La información que surge de las auditorías oficiales es abrumadora e involucra a muchos funcionarios, colaboradores y contratistas del Municipio caribeño. En el 2005 los pasivos heredados sumaban 32 millones de pesos; en el 2011, se heredaron 21 millones de pesos de deuda, que al final de la Administración de Ricalde, sumaba más de 131 millones.
El nuevo Gobierno municipal, de origen priísta, precisó que el Municipio perdió recursos federales de los programas Hábitat y Rescate de Espacios Públicos por 57 millones 500 mil pesos. Otros 25 millones de pesos del Fondo Metropolitano disponibles no se utilizaron porque no se integró el proyecto para el saneamiento del antiguo Relleno Sanitario, ni la adquisición de equipo para un Centro de Manejo de Residuos Sólidos, y se programó la segunda fase de la construcción de ese centro.
Hubo un fraude con los préstamos otorgados a empleados municipales, por más de 11 millones 800 mil pesos con varios bancos. En nómina se le descontó puntualmente a los trabajadores el pago de esos préstamos, pero nunca se los reportó a las empresas: se robaron ese dinero de los trabajadores. A las tres concesionarias del servicio de recolección diaria de residuos sólidos en la ciudad, les dejaron un adeudo de 60 millones de pesos, lo que derivó en un pésimo servicio de recolección de basura, algo inadmisible en un centro turístico internacional.
Se detectaron compras ficticias de material eléctrico para alumbrado público por casi 10 millones de pesos. Y la lista sigue hasta sumar más casi 2 mil millones de pesos. Y por supuesto eso no incluye lo que se hizo con permisos, con el manejo policial, incluso en la época de Greg Sánchez por lo menos, con el tráfico de gente y otras actividades ilegales, incluyendo el manejo de la cárcel local cuyos alimentos los aprovisionaba nada más y nada menos que la familia de Nicolás Mollinedo, Nico, el “jefe de logística” de López Obrador.
Y eso ocurrió en una de las ciudades más pujantes del País, nuestro principal centro turístico. Se descubrió porque finalmente hubo alternancia y la nueva Administración municipal y el Gobierno de Roberto Borge pudieron hurgar en las cuentas municipales. Ahora se tiene que hacer justicia porque es inadmisible tanto robo y corrupción sin que pase nada.
Lejos de Cancún, en Michoacán, el Gobierno de Fausto Vallejo dice que el Estado está quebrado, que le faltan por lo menos 3 mil millones de pesos para cerrar el año. Es verdad, está quebrado porque así lo dejó la Administración de Leonel Godoy, como aquí lo documentamos desde octubre del año pasado en forma muy precisa, pero desde entonces no pasó nada. Las auditorías realizadas al Gobierno de Godoy fueron desoladoras. Para comenzar no había evidencia de que el comité de deuda pública hubiera funcionado alguna vez. Y ahí les faltan por explicar deudas por más de 9 mil millones de pesos. El Gobierno estatal informó que contrató, en enero del 2011, créditos por 4 mil 800 millones de pesos para refinanciar la deuda pública estatal de corto plazo. Pero no dejó información sobre cuál es la deuda que estaría refinanciando. Respecto a los créditos obtenidos, uno de Banorte por 2 mil millones, otro de Banobras por mil 514 millones y el tercero del Banco del Bajío por mil 286 millones, resultó que los mismos se traspasaron, por los menos los dos de la banca privada, a una cuenta del Estado asentada en Bancomer, y el de Banobras, no se tiene registro de en qué se utilizó.
Entre diciembre del 2011 y enero del 2012, en pleno proceso electoral se pidió otro paquete de créditos por 4 mil 950 millones de pesos, cuya contratación nunca pasó por el Congreso para su autorización. Según la documentación oficial, de ese dinero se usaron mil millones, para pago de nómina, transferencia a escuelas, apertura de fondos de inversión, transferencia de dependencias y pago de intereses. Poco más de mil 347 millones de pesos provenientes de esos préstamos bancarios lisa y llanamente no se tiene evidencia alguna de en qué se utilizaron. No hay siquiera información bancaria sobre el tema.
Hay muchísimas irregularidades más. Suman 9 mil millones de los que nadie ha dado explicación ni se ha pedido. Ahora Vallejo, un año después, pide 3 mil millones para pagar nóminas porque el Estado está quebrado. ¿Alguien tiene duda de que es en muchos municipios y estados donde se está dando el vaciamiento de las finanzas públicas?
Leído en http://www.am.com.mx/opinion/leon/la-pista-del-dinero-sucio-5793.html
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