El senador Ernesto Cordero pretende desviar la atención. Después de la filtración telefónica donde califica al dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, y a Luis Alberto Villarreal, coordinador de los diputados panistas, de ser unos “pinches ladrones”, busca aparecer ante la opinión pública como víctima de un espionaje que atenta contra sus derechos humanos.
No. En este caso, el tema central no son las filtraciones telefónicas ni los derechos humanos de un exsecretario de Hacienda —que considera que con 6 mil pesos puede vivir un mexicano—, sino el contenido de la conversación que sostuvo con el diputado federal Fernando Rodríguez Doval, a quien le pide “hundir” a Madero y a Villarreal por utilizar la aprobación del Presupuesto de Egresos 2014, para hacer negocios personales.
La acusación es muy grave y no por descubrir el “hilo negro” sino por practicarse en un partido que presume ante la ciudadanía de ser el adalid de la lucha contra la corrupción, y por formar parte de una conducta delictiva, cada vez más extendida en el país y que hoy tiene sometida a regiones que, como Michoacán, están controladas por el crimen organizado. Esa conducta y esa práctica tiene un nombre, se llama: extorsión.
De acuerdo a diferentes versiones periodísticas, Villarreal cuenta con una red y una estrategia de negociación para cobrar a los alcaldes y a los gobernadores una “comisión” a cambió de “etiquetar” desde la Cámara recursos para obra pública.
El presidente municipal de Celaya, Guanajuato, Ismael Pérez Ordaz, recibió de los diputados federales del PAN 160 millones de pesos para pavimentaciones a cambio de que la alcaldía diera la obra a una constructora que “ellos iban a asignar y de que estuviera inflada en un 35%”.
En un contexto como el actual, donde el Estado mexicano mantiene una lucha frontal contra el crimen organizado, no puede quedar al margen de la investigación y en la impunidad la supuesta red que ha tejido el coordinador parlamentario del PAN, para “solicitar” a los alcaldes y mandatarios locales lo que en la jerga política se ha denominado como moche o diezmo, palabras que ocultan o suavizan lo que en realidad es un delito, convertido por los narcotraficantes en una industria.
En otro momento y en otro escenario, lo que dice Cordero que hace Villarreal no sería más que un evento más de la corrupción política, pero en la actualidad, tener legisladores que se dedican a hacer lo mismo que un cártel, no contribuye a fincar ejemplos y menos a exterminar de raíz un flagelo, una cultura que en lugar de combatirse desde las curules, las penetra y contamina.
El liderazgo de Madero, al igual que el de Cordero y Villarreal queda en el limbo. Su aparente o supuesta sociedad con Villarreal resquebraja su autoridad y obligaría a revisar lo que el Congreso aprobó, como producto, otra vez, del chantaje de Madero.
El presidente de Acción Nacional llevó la práctica de la intimidación hasta el límite cuando condicionó la aprobación de la reforma energética a cambio de que desapareciera el IFE y se creara un nuevo instituto electoral.
El mismo que pidió la creación del INE —Instituto Nacional Electoral— para impedir la intromisión de los gobernadores en las elecciones locales es acusado por sus propios pares de incurrir en prácticas que atentan contra la soberanía y la dignidad de las entidades.
¿Para qué, entonces, pedir a los congresos locales que aprueben un reforma que, como la político-electoral, es producto de un capricho que, como se han cansado de gritarlo los especialistas, constituye un riesgo para la democracia y cuyo autor se encuentra en franca caída?
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