual gobernador, Fausto Vallejo.
Reyna se deslindó y declaró que jamás ha negociado con el crimen organizado.
Pero vale recordar que siendo Gobernador interino minimizó la violencia. Apenas el 7 de agosto pasado hizo una declaración escandalosa: “Caminamos por las calles de Morelia como caminábamos ayer, antier y hace un año; sí hay zonas donde ha habido crisis, pero esa crisis ya está superada, sobre todo en la zona del norte del estado, que ya está en la normalidad que estamos acostumbrados a tener”.
Y recientemente, ya como Secretario de Gobierno, fue categórico al condenar la expansión de las autodefensas a otros municipios.
Sorprendentemente, el Gobierno federal, lejos de tomar cartas en el asunto e iniciar una investigación sobre la presunta vinculación entre funcionarios estatales y Los Templarios, se sumó a la posición de Reyna.
El Procurador General de la República declaró que las autodefensas serían detenidas por el Estado mexicano.
El problema está en que el Estado mexicano asume la responsabilidad de contener el avance de las autodefensas, pero no cumple con su obligación de garantizar la seguridad de los habitantes de Tierra Caliente.
Con un agravante. Está repitiéndose lo que ocurrió bajo el Gobierno de Calderón. Los Templarios se repliegan ante el avance de las fuerzas federales, pero regresan en cuanto éstas abandonan la zona, dejando a la población indefensa.
La ambigüedad del Gobierno federal ante las autodefensas en Michoacán viene de atrás: primero se insinuó, como denuncian Los Templarios, que están vinculadas y financiadas por un cártel de Jalisco, aliado de “El Chapo” Guzmán.
Después, el Secretario de Gobernación declaró que no había indicio que las autodefensas tuvieran relaciones con el crimen organizado.
Posteriormente, el Presidente de la República en su Primer Informe de Gobierno afirmó que no toleraría a quienes se hacen justicia por propia mano.
Y ahora, el procurador general, Jesús Murillo, ha retomado el tema declarando que es un asunto muy delicado, que se está investigando, es decir, que no se descarta la posibilidad que exista un vínculo con el crimen organizado.
Frente a la ambigüedad del Gobierno federal, el Obispo de Apatzingán fue muy claro en condenar al crimen organizado (Los Templarios), denunciar la incapacidad de las autoridades para detenerlos y señalar que las autodefensas son movimientos ciudadanos para enfrentar los ataques de los delincuentes.
De hecho, el Obispo fue contundente al reconocer que en los municipios donde hay autodefensas “se expulsaron a los miembros del crimen organizado con lo que se acabaron las cuotas, extorsiones, levantones, secuestros, asesinatos y violaciones”.
¿A quién creerle, pues? Al Obispo de Apatzingán, José Patiño, o a Los Templarios que denuncian nexos entre las autodefensas y un cártel de Jalisco.
El procurador Murillo parece inclinarse más por la segunda versión, amén que no parece inquietarle la denuncia que funcionarios del Gobierno estatal son cómplices de Los Templarios.
Lo cierto es que la región de Tierra Caliente ha sido asolada de larga data, primero por La Familia y ahora por Los Templarios.
También es evidente que los habitantes de municipios como Buenavista Tomatlán, La Ruana, Aguililla y Los Reyes son extorsionados, vejados y asesinados por los delincuentes.
En consecuencia, no debe sorprender que, ante la incapacidad y complicidad de las autoridades, se hayan organizado y armado para repeler a los criminales.
El Gobierno federal no puede seguir negando los hechos, debe asumir que ha sido y es incapaz de contener al crimen organizado y, a partir de ahí, sacar las conclusiones pertinentes, es decir, reconocer el derecho ciudadano a la legítima defensa.
Leído en http://www.am.com.mx/opinion/leon/michoacan-5395.html
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