Los malosos irrumpieron en su domicilio, en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, y se llevaron secuestrados a su hijo y a la esposa de éste por órdenes del PD4 (jefe de la banda). Fue entre las 23:45 y las 00:00 horas. Regresaron a su nuera aproximadamente tres horas después.
Simultáneamente sucedió algo que ya no es inaudito en algunas zonas del país; al momento de ocurrir los hechos, tres patrullas de la Policía Municipal cercaban las calles alrededor del domicilio del quejoso.
Éste denunció los hechos ante el Ministerio Público al día siguiente. Sin embargo, al salir de las instalaciones, aproximadamente a las 11:45 horas, recibió una llamada de uno de los secuestradores. Lo amenazó por haberlos denunciado y le indicó que lo esperara en su casa.
A las 19 horas llegó el secuestrador. Llevaba en su mano copia de la denuncia que el quejoso había interpuesto. Sacó un encendedor y quemó el documento. Le pidió dos millones de pesos como rescate. Sólo pudo pagar un millón 800 mil. La gente no quería ayudarlo para no tener problemas.
Los otros hampones rompieron las puertas de la casa, entraron violentamente, empezaron a buscar entre sus cosas. Se llevaron el dinero que encontraron. Las alhajas que tenía su esposa y la carpeta donde estaba el acta. El quejoso destacó la inactividad del agente del Ministerio Público, quien se excuso diciéndole que necesitaba presentar testigos, pues sin ellos no se puede castigar.
Lo anterior es un testimonio recogido en el Informe Especial sobre Los Grupos de Autodefensa y la Seguridad Pública en el estado de Guerrero (páginas 32 y 33 del documento), cuya síntesis presentó ayer el titular de la CNDH, Raúl Plascencia.
Es apenas una muestra de la impunidad con la que operan los delincuentes en la zona y de la complicidad de las autoridades locales. Las dos hojas que se citan fueron arrancadas del documento por Marat Paredes Montiel, segundo visitador de la CNDH, cabeza de la investigación. Fue su respuesta, cuando le preguntamos qué era lo que más le había impactado de todo lo que vio.
Raúl Plascencia ya había mencionado, en su intervención, otro dato sobre la terrible situación que se vive en ese estado y que pone los pelos de punta al más pintado. “Les exigen que lleven a sus hijas a los hoteles, para pagar las extorsiones. Por eso se levantan en armas”, subrayó.
■El informe contiene números que ilustran la gravedad de la situación. Hay siete mil hombres armados en los llamados grupos de autodefensa. Han sido apoyados desde los años noventa por las autoridades estatales. Tienen presencia en las siete regiones del estado y en 46 de los 81 municipios de Guerrero. Bajo su férula viven dos millones 307 mil personas.
“Las lamentables condiciones sociales que imperan en dicha entidad, provocadas por el abandono y la ausencia del ejercicio de las funciones de seguridad pública a cargo de los gobiernos estatal y municipales, explican el surgimiento de los grupos de autodefensa”, acusa la CNDH. Y advierte sobre el peligro de que se sigan multiplicando los casos de “justicia por propia mano”.
Pide al Senado y al Congreso local que se tomen las medidas para restablecer el orden jurídico y la gobernabilidad perdida.
“Las autodefensas no son solución para recobrar la tranquilidad y la paz. Por el contrario, su formación posterga y entorpece la construcción de cuerpos de seguridad profesionales… cada grupo que surge es una derrota de las autoridades al no ser capaces de imponer condiciones mínimas de seguridad”, resume.
■No tengo ni la menor idea de dónde sacó Luis Carlos Ugalde que los cambios recién hechos a los artículos 23 , 27 y 28 de la Constitución no pueden someterse a consulta popular. Lo escuché en el debate que el ex consejero presidente del IFE tuvo con el perredista Guadalupe Acosta Naranjo en el programa de Joaquín López Dóriga, alrededor de este asunto.
Le tengo respeto a Luis Carlos. Me parece un hombre estructurado, inteligente y sólido. Pero difiero cuando dice que la consulta sobre la Reforma Energética es un “engaño”. Confieso que llegué a pensar en un imposible: que no había leído siquiera el artículo 35 fracción VIII, numeral tres, que establece las excepciones a la consulta popular.
Dice textual el artículo: “No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas”.
Fin de la cita.
¿Dónde, entonces, leyó que la Constitución no puede sujetarse a una consulta popular?
No soy abogado, mucho menos constitucionalista, pero el sentido común me dice que si los legisladores especificaron que el artículo 40 no puede ser sujeto a consulta popular es porque los demás, sí pueden estar sujetos a este ejercicio de participación ciudadana que se le arrancó a la partidocracia.
Una y otra vez hemos repetido aquí que el alegato de que los recientes cambios a los artículos 23, 27 y 28 de la Constitución son una maniobra para sacarle la vuelta a la propuesta del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas de someter a veredicto ciudadano la apertura del sector energético a la inversión privada en 2015.
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