Mientras entre la clase política la reforma al sistema judicial está paralizada y pasmosamente los estados y la federación intentan cambiar los engorrosos juicios tradicionales por otros orales que mejoren la impartición de justicia, en la realidad muchos mexicanos siguen siendo víctimas cotidianas de la violencia, la impunidad y, sobre todo, de un sistema que lejos de procurarles y administrarles justicia, si no tienen el dinero para pagar la corrupción, los criminaliza aun en casos donde ellos son las víctimas.
Es el caso de la joven Yakiri Rubí, de 20 años de edad, y quien se encuentra presa, acusada de homicidio culposo por haber matado, en presunta defensa propia, a uno de los dos hombres que la secuestraron, la golpearon y la violaron. La denuncia de sus padres afirma que Yakiri fue plagiada por dos sujetos en la Colonia Doctores y fue llevada a un hotel en donde uno de los dos hombres, de nombre Miguel Ángel Rodríguez, de 37 años de edad, la golpeó y la violó para luego intentar asesinarla con un cuchillo. Según la versión de sus familiares, la joven forcejeó con el delincuente y, en su intento por defenderse, logró empujar la muñeca del sujeto que terminó con el cuchillo enterrado en el cuerpo.
El presunto agresor habría salido herido del hotel y unas calles después murió. La joven, según su propia versión, salió del lugar herida y semidesnuda y buscó una patrulla para denunciar la agresión; pero al aparecer el segundo sujeto, que resultó ser hermano del violador, la acusó con los policías de haber asesinado a José Luis y los uniformados la consignaron ante el Ministerio Público acusada de “homicidio culposo”.
Ayer, el Juzgado 68 de lo Penal, con sede en el Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla, le dictó auto de formal prisión a la joven Yakiri y le negó su libertad. Un juez suplente, porque el titular está de vacaciones, impidió el ingreso de los familiares de la joven a la audiencia y, con base en las acusaciones y los señalamientos del Ministerio Público, ordenó que la joven permaneciera en la prisión femenil, donde, según denuncias de su padre, José Luis Rubio, ha sido amenazada y agredida por internas que dijeron ser familiares del agresor que resultó muerto.
La Procuraduría de Justicia del DF tiene una versión distinta a la de Yakiri y sus padres. El procurador Rodolfo Ríos Garza asegura que no fue agredida sexualmente y que hay testimonios y evidencias de que Yakiri Rubí conocía a los dos sujetos y que sostenía una relación sentimental con el fallecido José Luis. Basado en dos supuestas cartas, asegura que la joven conocía al agresor y, según testimonios en poder de la PGJDF, ella ingresó al hotel de la Colonia Doctores con él por voluntad propia.
Además, el procurador asegura que Yakiri cayó en contradicciones al momento de declarar y que entre sus pertenencias “se le encontraron un cuchillo de cocina, un cúter, 700 pesos, dos teléfonos celulares y las llaves de una motoneta”, lo que presuntamente la inculparía en el homicidio.
Este caso circuló ayer profusamente en las redes sociales y los padres de la joven iniciaron un movimiento, apoyados por organizaciones civiles y por una denuncia en la Comisión de Derechos Humanos del DF; aseguran que Yakiri Rubí es víctima de una injusticia y que “ella sólo actuó en defensa de su vida”. Según el padre, José Luis Rubio, “el caso está plagado de irregularidades” y su hija fue encarcelada porque sus dos presuntos agresores “tienen conocidos en el Ministerio Público”.
“Tenemos testimoniales en la averiguación previa, donde ella entra con una persona de manera voluntaria y derivado del dicho de ella no está acreditado que existiera una violación”, dice el procurador Ríos Garza, mientras el padre, José Luis Rubio, asegura: “Vamos a luchar, vamos a empezar de cero, no nos van a doblar, vamos a liberar a mi hija y vamos poner en evidencia a toda esta gente, vamos a demostrar su humanidad, si esta gente es la que nos gobierna son una porquería, me da una vergüenza que esta gente tenga tanto poder y nos gobierne”.
Veremos, de acuerdo con las investigaciones y las evidencias y pruebas, cuál de las dos partes dice la verdad y cuál miente. Pero por lo pronto, el caso de Yakiri muestra, una vez más, la urgencia de un nuevo sistema de justicia que garantice los derechos de las víctimas y de los acusados para tener un juicio justo y donde, en lugar de la polémica y la confrontación mediática, priven las pruebas científicas para deslindar responsabilidades y hacer justicia. Esa urgencia no la entienden los políticos, que siguen retrasando y postergando los cambios al sistema judicial mientras la impunidad, la desconfianza y la corrupción existentes en nuestra justicia nos impiden saber en este momento si Yakiri fue víctima que se defendió legítimamente o victimaria que miente y manipula. ¿Usted qué piensa?
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