La investigación sobre Oceanografía ha escalado. Dejó de ser un asunto entre particulares, y se espera que las declaraciones ministeriales del principal accionista de la empresa, Amado Yáñez Osuna, fortalezcan las pistas que conducen a la estructura operativa de Pemex Exploración y Perforación (PEP) en Ciudad del Carmen, donde presumen las autoridades existe un nido de corrupción. En capilla se encuentra 20 funcionarios actuales y del pasado, de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, señalados de beneficiar a Oceanografía con contratos por más de ocho mil millones de pesos entre 2010 y 2012.
Durante ese periodo fue subdirector de Mantenimiento y Logística en PEP Mario Ávila, estrechamente vinculado a la familia del ex secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, muy cercano colaborador del ex presidente Calderón durante más de ocho años, hasta su muerte en 2008. La designación de Ávila, pedida a Calderón por el patriarca de la familia Carlos Mouriño tras perder su protegido la gubernatura de Campeche en 2009, tardó 10 meses en concretarse por la oposición del sindicato petrolero y de Carlos Morales Gil, director de PEP desde 2004 hasta el 7 de febrero pasado cuando renunció, días antes de estallar el escándalo de Oceanografía.
Ávila, quien vive en Houston desde que dejó el cargo el 1 de diciembre de 2012, el primer día de gobierno del presidente Peña Nieto, es la cabeza de esa hiedra a la que investigan por la presunta corrupción y tráfico de influencias en la asignación de 21 contratosasignados entre julio de 2010 y junio de 2012, que significa el principio de la gran investigación al interior del gobierno sobre lasasignaciones y la operación de múltiples contratos que se entregaron a Oceanografía.
Esta línea de investigación desmonta el alegato de varios panistas, principalmente algunos senadores muy vinculados al ex presidente Calderón, que la investigación a Oceanografía corresponde exclusivamente al gobierno actual. La afirmación se sustenta en que el escándalo de la empresa se detonó por la denuncia de Citigroup que a su filial mexicana, Banamex, la defraudó por casi 400 millones de dólares. El fraude al banco es una parte de las irregularidades que realizó la petrolera con varias instituciones privadas, que corre en paralelo a la pesquisa dentro del gobierno para determinar cómo Oceanografía pudo obtener tantos y cuantiosos contratos en Pemex, algunos con facturas apócrifas.
El fraude a Banamex no fue detectado este año. La investigación viene desde 2013, realizada por la PGR, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y el Sistema de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda, la Función Pública, y el Cisen. Yáñez Osuna, que no sabía esa investigación, sí notó que al cambio de gobierno se modificó totalmente su relación en Pemex. Esta alteración en su esquema de acceso y relación, de acuerdo con ex ejecutivos de Oceanografía, motivó a que buscara al ex presidenteCarlos Salinas para poder restablecer sus niveles de negocio con el gobierno del presidente Peña Nieto.
Su intento por persuadir a Salinas que lo ayudara en la intermediación con el nuevo gobierno fracasó. Igualmente fue infructuoso el intento para que el abogado Juan Collado, íntimo de Salinas y muy cercano al presidente Peña Nieto, lo representara legalmente cuando comenzó el litigio contra Oceanografía a mediados de febrero. La suerte no sólo le cambió a los socios de la empresa y a sus asociados en otras compañías, sino afectó el entramado que habían construido por más de una década en Pemex.
Entre las cabezas más importantes bajo investigación se encuentran Morales Gil, Ávila, y el ex abogado de Pemex, José Néstor García Reza, protegido del ex líder del PAN César Nava, a quien sustituyó en ese cargo en 2005, y que tiene una investigación previa en la PGR por enriquecimiento ilícito. Entre los funcionarios actuales de quienes se está revisando su gestión sobresale José Guadalupe de la Garza Zaldívar, subdirector de Mantenimiento y Logística de PEP, quien sustituyó a Ávila. Adicionalmente, las autoridades tienen en la mira a otros 13 funcionarios actuales de PEP, a niveles de subdirectores, gerentes, coordinadores y jefes de unidad, así como a tres ex funcionarios del mismo nivel en PEP, por su presunta participación en el otorgamiento de 21 contratos a Oceanografía por más de ocho mil millones en los dos últimos años del gobierno de Calderón.
No descartan las autoridades que en esta red de corrupción en Pemex haya más funcionarios actuales y del pasado que puedan estar involucrados. El expediente actual de Oceanografía será alimentado de manera importante por Yáñez Osuna, a quien la PGR tiene en arraigo luego que sus primeras declaraciones apuntaron a “conductas delictivas”. ¿Qué quiere decir esto? Que el principal accionista de Oceanografía, está empezando a dibujar el mosaico que le permitió ser la compañía consentida en el gobierno de Calderón.
twitter: @rivapa
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