La idea de crear un instituto nacional electoral encargado de organizar todos los comicios y suprimir a los 32 órganos locales era eso: una idea. Una mala idea, pero tenía pies y cabeza. Lo que ahora se propone carece de lógica, parece querer empezar de cero y pospone para el día de mañana una serie de definiciones (no me refiero a lo obvio: que primero debe ser la reforma constitucional y luego las legales, sino a que no se tiene claro qué contendrán las segundas).
1. La reforma prevé la necesidad de expedir a continuación 3 o 4 leyes generales: de partidos, de procedimientos electorales y de delitos electorales (¿también de órganos electorales? No es claro). Las 3 o 4 existen: a) el libro 2 del COFIPE es una ley de partidos, b) el COFIPE es una ley sobre los órganos y los procedimientos electorales y c) los delitos ya están tipificados en el Código Penal. No son perfectas, se pueden reformar, pero si se van a reformar lo mejor es decir qué se pretende modificar y para qué. No dar la impresión que se está descubriendo el Mediterráneo. (Las disposiciones federales existentes pueden adaptarse para los estados). Será un largo recorrido, cargado de incertidumbre, tomas y dacas, similar a lo que estamos viendo, para llegar a un lugar muy parecido al actual.
2. Si lo que se pretendía era fijar con claridad las facultades del INE y de los institutos locales, no se logra. Por el contrario. Un ejemplo: dice que corresponderá al INE "la capacitación electoral", pero a los institutos locales "la preparación de la jornada". ¿En la preparación de la jornada no está incluida la capacitación de los funcionarios de casilla? Además, el INE le puede delegar algunas atribuciones a los institutos locales, "sin prejuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento"; también podrá atraer "cualquier asunto de la competencia de los órganos locales"; y podrá "designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección". Tensión y traslape entre instituciones. Sobre los locales la espada de Damocles; el Nacional habilitado para la discrecionalidad.
3. Al Consejo General se le agregarán dos consejeros. ¿Por qué? No hay respuesta. Eso sí, se maltrata a los actuales como si se debiera prescindir de su experiencia, como si no hubieran cumplido. Un agravio innecesario. Otra vez un Consejo que empezará de cero, a pesar de que en reiteradas ocasiones se ha ponderado la virtud de los relevos escalonados.
4. La redacción de las posibles causales de anulación de una elección son para poner nervioso. Dice: "La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones...por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos: a) Se exceda el gasto de campaña en un 5 por ciento...; b) Se adquiera cobertura informativa o tiempos de radio y tv; c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas; siempre y cuando se acredite de manera objetiva y material la infracción". Además, de manera poco afortunada dice en relación a la "violación determinante": "... cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor del 5 por ciento". Una buena formulación si se quieren repetir episodios como aquel en el cual una sala del Tribunal anuló una elección, entre otras cosas, porque un boxeador había ostentado en su pantalón el símbolo del PRI. Los Tribunales deben ser fuente de certeza no espacios para decisiones discrecionales. Quiero ver cómo se argumenta que una causa es "determinante del resultado". Como si la sociedad fuera un laboratorio donde los elementos que gravitan sobre la decisión de los electores se pudieran aislar.
5. Los nombramientos de los consejeros de los institutos locales los hará el Consejo General del INE en lugar de los congresos locales. No entiendo el desprecio de los legisladores por los órganos colegiados de representación que mejor recogen y reproducen a la pluralidad política de cada estado. Se hacen eco y ahondan el desprestigio de los congresos que, por cierto, son habitados por sus compañeros de partido. 6. Hay cosas buenas: a) los litigios serán investigados por la autoridad administrativa y resueltos por el Tribunal y b) la posibilidad de superar la "spotización" de las campañas electorales. Dos tiros de precisión en un mar de imprecisiones.
Leído en http://criteriohidalgo.com/notas.asp?id=208120
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