jueves, 6 de febrero de 2014

José Woldenberg - De chile, dulce y manteca

Ya forma parte de la Constitución la reforma política y electoral. Como en la feria del tamal, hay de todo. A vuelo de pájaro estos son mis comentarios a algunos de los cambios centrales:

Lo bueno:

1. Los senadores y diputados podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Ambos hasta por 12 años. No se trata de una varita mágica, pero ayudará a que en ambas Cámaras exista un grupo de legisladores con la experiencia viva de la anterior legislatura. Resultaba demasiado amateur que cada vez que se instalaba una Cámara ninguno de sus integrantes tuviera una noción propia de lo que había sucedido en los últimos 3 o 6 años. (No obstante, al sujetar esa posibilidad a que los candidatos sean postulados por el mismo partido, la Constitución no asume que se trata de un derecho individual).






2. El presidente podrá optar por construir un gobierno de coalición con la anuencia de uno o más partidos diferentes al suyo. Se trataría de una operación política pertinente para ampliar la base de apoyo del gobierno a cambio de pactar con los aliados las políticas a desplegar y los puestos en el Ejecutivo. Una reforma que se hace cargo de los tiempos que corren, los de un pluralismo equilibrado en los órganos de representación.
3. Una nueva Fiscalía General de la República substituirá a la Procuraduría. Será un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, ya no dependiente del Ejecutivo federal. Se trata de despolitizar la persecución de los delitos, y si así sucede, puede inyectar mayores dosis de certeza a las estratégicas funciones que deberá cumplir.
4. Los partidos deberán garantizar la paridad de géneros en las candidaturas a los órganos legislativos. En una sociedad tan marcadamente machista, donde las mujeres tienen que vencer una serie de obstáculos culturales para ser tratadas como iguales, esta acción afirmativa ayuda a equilibrar el "terreno de juego".
5. Se adelanta la toma de posesión del Presidente al 1o. de octubre. Parece racional. Era demasiado largo el periodo entre la elección y la asunción del titular del Ejecutivo, lo que inyectaba nerviosismo y malestar.
6. Se mantiene como un límite a la libertad de expresión, la calumnia contra las personas, pero se desecha "la denigración contra las instituciones y los partidos". Tendremos, quizá, menos litigios por lo que los partidos y candidatos dicen.
Lo innecesario:
7. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que tan buen trabajo venía realizando ahora será un órgano autónomo. Hasta ahora sus resultados y estudios eran apreciados por (casi) todos. Ha sido un órgano profesional, serio, independientemente de su adscripción. ¿Para qué hacerlo autónomo? Una reforma extralógica.
Lo malo:
8. El Instituto Federal Electoral será la base para la construcción del nuevo Instituto Nacional Electoral, sin que desaparezcan los institutos locales. Ni una fórmula descentralizada como hasta ahora, ni centralizada cabalmente como pretendían algunos. Una mixtura que genera muchas dudas y eventuales tensiones innecesarias.
9. Ahora los partidos requerirán por lo menos el 3 por ciento de la votación para refrendar su registro. Hasta ahora era el 2. El prejuicio más que instalado en contra de las pequeñas formaciones políticas es el motor de dicha norma. Se apuesta a una menor pluralidad, a cambio de nada. Porque si se cree que con ello habrá más posibilidades de que un partido obtenga la mayoría absoluta de votos y escaños, me temo que mientras existan por lo menos tres grandes formaciones políticas la pretensión no irá muy lejos.
10. Se agregan nuevas causales para anular elecciones: "Se exceda el gasto de campaña en un 5 por ciento..., por utilización de recursos de procedencia ilícita o recursos públicos... compra de cobertura en radio y televisión", si la diferencia entre el primero y segundo lugar es de menos del 5 por ciento de la votación. Se apuesta a que con ello los partidos no violen las reglas. No obstante, se puede convertir en un nuevo acicate para la impugnación infundada de los comicios. No logramos asimilar del todo que los actos y etapas del proceso electoral deben ser y considerarse como definitivas, porque una vez que los ciudadanos votan lo que hay que tutelar es esa voluntad depositada en las urnas.
Lo peor:
11. El nuevo Consejo General del INE tiene una serie de facultades discrecionales, potestativas. Mal asunto en un área donde se trata de inyectar certidumbre, certeza.


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