Salvador Camarena - Michoacán, el año perdido de EPN

Con la llegada de enero de 2014 al gobierno de Enrique Peña Nieto se le ha terminado un recurso que no por retórico era menos útil. Hasta diciembre de 2013, ante cualquier problema que surgiera la nueva administración podía alegar que así le dejaron las cosas. Sin embargo, al quedar atrás el primer año de gestión, la herencia del pasado ya no funciona como excusa. Ahora el presidente y sus colaboradores serán medidos por sus propios méritos, o por la carencia de los mismos. Por ello, la crisis de Michoacán alarma aún más, pues resulta evidente la inoperancia de lo que ya ha intentado este gobierno. 

Miguel Ángel Osorio Chong dio ayer el que podría ser uno de los más importantes discursos de su carrera. Desde Morelia, el secretario de Gobernación trazó una línea que debería marcar un antes y un después en la crisis michoacana. Pronto veremos si así fue. Por lo pronto, de su mensaje me sorprendió que al presumir una reducción en la violencia en algunas zonas del país reconociera que “el Estado mexicano ha moderado sustancialmente el legítimo uso de la fuerza. Todo ello en beneficio de nuestro objetivo primordial: reducir la violencia, venga de donde venga”. Para análisis posteriores quedará eso de “venga de donde venga”, pero resulta notable que ayer Osorio Chong haya dado sustento a las versiones que durante meses alertaron que el nuevo gobierno había replegado a las fuerzas armadas, lo que a la postre habría posibilitado el reposicionamiento de grupos criminales como el de los Templarios. 






En todo caso, el secretario de Gobernación ha quedado atrapado en una paradoja: en la capital de un estado colapsado por narcotraficantes extorsionadores y autodefensas, presume que el modelo anticrimen de Peña Nieto funciona. La pregunta obvia es por qué entonces Michoacán está a las puertas de lo más parecido que hemos visto en décadas a una guerra civil, y sobre todo por qué se llegó a este punto si no es la primera vez que este gobierno anuncia el rescate de la entidad. 

El mensaje de Osorio Chong contuvo otros datos desconcertantes. Un año después de arrancado el sexenio el secretario de Gobernación no puede decirnos que “la descomposición paulatina del tejido social se ha completado con un acelerado proceso de destrucción del tejido institucional”. Eso lo sabemos desde mucho antes del proceso conocido como el michoacanazo en 2010. Pero sobre todo, en el mes catorce de esta administración sobran los diagnósticos, urgen las soluciones. 

Y urgen soluciones reales, no formales: anunciar la firma de un convenio para que la Federación pueda legalmente hacerse cargo de la situación desconcierta pues se suponía que desde meses atrás ya estaban ellos al mando, no sólo por la enfermedad de Fausto Vallejo, sino por la notable incapacidad del exalcalde moreliano frente al problema. De igual manera, el encargado de la política interna anuncia una academia de policía, crear un cuerpo antisecuestros y 250 millones de pesos para reconstruir eso que llaman tejido social. Perdón por el símil, pero el anuncio me pareció tan inapropiado como si un gobernante en medio de un gran incendio que está fuera de control dijera que en el futuro tendrán bomberos mejor capacitados. 

Pero también urgen soluciones globales, no sólo amainadoras de la violencia, que parece que es lo que más preocupa a este gobierno, los síntomas más que las causas. Porque aunque Osorio tuvo en su discurso advertencias contra los criminales, el mensaje parecía más claramente orientado a los integrantes de las autodefensas, a los que se les advirtió que se desmovilicen y no porten más armamento ilegal para civiles, so riesgo de ser juzgados con severidad con las leyes correspondientes. 

Al no establecer ni un plazo para que la desmovilización ocurriera, o un mecanismo de diálogo al respecto, el secretario Osorio ha metido en un problema al Presidente: ¿qué van a hacer el Ejército y la Policía Federal, fuerzas armadas que durante meses han convivido amigablemente con los llamados policías comunitarios, si hoy mismo se topan con ellos? ¿Los van a detener? ¿A acusar de delitos que no alcanzan fianza? ¿Y si están conscientes de que al detenerlos –porque tras la advertencia no queda de otra—dejarán a esas familias, y a esas poblaciones, a merced de la revancha de los Templarios? 

Se va a necesitar mucho más que discursos sobre la moderada baja de homicidios o sobre la supuesta desaparición de balaceras y masacres en otras regiones del país para lograr que las autodefensas de Michoacán se desmovilicen. De poco o de nada servirá el ejemplo de la presunta baja de criminalidad en Torreón o Nuevo León a pueblos que han padecido durante años la crueldad y el expolio a manos de la Familia Michoacana y los Templarios. 

El presidente tuvo un año para hacer una diferencia, para mermar a los criminales en Michoacán, para comenzar a reconstruir las instituciones de ese estado. En vez de ello, su gobierno anunció en repetidas ocasiones el rescate que hoy vuelve a anunciar. Y peor aún: ahora comienza su nuevo intento advirtiendo a quienes varias veces antes ha fallado, que ya no se defiendan, sin ofrecerles a cambio nada distinto a lo que ya antes no dio resultado. Y de eso, ya no nadie puede culpar a lo que se hizo o se dejó de hacer en el sexenio pasado. Michoacán ya no es un problema heredado de Felipe Calderón, es enteramente el dolor de cabeza de Enrique Peña Nieto. Y se lo ganó a pulso. 

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